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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

La urgencia de los nuevos pactos y sus dificultades

HOY ES el aniversario de los pactos de la Moncloa. Más importante es, sin embargo, recordar que dentro de unos días se cumple también el mes siguiente a las «Jornadas de reflexión», convocadas por la Administración para realizar, en unión de las centrales patronales y sindicales, el balance de los anteriores acuerdos y para preparar las bases para un nuevo pacto. En estos treinta días transcurridos, la campaña oficial para subrayar el carácter prioritario, urgentísimo y vital de esos nuevos acuerdos ha dejado su lugar a un extraño silencio, sólo roto esporádicamente por socialistas y comunistas para reiterar o matizar sus posiciones iniciales. Entre tanto, el Gobierno, tal vez concentrado durante las últimas semanas en la preparación del festejo congresual-televisivo de UCD, parece haberse retraido en una actitud de espera, tal vez desconcertado por la dificultad de optar entre dos soluciories igualmente malas: promover el pacto social con el apoyo de los socialistas, pero con la oposición de los comunistas, o tratar de forzar el pacto político-económico propuesto por él PCE, pero al que se niega el PSOE.La situación es, en sí misma, difícil de resolver. Socialistas y comunistas concurren, cada cual, al campo de las negociaciones con dos equipos que, aun vistiendo camisetas de partidos políticos y de sindicatos, obedecen a la misma dirección y se mueven dentro de la misma estrategia. De añadidura, el PSOE y el PCE se proponen objetivos contrapuestos, ambos exigen del Gobierno la aceptación de sus tesis, y los dos están dispuestos a romper la baraja en el caso de que sean las propuestas del rival las que ganen la partida. Para mayor complicación, la fuerza de los dos competidores varía según cuál sea el terreno, parlamentario o sindical, en el que se mueven. Los socialistas tienen una gran presencia en el Congreso y en el Senado, mientras que los comunistas, que arrastran su descalabro electoral del año pasado, sólo son un pequeño grupo parlamentario. Pero el papel claramente predominante del PSOE en las instituciones político-representativas no lo desempeña, en cambio, UGT en el campo sindical, donde CCOO, con mayor implantación y mejor organización, constituye el más valioso activo del PCE.

El PCE, con su propuesta inicial de un pacto político-económico trienal «a cuatro» (Gobierno, partidos, patronales y sindicatos), trataba de mantener su protagonismo en la vida pública, de acceder a zonas próximas al Poder mediante la puesta en funcionamiento de un comité de seguimiento que desempeñara funciones de supergobierno, y de obligar al PSOE a aceptar una fórmula que alejara todavía más sus posibilidades de llegar al Gobierno. Ni que decir tiene que CCOO apoyaba, en formación cerrada, ese paquete político-económico y que se negaba a entrar en conversaciones «a través» para un pacto social. En su primitiva versión, que implicaba la postergación de las elecciones generales por plazo indefinido, la aceptación de la propuesta del PCE por el Gobierno hubiera cerrado una pinza de tenaza sobre el PSOE, condenado durante un largo período a la oposición-parlamentaria frente a un Gobierno UCD sostenido por el apoyo del PCE, quien le prestaría sus votos o se abstendría a cambio de un acuerdo de legislatura.

Por su parte, el PSOE, escarmentado de otros cortocircuitos anteriores, de los que fue inocente víctima, boicoteó, a través de UGT y en nombre propio, la propuesta del PCE y esbozó una pinza de tenaza alternativa contra el Gobierno, presentado ante los medios conservadores, financieros y militares del país, como simple juguete de Santiago Carrillo y como «tonto útil» de una maniobra comunista. La dudosa fundamentación de esa contraofensiva en nada le ha restado eficacia. En cualquier caso, el propósito último de los socialistas era su deseo de no potenciar a los comunistas, sentándoles a la mesa de negociaciones en pie de igualdad con el PSOE y con el Gobierno, y de impedir el aplazamiento sine die las elecciones y un acuerdo de legislatura UCD-PCE que les relegue a una estéril oposición.

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La alternativa del PSOE a la propuesta del PCE fue adelantar a sus peones de la UGT con el ofrecimiento de negociar «a tres» (Administración, patronales y sindicatos) un pacto social por un año. Casi todo el mundo está de acuerdo en que la eficacia de los pactos de la Moncloa se ha limitado, fundamentalmente, a lo que en cristiano se llama política de rentas. Y también en que el núcleo de la futura negociación va a consistir básicamente en un acuerdo sobre el equilibrio entre las alzas de precios y los aumentos de salarios para el próximo año. En ese sentido, la propuesta del PSOE es más realista que la oferta del PCE, interesado en obtener contrapartidas políticas partidarias y siempre propenso a envolver una negociación que versa fundamentalmente sobre política de rentas con hojarasca retórica destinada a disimular el contenido impopular de este tipo de acuerdo. Sin embargo, los comunistas tienen en su favor un poderoso argumento de fuerza, que es su gran implantación sindical a través de CCOO, y algunas razones válidas.

Si bien es cierto que la propuesta maximalista del PCE de aplazamiento indefinido de elecciones, acuerdo de legislatura con UCD, formación de un «supergobierno» bajo el nombre de comité de seguimiento y negociación «a cuatro», como condición para aceptar un pacto sobre aumentos salariales y alzas de precios era exorbitantemente ambiciosa y excesivamente maquiavélica, su nueva formulación, tras la reunión del pasado domingo de su comité central, rebaja considerablemente sus pretensiones y ofrece a los socialistas un terreno para la negociación. Los comunistas propugnan ahora la celebración previa de las elecciones municipales y la fijación de un calendario para las elecciones generales, sin insistir en su aplazamiento indefinido. La propuesta es sensata, como también lo es su pretensión de que la discusión de la política de rentas, punto crucial de las futuras negociaciones, sea acompañada de otros acuerdos, cuyo carácter necesariamente vago contrasta con la precisión de un pacto social de precios y salarios, sobre las grandes líneas de la política económica para el próximo período y sobre el control de la Seguridad Social. Si el PSOE continúa manteniendo su postura intransigente para la negociación «a cuatro» después de esta notable inflexión del PCE, habrá que pensar seriamente en que su resistencia a sentarse en torno de una mesa con el señor Carrillo va adquiriendo los perfiles de una obsesión.

Pero, en esta encrucijada, es al Gobierno a quien incumben mayores responsabilidades. Si hace caso omiso de la oferta del PCE, el pacto social de UGT y la CEOE podría ser inviable, como consecuencia de la cerrada oposición de CCOO. Si persiste, pese a la oposición del PSOE en la negociación «a cuatro» de los pactos político-económicos, la oposición parlamentaria y sindical de los socialistas haría, igualmente, imposibles los acuerdos. El Gobierno está obligado, en cualquier caso, a sacar la situación del actual callejón sin salida. Una de sus posibilidades, y quizá la más cercana al interés general, sería dejar de coquetear con la opinión y de hacer remilgos a la hora de pronunciarse sobre las futuras elecciones generales. Tal vez la aceptación por el Gobierno de un calendario, a fecha fija, para las elecciones generales, tras la realización de las municipales, tranquilizara al PSOE, diera satisfacción al PCE y permitiera que ambos, junto con UGT, CCOO y la CEOE, empezaran a negociar sobre precios y salarios. Sin embargo, es probable que sus intereses partidistas impidan al Gobierno dar ese paso. En tal caso, el Gobierno tiene la obligación de buscar una solución alternativa. Y tiene que hacerlo pronto. De aquí a diciembre, cerca de dos millones de trabajadores van a negociar convenios colectivos ya vencidos, cuyos resultados condicionarán, lógicamente, los que se firmen durante el primer semestre de 1979. Los acuerdos económicos pueden ser la única forma de impedir que el desarrollo de esas negociaciones desemboque en una espiral inflacionista que derribe por los suelos lo conseguido, con tantos esfuezos y sacrificios, a lo largo del último año.

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