Reconocidos los derechos al conflicto colectivo y a la libertad de empresa

La Comisión Constitucional del Senado aprobó ayer por la mañana los artículos del proyecto constitucional referidos al derecho a la negociación y al conflicto colectivo, la libre empresa y la economía de mercado y la familia. Los dos primeros fueron aprobados sin variación respecto al texto remitido por el Congreso, y el de la familia sólo fue modificado en sus dos últimos párrafos por sendas enmiendas del académico Cela, que mejoran la redacción e incluyen una referencia a la protección de los subnormales.

Antes de comenzar la sesión, la mesa y la junta de portavoces de la Comisión se reunieron para arbitrar medidas que aligeren los trabajos. Entre estas medidas está la de debatir los artículos completos, en lugar de párrafo a párrafo, agrupar las enmiendas análogas y reducir el número de intervenciones.

Al anunciar estas restricciones, el presidente de la Comisión, el socialista José Federico de Carvajal, expresó la preocupación de la mesa por el gran número de enmiendas que se mantienen para el Pleno (187 en 32 artículos hasta el martes).

Sin embargo, de las veintitrés enmiendas debatidas y derrotadas en los cuatro artículos aprobados por la mañana, fueron mantenidas dieciocho, a pesar de haber sido derrotadas la mayoría de las veces por un amplio margen de votos. Las principales enmiendas contra el artículo veintiséis, sobre el derecho a la negociación y al conflicto colectivo, fueron las de Juan María Bandrés y Gregorio Monreal, que pedían se suprimiese el apartado dos del artículo, que incluye a los empresarios como titulares, junto a los trabajadores, del derecho al conflicto.

Libre empresa y economía de mercado

Contra el artículo 34, que constitucionaliza la libertad de empresa y la economía de mercado, Lluis María Xirinacs presentó una enmienda que proponía sustituir el texto del Congreso por otro en el que se establecía un sistema económico de corte socialista autogestionario. El señor Xirinacs argumentó que donde no hay democracia económica no puede haber democracia política, y que no se puede constitucionalizar el sistema capitalista cuando al menos la mitad del electorado votó por los partidarios del socialismo.

El señor Bandrés defendió otra enmienda que pedía que no se estableciese ningún sistema económico, dada la división que sobre este tema hay en la sociedad española, y que se dejase a cada pueblo del Estado escoger su sistema.

El empresario Luis Olarra propuso, por su parte, que se suprimiese en el artículo la referencia a la planificación, alegando que ésta podría dar al traste con la libertad de empresa y de mercado.

En contra se pronunciaron los portavoces del Grupo Socialista, Ramón Sainz de Varanda, que dijo que un Estado moderno no puede renunciar a una planificación democrática, y de UCD. Ubaldo Nieto, quien sostuvo que las economías europeas modernas admiten un cierto grado de planificación compatible con la economía de mercado.

Los párrafos primero y segundo del artículo 35, relativos a la protección de la familia, los hijos, sea cual fuere su filiación, y las madres, solteras o casadas, fueron aprobados sin variación. Fueron derrotadas enmiendas del almirante Gamboa, que pedía que se defina a la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad: del señor Xirinacs, para que se impidiese la prohibición de investigar la paternidad, y del Grupo de Progresistas y Socialistas independientes, y el señor García Mateo, en el mismo sentido.

Protección a los subnormales

Asimismo, fueron derrotadas otras enmiendas que proponían añadir nuevos párrafos o modificar los números tercero y cuarto, excepto las dos formuladas a estos por el señor Cela, que fueron aprobadas con el voto en contra del Grupo Socialista, que mantuvo como voto particular el texto enviado por el Congreso. Los dos párrafos hacen referencia a la protección de los niños por parte de los padres y la sociedad, y con la enmienda del señor Cela se incluye a los subnormales, niños o no, como titulares de ese derecho.

Finalmente, se aprobó sin variación el artículo 36, que garantiza la estabilidad económica, el pleno empleo, la formación profesional, la seguridad en el trabajo y el descanso necesario. Fue rechazada una enmienda de la Agrupación Independiente, que puso de relieve la imposibilidad de constitucionalizar objetivos, como el de la estabilidad económica, que pueden hacer inconstitucional cualquier política económica.