Algunos cuerpos armados dependerán de las comunidades autónomas

La organización y funciones de los cuerpos armados dependientes de las diputaciones provinciales, así como aquellos que por transferencias de competencias pudieran organizarse, «pasarán a depender de los órganos de gobierno de las comunidades autónomas respectivas». Esta es una de las innovaciones introducidas por la ponencia del Senado, que informó el proyecto de ley de la Policía aprobado en su día por el Congreso y que, tras no obtener los votos necesarios en el Pleno del Senado, será debatido esta tarde por la Comisión de Justicia e Interior de esta Cámara.Al proyecto de ley citado fueron formuladas por los senadores más de cincuenta enmiendas, con base en las cuales -según declaró a EL PAÍS el señor Peces-Barba- se han introducido importantes mejoras. Preguntado sobre si los últimos conflictos Policía-Gobierno habían influido en la celeridad del trabajo de la ponencia, el señor Peces-Barba declaró que a la Comisión que preside no le hacen mella las acusaciones de falta de operatividad, si bien la importancia de los temas regulados en esos proyectos de ley y su urgencia han imprimido un lógico ritmo rápido a los trabajos de la ponencia.

Fuentes próximas a ésta informaron, por su parte, sobre algunas de las más importantes modificaciones introducidas en el proyecto de ley de la Policía sobre el texto aprobado por el Congreso. Entre ellas destaca la posibilidad de que los empleos de oficiales o jefes de la Policía Nacional sean cubiertos por personas que no sean policías, al suprimir la exigencia aprobada

Una nueva disposición adicional introducida por la ponencia del Senado establece que en el plazo de quince días desde la vigencia del proyecto de ley «se retirarán todas las documentaciones acreditativas de la pertenencia a somatenes, así como las armas en poder de los miembros de estas organizaciones, que, por la presente ley, quedan suprimidas». La disposición citada hace responsables directos del cumplimiento de la misma a «los gobernadores civiles de las provincias, jefes superiores de Policía y comandantes de puesto de la Guardia Civil».

También se ha dado una redacción más correcta técnicamente al párrafo que alude al fuero de la Guardia Civil, que establece que «será competente la jurisdicción ordinaria para conocer de los delitos que se cometan contra miembros de la Guardia Civil en el ejercicio de sus funciones señaladas en esta ley», así como que, «en lo demás, la Guardia Civil seguirá teniendo fuero militar».