Creación de una Secretaría de Estado para racionalizar la Seguridad Social

El Consejo de Ministros, reunido ayer en el palacio de la Moncloa bajo la presidencia de Adolfo Suárez, aprobó un real decreto sobre la gestión institucional de la seguridad social, la salud y el empleo, y creó la Secretaría de Estado para la Seguridad Social. Asimismo fue aprobada la emisión de 30.000 millones de deuda pública para la creación de 700.000 puestos escolares, y fue presentado un informe del consejo ejecutivo del Banco de España sobre la situación económica actual, que propone la flexibilización de plantillas y la disciplina laboral, entre otra serie de medidas necesarias.

El decreto-ley sobre gestión institucional de la seguridad social, la salud y el empleo, se hace en cumplimiento de compromisos estrictos asumidos en el pacto de la Moncloa, y se enlaza y complementa con las medidas contenidas en los Presupuestos Generales del Estado aprobados por el Gobierno en su reunión del viernes, según la referencia oficial del Consejo de Ministros.En la línea de separar progresivamente las funciones asumidas por el departamento de Sanidad y Seguridad Social, se crea una Secretaría de Estado para esta última, la cual asume la responsabilidad normativa y de tutela de todo el sistema de la Seguridad Social.

Por otra parte, se crean tres institutos: uno, de la Seguridad Social, pata la gestión de las prestaciones económicas; otro, de la Salud, para la gestión de las prestaciones sanitarias, y un tercero, de los Servicios Sociales, para la gestión de tales servicios y de la asistencia social. Los organismos ya existentes, y que venían cumpliendo, dentro del Estado, funciones similares, que darán integrados en tales institutos.

Se establece un sistema de participación y control de dichas entidades gestoras de forma tripartita, con representación de empresarios, trabajadores y de la propia Administración. La regulación concreta de este sistema será hecha en el plazo máximo de dos meses.

Quedan transferidos al Estado funciones y servicios que antes desempeñaba la Seguridad Social, entre ellos las competencias en materia de subsidio de desempleo, servicio de empleo y acción formativa, formación profesional obrera, Instituto Español de Emigración, universidades laborales y servicios de higiene y seguridad en el trabajo. Todo ello descarga a la Seguridad Social de unos costos que había asumido hasta la fecha, según especifica la referencia del Consejo.

Algunas de estas funciones transferidas al Estado serán encargadas a un Instituto Nacional del Empleo, adscrito al Ministerio de Trabajo, encargado, a partir de ahora, de los servicios de colocación de trabajadores y las prestaciones de desempleo. Otras funciones -en concreto, lo relativo a universidades laborales- pasan a un organismo autónomo del Ministerio de Educación y Ciencia, mientras que el servicio social de higiene y seguridad en el trabajo pasa a los ministerios de Trabajo y Sanidad y Seguridad Social.

Presupuesto de la Seguridad Social

Respecto al presupuesto para la Seguridad Social, la referencia del Consejo lo califica de «evidentemente ahorrador» -1,6 billones de pesetas-, y dice que, desde la perspectiva de sus costos, implica un importante esfuerzo de gestión como medio exclusivo de garantizar el suministro adecuado de las prestaciones propias del sistema. Desde la vertiente de las empresas, la cotización por persona aumenta en un 12%, con lo que las cuotas a la Seguridad Social suponen un coste neutral respecto a la evolución de los precios prevista para el ejercicio.Por otra parte, se mantiene la capacidad adquisitiva de los pensionistas; la referencia destaca que el crecimiento de las pensiones en un 50% durante 1978 ha permitido ya actualizar su valor, superando en buena medida el deterioro del quinquenio precedente, y, asimismo, establece el criterio de que durante 1979 el pensionista debe conservar su capacidad adquisitiva, lo cual exigirá un aumento del crédito destinado a pensiones superior al 25% de los gastos utilizados por este concepto en 1978. La cifra presupuestada en pensiones para 1979 será del orden del 80% más elevada que la correspondiente a 1977, con lo cual se superará, por primera vez, los 700.000 millones de pesetas.

Informe del Banco de España

El informe del Banco de España sobre la situación económica -que se inscribe, según precisa la referencia, en la línea habitual de actuación de los bancos centrales que desde una perspectiva autonómica emiten informes sobre la situación económica fue presentado por el ministro de Economía, quien señaló también que el nuevo presidente del Instituto de Crédito Oficial tendrá como cometido fundamental poner en marcha las previsiones que para el crédito oficial se establecían en los acuerdos de la Moncloa. Estas previsiones implican un significativo aumento de la apelación que el crédito oficial hará al mercado, con reducción paulatina de la financiación a través de los circuitos privilegiados de crédito.Por otra parte, las entidades oficiales de crédito continuarán centradas principalmente en operaciones de medio plazo, destinadas a financiar inversiones y exportación. De este modo, los bancos oficiales se configuran como instrumento de la política económica del Gobierno, apoyando el relanzamiento de la formación de capital y la consiguiente generación de empleo, la reconversión en actividades y una mayor eficacia del sistema económico.

Puestos escolares

A propuesta del titular del departamento de Hacienda, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto por el cual se autoriza la emisión de deuda pública interior, amortizable, por importe total de 30.000 millones de pesetas, destinada a la creación de 700.000 puestos escolares y a la financiación de un conjunto de obras que tienden a conseguir la mejora de la enseñanza, de acuerdo con los programas de política educativa previstos en el pacto de la Moncloa.Una veintena de entidades bancarias y cuatro cajas de ahorro aseguran esta emisión, cuyo período de suscripción se abrirá el próximo día 25 y se cerrará el 17 de noviembre. Los títulos tendrán un valor nominal de 10.000 pesetas y devengarán un interés neto anual de 10,25 durante los cinco años de su vigencia, hasta su amortización total. Disfrutarán de una exención de un 26% en el impuesto sobre la renta de las personas físicas.

Disciplina urbanística

El Consejo de Ministros aprobó también un real decreto por el que se suspende la entrada en vigor de aquellos artículos: del reglamento de disciplina urbanística que, en desarrollo de la ley del Suelo, permitan declarar el estado de ruina de un edificio; igualmente ha autorizado una exportación de arroz elaborado, equivalente a 15.000 toneladas de arroz cáscara, así como otras partidas de arroz de características especiales, y una declaración de zona catastrófica para los municipios de Elda y otros, en la provincia de Alicante, y Alfarras y otros, en la provincia de Lérida, por daños derivados de la climatología adversa.

Comisiones de transferencias

El Gobierno aprobó también un real decreto por el que se nombra presidente de la comisión mixta de transferencia con el Consejo Regional de Castilla-León al ministro de la Presidencia, señor Otero Novas, y otro real decreto por el que se nombra presidente de la comisión mixta de transferencias con la Junta de Extremadura al ministro para las Regiones, señor Clavero.En otro orden de cosas, el Gobierno ha autorizado al INI para participar en la constitución de un banco hispano-saudita.

El Consejo de Ministros se había reunido el viernes en sesión monográfica para aprobar los Presupuestos del Estado para 1979. La reunión de ayer, que tenía carácter ordinario, comenzó a primeras horas de la mañana y terminó cerca del mediodía. Se celebró en las instalaciones de la Presidencia del Gobierno, en la Moncloa.