El episcopado deja en libertad a los católicos para votar a la Constitución

Las jerarquías de la Iglesia católica española han dejado una vez más -como ya sucedió en las pasadas elecciones de junio de 1977- a la libertad de los creyentes, el voto positivo o negativo ante la Constitución, según se desprende de una nota de la comisión permanente del episcopado hecha pública al término de las reuniones que durante los tres últimos días han mantenido en Madrid.

Mientras parece que ha triunfado una vez más la línea moderada, ligeramente progresista y conciliadora del episcopado en relación con temas políticos, línea en la que podría tener un protagonismo significativo el cardenal Tarancón, EL PAIS ha podido detectar cierta decepción en sectores centristas y de derechas del episcopado en cuanto al tono y, en parte, al fondo del comunicado, elaborado por obispos y sacerdotes, aunque sancionado por los primeros.Los sectores conservadores hubieran deseado que la Iglesia-institución hubiera adoptado una actitud más militante en cuento a exigir la condena del tratamiento constitucional de algunos temas capitales como la aconfesionalidad, libertad de enseñanza y la posibilidad del divorcio. En relación con esta última tendencia, puede recordarse la homilía pronunciada recientemente por el cardenal primado de España, Marcelo González.

Aunque los obispos, en est a nota oficial «orientativa de la conciencia de los votantes» -como la calificó el portavoz episcopal monseñor Montero-, reconocen en el proyecto «unos valores intrínsecos innegablesj unto al dato esperanzador de que sea fruto de un notable esfuerzo de colaboración y de convivencia», no son ajenos, sin embargo, «a las reservas que se le oponen desde la visión cristiana de la vida como en el caso de los derechos educativos.

Para los obispos de la comisión permanente, «una Constitución se justifica moralmente si salva globalmente las exigencias de que sea una base idónea para la convivencia civilizada de ciudadanos, partidos y fuerzas sociales, de que garantice suficientemente el ejercicio de los derechos humanos, de las libertades públicas y de los deberes cívicos y de que respete los valores espirituales del votante, es decir, la libertad religiosa y los principios cristianos .

«Las ambigüedades, las omisiones o las fórmulas peligrosas que pueda presentar el texto del articulado -añaden las jerarquías de la Iglesia- deberán ser con trastadas con esos valores básicos para medir si pueden ser tolera das en aras de un voto concorde y para evitar alternativas más graves, o si pesan tanto sobre la con ciencia personal que obligan al voto negativo o a la abstención. En ninguno de los casos debe su plantar la autoridad de la Iglesia imponiendo a otros, por motivos religiosos, nuestra opción.»