El Gobierno reanuda la negociación de los conciertos económicos vascos

La negociación para que Guipúzcoa y Vizcaya recuperen los conciertos económicos podría iniciarse en octubre si se cumple la promesa hecha al Consejo General Vasco por el Ministerio de Hacienda, en el sentido de que los representantes del Gobierno en la comisión mixta serán nombrados la próxima semana.

De este modo el Gobierno parece haberse decidido finalmente a descongelar el tema de los conciertos económicos, posiblemente en la confianza de que una negociación de carácter muy técnico como es esta se prolongará muchos meses y, por tanto, deberá acogerse al nuevo marco constitucional.La negativa del equipo económico del Gobierno a entrar en los conciertos antes de que se aprobase la Constitución es lo que ha retrasado durante nueve meses el comienzo de estas negociaciones, específicamente recogidas en una disposición final del régimen preautonómico vasco.

El Consejo General Vasco designó hace seis meses a sus representantes de esta comisión mixta y desde esa fecha reiteró cerca del Gobierno y ante la opinión pública la necesidad de que la Administración central nombrase a sus negociadores, sin obtener respuesta.

Conviene recordar a este respecto que el PNV ha condicionado su voto favorable a la Constitución a que se mantenga en su texto la disposición adicional relativa a los fueros, y a que el Gobierno ofrezca alguna muestra de buena voluntad en relación con los conciertos económicos. UCD se mueve en este terreno en la más total de las contradicciones. Mientras sus dirigentes máximos se muestran reacios a una fórmula fiscal que entienden privilegiada, sus representantes en el País Vasco no pierden oportunidad para reafirmar su fe en los conciertos, aunque su influencia en las altas esferas del partido parece haber sido, hasta ahora, nula.

Tampoco a los socialistas les gusta la fórmula, pero estarían dispuestos a aceptarla y defenderla siempre que se cumplan las siguientes condiciones, aceptadas en líneas generales por el PNV: armonía tributaría con el resto del Estado, garantía de que la presión fiscal en ningún caso sería inferior y contribución a los fondos de solidaridad interregional. De esta forma se eliminaría a su juicio cualquier posibilidad de utilizar los conciertos económicos para crear paraísos fiscales o para establecer discriminaciones con otros territorios.