Treinta y dos artículos aprobados en una mañana
El consenso Unión de Centro Democrático-Partido Socialista Obrero Español funcionó ayer con eficacia durante la sesión del debate constitucional del Pleno del Senado, haciendo que sólo en tres horas se aprobasen 32 artículos del proyecto de Constitución (del 91 al 123. ambos inclusive).
Los escasos votos particulares que grupos minoritarios o senadores individuales decidieron defender a lo largo de la sesión se estrellaron irremediablemente contra el muro del consenso de los dos grandes partidos, sin que nada pudieran hacer contra esta realidad política las puyas irónicas unas veces, hirientes otras, que los pequeños David del Senado lanzaron una y otra vez contra el Goliat representado por el binomio UCD-PSOE.La desesperanza se hizo patente, sobre todo, en las intervenciones de los senadores Satrústegui, Ollero y Villar Arregui, quienes en varias ocasiones retiraron sus votos particulares a varios artículos por razones de consenso, según calificaron con intencionado sentido irónico.
Apenas iniciada la sesión, la defensa de un voto particular al artículo 92 presentado por el senador socialista Fernando Morán dio ocasión a un intercambio de puntos de vista no exactamente coincidentes entre el Interpelante y UCD sobre la política española respecto al Mercado Común. El señor Morán pretendía con su voto constitucionalizar la obligatoriedad de someter a referéndum los tratados o convenios internacionales firmados por España, con especial referencia al que ratifique en su día la posible adhesión española a la CEE
La actitud contraria de UCD, que se declaró por boca de Alberto Bailarín, «partido europeísta», hizo que el voto particular del señor Morán no prosperase, en base a que el artículo anterior del texto constitucional ya establece la posibilidad de que las decisiones políticas de especial trascendencia sean sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.
Los restantes artículos, hasta el 95 inclusive. del capítulo De los tratados internacionales, y los correspondientes al título Del Gobierno y de la Administración (del 96 al 106) y al título De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes generales (del artículo 107 al 115), fueron aprobados con rapidez de acuerdo con el texto del dictamen por virtud del consenso entre ucedistas y socialistas.
Sólo los senadores Ollero y Gamboa protagonizaron pequeñas escaramuzas al pretender el primero que la moción de censura al Gobierno, reconocida en el artículo 112 del texto constitucional, fuese motivada, y el segundo, que el Rey pudiese decretar por sí mismo la disolución de las Cortes generales en circunstancias excepcionales o por motivos de especial gravedad. El artículo 114, al que el almirante Gamboa presentó su voto particular, establece que el Rey decretará la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes generales cuando así se lo proponga el presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad.
Fiscal general del Estado
Mayor debate hubo en la discusión de los artículos 116 al 123, comprendidos en el título Del poder judicial, en donde se produjeron dos modificaciones en relación con el texto del dictamen. Un voto particular del Grupo de Progresistas y Socialistas Independientes, defendido por el senador Villar Arregui, logró ser aceptado por ucedistas y socialistas. En virtud de este voto particular desaparece del párrafo segundo del artículo 121 la frase «y duración de su mandato». Ahora, este párrafo, referente al Consejo General del Poder Judicial, queda así: «La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miernbros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.»
Otro voto particular, presentado por el senador real señor Gutiérrez Rubio al apartado 4.º del artículo 123, con la finalidad de cambiar la denominación de fiscal del Tribunal Supremo por la de fiscal del Reino, originó, aunque dicho voto no prosperase, que UCD patrocinase el cambio de la primera denominación por la de fiscal general del Estado. La iniciativa de UCD, apoyada por los socialistas, tuvo éxito, después de que el grupo del partido del Gobierno se convenciese de que la denominación de fiscal del Reino no obtendría el consenso de los senadores del Grupo Socialista.
