El asesinato del "general sin miedo", un crimen de Estado

El 24 de abril de 1965, dos jóvenes pastores, José Fejo y José Felipe Cayero, descubrían, en un atajo solitario a seis kilómetros al sur de Villanueva del Fresno (Badajoz) y a escasamente tres kilómetros de la frontera portuguesa, los cadáveres, en- adelantado estado de descomposición, de un hombre y una mujer. El 8 de mayo, el juez español Crespo Márquez, encargado de las investigaciones, identificaba oficialmente los dos cadáveres, el «ciudadano portugués Humberto Delgado» y su secretaria, la súbdita brasileña Arajaryr dos Campos.Era el desenlace de un primer misterio -el de la desaparición de Humberto Delgado desde mediados de febrero del mismo año- y el inicio del proceso más largo y complicado de búsqueda de la verdad en relación con su asesinato.

Desde entonces tuvieron lugar dos juicios, uno en España y otro en Italia, han sido editados media docena de libros, se han escrito decenas de páginas sobre el «caso» en obras políticas dedicadas a la historia del régimen salazarista, y centenares de artículos, entrevistas, declaraciones han expuesto las versiones más dispares. Finalmente, la instrucción del proceso, abierta después del 25 de abril de 1974, ha concluido hace escasas semanas con un expediente que consta de millares de páginas. Hace dos semanas, en el tribunal militar de Santa Clara, en Lisboa, tres de los diez inculpados se han sentado en el banquillo. Los tres pertenecen a la policía política de Salazar, la PIDE. Silva Pais fue su último director general., Pereira Carvalho, inspector superior, y Agostinho Tienza. agente.

En otras palabras, siete de los acusados, entre ellos tres participantes directos en los acontecimientos de Badajoz, son juzgados en rebeldía seis, no los menos importantes: el inspector superior Barbieri Cardoso, acusado de ser el «cerebro» de la operación; otro inspector, Rosa Casaco, que dirigió sobre el lugar el equipo de la PIDE; Casimiro Monteiro, presunto autor material, como mínimo, de la muerte de Humberto Delgado, y Lopes Ramos, que tuyo un papel fundamental para atraer a Delgado a la cita fatal. Este último fue hecho preso, como Tienza, después del 25 de abril de 1974, pero se benefició con una inesperada libertad provisional que aprovechó para desaparecer.

Desde el inicio del proceso, derecha e izquierda aseguran que la instrucción ha sido un escándalo y que no se puede esperar resultados definitivos de un proceso llevado en estas condiciones. La defensa se prepara a jugar al máximo con todas las contradicciones, oscuridades y lagunas de la acusación para lanzar de nuevo la idea de un «misterioso» autor moral del crimen, que sugiere buscar entre los rangos de la oposición antisalazarista.

Delgado-oposición, una relación difícil

Las difíciles relaciones entre Delgado y la oposición democrática, antes y después de su muerte, sugieren que Humberto Delgado era un personaje incómodo para la izquierda. Los herederos de la oposición salazarista, hoy mayoritariamente inscritos entre los partidos de izquierda, están en una situación dificil a la hora de esclarecer sus relaciones con el «general sin miedo». Es siempre peligroso destruir las leyendas que se ha contribuido a edificar, sobre todo cuando entre tanto la muerte ha transformado al héroe en mártir. Nadie pone en duda el extraordinario valor personal de Delgado y es cierto que su arrojo y capacidad de ganarse la simpatía de las grandes masas llevaron en 1958 a la oposición mucho más cerca de la victoria que todo cuanto ella misma había conseguido a lo largo de decenas de años de una resistencia clandestina. muy apagada. Pero no es menos evidente que el frente de oposición reagrupado alrededor de la figura de Delgado era una alianza circunstancial, que se hubiese seguramente deshecho en caso de victoria, y que se disgregó a lo largo de los siete años, que separan la campaña de 1958 del crimen de Badajoz.

Pero esta lucha se desarrolló en los círculos del exilio, lejos, del conocimiento del gran público, que conservó de Delgado la imagen mítica del hombre que se atrevió a desafiar a Salazar en mítines multitudinarios y en declaraciones tan atrevidas como su «obviamente lo dimito».

De allí el aprovechamiento que la derecha puede hacer de la revelación, a posteriori, de los graves desacuerdos surgidos entre Delgado y los promotores de su candidatura.

Henrique Cerqueira, un personaje muy controvertido, pero que gozó de la confianza de Delgado en los últimos tiempos, ha podido presentar tres libros de documentos bajo el título de «Acuso» en apoyo de sus tesis, que tienen el agravante de coincidir con la versión oficial dada por Salazar de la muerte de Delgado: éste ha sido asesinado por sus correligionarios de la oposición.

Inmediatamente después de conocido el crimen el régimen se esforzó en sugerir a la opinión pública internacional y a las autoridades españolas -en una situación embarazosa con el «regalo» de dos cadáveres- la tesis de un asesinato-ajuste de cuentas entre sectores de oposición. Dos pistas fueron entonces ofrecidas para uso interno: la del típico crimen «estalinista» como referencia a los procesos de Moscú y a los métodos del GPU y, otra, más sofisticada, menos precisa, que llevó incluso a la detención de dos conocidos antisalazaristas de Oporto, que fueron detenidos y acusados de participación en el crimen, en base a las primeras revelaciones de los círculos democráticos portugueses de París: Emidio Guerreiro había divulgado ya que Delgado se había dirigido voluntariamente a Badajoz para un supuesto encuentro con opositores del interior, algunos, de ellos residentes en la capital norteña.

Los libros de Henrique Cerqueira, editados en Portugal después de la Revolución, no sostienen ya la tesis de un asesinato cometido materialmente por la oposición, pero acusa a socialistas y, sobre todo, comunistas de haber urdido el plan traidor de entrega de Delgado a la PIDE. A partir de documentos auténticos, que hacen patente el divorcio y luego la ruptura entre el general y los medios de la oposición democrática tradicional, Cerqueira teje la tesis de una decisión de «eliminar» a Delgado, vuelto indócil a las orientaciones políticas de sus aliados de ayer.

Las primeras audiencias del proceso hoy en curso permiten ya ver que la defensa va a hacer todo lo posible para alimentar y explotar las dudas sembradas desde hace catorce años. Las primeras declaraciones convergen hacia un punto: hubo efectivamente una operación de la PIDE para apoderarse de la persona de Delgado para anular su acción política. Pero nunca hubo intenciones de matarlo, y el crimen fue resultado de un «acto incontrolado» de Casimiro Monteiro, que «desobedeció» a las órdenes. Han sido inclusive corregidas declaraciones anteriores que podían contradecir esta tesis. No se trata tan sólo de «cargar» el muerto a espaldas de Casimiro Monteiro, hoy libre y fuera de alcance, para disculpar a los reos presentes. Se insinúa que Monteiro no fue solamente impulsivo sino que pudo haber sido comprado por alguien. La prensa de derecha aportó su contribución al afirmar que Monteiro «fue visto recientemente en Praga».

Una acusación reducida a defenderse

Está «preparacion» complica singularmente la tarea de la acusación, que lucha contra dos hándicaps. La instrucción ha sido forjada por el juez Hugo Barata, que se hizo famoso por haber favorecido, en todos los procesos que dirigió desde el 25 de abril, a los agentes de la PIDE que comparecieron delante del tribunal militar y que obtuvieron siempre reducciones de condenas tan grandes que apenas incurrieron en sanciones simbólicas. De allí que la acusación pública sea de las más benévolas para los acusa dos y que muchos elementos importantes hayan sido apartados del libelo acusatorio. El máximo esfuerzo incumbe a la acusación civil, asumida en nombre de la familia Delgado por dos aboga dos que sustituyen a Mario Soares: José Luis Nuñes, dirigente socialista, y Luis Sais, ministro de Agricultura del último Gobierno Soares, acusado por la derecha de «simpatías con el Partido Comunista».

De allí también los esfuerzos desplegados por la derecha para levantar dudas acerca de la idoneidad moral de esta acusación civil. Hasta ahora la izquierda ha opuesto argumentos muy subjetivos y morales a una campana que viene de lejos. No bastará, en el futuro, aducir que los demócratas son «incapaces de tales crímenes» mientras la PIDE demostró a lo largo de toda su actuación que no vacilaba frente al empleo de los métodos más brutales. No bastará argumentar que Delgado preso era mucho más peligroso para Salazar que suelto y en el exilio, cada vez más aislado y desacreditado por su impaciencia, su intemperancia verbal y sus relaciones con medios dudosos. Hay que demostrar la premeditación del crimen -cómo explicar que unos hombres encargados de un rapto hayan llevado con ellos cerca de treinta kilogramos de cal viva y ácido sulfúrico-. Hay que reconstruir las circunstancias del crimen, su preparación, su ejecución. Los demócratas y amigos de Humberto Delgado que tomaron la iniciativa de. crear el «tribunal cívico Humberto Delgado» están convencidos de que muchas claves del misterio se encuentran fuera de Portugal, en España por ejemplo, y están decididos a seguir su acción, al margen y después del proceso legal, hasta imponer «toda la verdad».

Empresa tal vez ilusoria cuando aún están vivos los intereses que se mezclaron a este «crimen de Estado».