El Banco de España propugna controlar el gasto público y estimular la inversión privada en 1979

El Banco de España ha presentado al Gobierno un amplio informe respecto a sus criterios para la configuración de la política económica en 1979, especialmente en lo que se refiere al eventual pacto socioeconómico y lo que en él se especifique en relación con la política monetaria para los próximos doce meses. Aunque indirectamente, el informe incluye alguna leve crítica al Gabinete, especialmente a las declaraciones de algunos de los responsables máximos del equipo económico, en las que se ha aludido a unos determinados propósitos expansivos para los primeros meses de 1979. El documento fue conocido por el pleno gubernamental en su reunión del viernes y sábado pasados y posteriormente distribuido por la Secretaria de Estado para la Información a los medios de comunicación.

Como punto de arranque, el Banco de España (BE) señala la necesidad de suscribir un nuevo acuerdo que sirva para consolidar los logros alcanzados como consecuencia de la aplicación del firmado el pasado año en la Moncloa, con el objetivo esencial de evitar que los sacrificios de todo el cuerpo social en los últimos doce meses resulten estériles. Como propósitos esenciales, el BE estima prioritario proseguir en la lucha contra la elevación de las tasas inflacionarias, todavía muy superiores a las de los países de la Europa comunitaria que deben servimos de ejemplo. La contención de la inflación deberá buscarse por vía de la moderación de las alzas salariales y una política efectiva de regulación de la demanda, compatible con los restantes objetivos en materia de inversión y empleo. La potenciación de la inversión productiva del sector privado es otro de los objetivos señalados como esencial, admitiendo solo como medio alternativo la inversión pública, con criterios de efectividad y rentabilidad.

Condiciones para la inversión

Con la salvedad previa de que los temas políticos tienen una incidencia crucial en la configuración de las expectativas empresariales, el BE señala una serie de condiciones que estima esenciales para lograr un relanzamiento de la inversión privada. En primer lugar, se considera necesario regular legalmente la flexibilización de plantillas, así como restablecer los principios de disciplina laboral en el seno de las empresas. Un segundo aspecto es la dotación de unos mecanismos adecuados de financiación a los que tenga acceso el sector privado, lo que debe venir generado por el planteamiento global de la política monetaria. Como alternativa a la reanimación de la inversión privada, se estima necesario el mantenimiento en reserva de proyectos de inversión pública. La justificación de dicho carácter alternativo se señala en base a la necesidad de mantener en términos razonables el déficit del sector público, con el fin de que no incida desfavorablemente en los objetivos de la política monetaria. En cualquier caso, los proyectos de inversión pública deberán ser -para el BE- económicamente eficientes y coyunturales en su duración.

Política monetaria

Un amplio apartado del informe está dedicado a señalar los criterios básicos en torno a los que deberá instrumentarse -siempre a juicio del BE- la política monetaria del Gobierno para 1979. En primer lugar se reitera la necesidad de fijar los datos previsibles de la evolución para 1979 en torno al crecimiento de las disponibilidades líquidas, tal y como se hizo en la Moncloa. Esta posición se contrapone a la expresada por los representantes de la banca privada, partidarios de centrar todas las previsiones en torno al crecimiento del crédito efectivo al sector privado.La banca central estima que el crecimiento de las disponibilidades líquidas para 1979 deberá quedar situado por debajo del registrado en 1978 (estimado en el 19,1%) y ligeramente por encima del crecimiento del deflactor del PIB (producto interior bruto), indicativo que se emplea para llevar los datos del PIB a términos reales y que coincide aproximadamente con el crecimiento de los precios. Admitiendo que dicho deflactor quede situado en el 12%, el crecimiento de las disponibilidades líquidas debería situarse en tomo al 15,5%. Dentro de este planteamiento de la política monetaria, el Banco de España entiende necesario actuar con especial cuidado en los comportamientos de los sectores público y exterior, para lograr que la evolución efectiva del crédito al sector privado se mantenga en torno al crecimiento real de las disponibilidades; durante 1978, el crecimiento del crédito a la banca privada se estima quedará situado cuatro puntos por debajo del 19,1% señalado para el conjunto de las disponibilidades.

El informe del BE -primero de este tipo que elabora la banca central- pone especial énfasis en recomendar un control riguroso del déficit del sector público, en evitación de que un comportamiento excesivamente alegre determine una limitación del crédito efectivo al sector privado. El déficit público estimado como idóneo se cifra en 145.000 millones de pesetas para el próximo año, de los que 45.000 millones se financiarían por vía de emisión de deuda -sugerida a precios de mercado- y el resto por apelación al Banco de España. Cualquier transgresión de estos límites obligaría a financiar el exceso de déficit por vía de una expansión monetaria que haría inútil cualquier tipo de control o bien por emisiones suplementarias de deuda que incidirían desfavorablemente sobre el sector privado. Según el BE, la estructura del gasto del sector público es de todo punto inadecuada y la proliferación de proyectos de inversión poco recomendables podría agravar notablemente la situación deficitaria en que se mueve.

En cuanto al sector exterior, se estima que el incremento de las reservas en 1979 no excederá de los 1.000 ó 1.500 millones de dólares, caso de que -como parece probable- se mantengan los objetivos de crecimiento económico del 4 al 5,5% para el conjunto del año. Por otra parte, los expertos redactores del informe de la banca central recomiendan reducir los excedentes exteriores, a base de limitar las posibilidades de apelación al mercado de financiación exterior de las empresas, aun teniendo en cuenta que en él se ofrecen por lo general mejores condiciones que en el interior. El informe llama también la atención de que son normalmente las empresas públicas o semipúblicas las que, generalmente bajo la garantía del Estado o sus órganos de la Administración, concurren mayoritariamente al mercado exterior de capitales en busca de financiación. El mejor modo de controlar todo ello se estima consiste en aplicar una rigurosa selección de las inversiones.