La presidencia del Gobierno

anunció, en agosto de 1977, que el Gabinete estaba decidido a terminar con la violación de los derechos humanos que suponen las escuchas telefónicas clandestinas, porque dados los adelantos técnicos en la materia «cualquier ciudadano podría controlar las conversaciones telefónicas de otro cualquiera».

* Este artículo apareció en la edición impresa del martes, 12 de septiembre de 1978.

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