Tensiones entre la presidencia y los militares colombianos

A poco más de un mes desde su toma de posesión, el presidente de Colombia, Julio César Turbay Ayala, se enfrenta a una grave crisis nacional, producida por el recrudecimiento de la actividad guerrillera, que pone en peligro la estabilidad democrática de ese país. La muerte del ex ministro del Interior en el Gobierno de López Michelsen, Rafael Pardo Buelvas, ametrallado por activistas del Movimiento 19 de Abril (M-19) ha culminado un período de inusitada violencia y ha acentuado los rumores de serias tensiones entre el poder ejecutivo y los militares.

Se atribuye precisamente a dichas tensiones la reciente promulgación de un durísimo «estatuto de seguridad», destinado a combatir la actividad guerrillera. Según fuentes políticas, Turbay tuvo que ceder ante las exigencias de las Fuerzas Armadas, y aceptar dicho estatuto elaborado en el Ministerio de Defensa. Las normas legales, que prohíben a las emisoras de radio y televisión difundir noticias relacionadas con el orden público, facultan a la policía y al Ejército para efectuar arresto sin orden judicial y establecen penas máximas de prisión sin posibilidad de indulto para los delitos de terrorismo, han sido inmediatamente contestadas por numerosos sectores de la sociedad colombiana.

Un renombrado juez calificó al estatuto de «atentatorio contra los más elementales derechos humanos». La promulgación del texto legal convierte literalmente a Colombia en un país en guerra. No hay que olvidar que desde hace casi treinta años está vigente en el país el estado de sitio, que Turbay ratificó pocos días después de tomar posesión de la presidencia. La legislación colombiana en este sentido es tan sólo comparable, en Latinoamérica, a las que existen en Chile y Argentina.