Más de 50.000 millones de apoyo a la siderurgia y a los astilleros

El Gobierno aprobó los dos proyectos de ley de ayuda financiera a los astilleros y a la siderurgia integral. Ambos han sido preparados a lo largo de los últimos meses y son resultado de intensas negociaciones entre las partes afectadas -empresas, sindicatos y Administración-. Las operaciones financieras aprobadas suponen unas dotaciones de 25.300 millones para ampliaciones de capital de empresas públicas siderúrgicas y navales, y 26.000 millones de pesetas en créditos oficiales. En total, 51.300 millones.Al sector naval se otorgan, según el proyecto de ley, ayudas que suponen un reforzamiento de los recursos propios de los tres grandes astilleros nacionales (véase el desarrollo de estas ayudas en la página 23 de esta edición). Al sector siderúrgico integral se conceden también, según el proyecto de ley que se remite a las Cortes, una serie de créditos en los términos ya anunciados por EL PAIS el día 20 pasado. En resumen, suponen ampliar en 11.000 millones el capital de Ensidesa y facilitar al INI otros 4.000 millones para adquirir el 34% de Altos Hornos del Mediterráneo. Por vía de crédito oficial se conceden 11.000 millones a Ensidesa, 8.000 a Altos Hornos del Mediterráneo y 4.500 a Altos Hornos de Vizcaya. Los fondos para ampliaciones de capital serán anticipados por el Banco de España o mediante emisiones de deuda pública, mientras las Cortes aprueban la ley correspondiente.

El Gobierno aprobó también, a propuesta de Industria, el reglamento general para el régimen de la minería, que desarrolla la ley de Minas de 1973. El reglamento pretende, según la referencia oficial, «asegurar la administración de los yacimientos minerales y demás recursos ecológicos como bienes de dominio público, con vistas a su aprovechamiento integral, y disponer de instrumentos legales que permitan una política minera acorde con las necesidades del abastecimiento nacional». El reglamento trata de facilitar el acceso al dominio minero y evitar que permanezca inactivo.

A propuesta de Agricultura, el Gobierno aprobó los decretos de regulación de campaña de la leche, arroz, lúpulo, vino y alcoholes. Estos decretos se ajustan a los pactos de Atocha, suscritos por Agricultura y las organizaciones campesinas el pasado 22 de marzo.

El precio de garantía del arroz se fija en quince pesetas/kilo. El de cesión del SENPA en 17,50. El decreto establece los mecanismos para que el FORPPA proponga las operaciones de exportaciones precisas, según la situación del mercado. En la campaña lechera se incrementa el precio al ganadero a dieciocho pesetas y se adaptan los mecanismos a los de la CEE. En vinos y alcoholes se fija un precio de protección al consumo de 150 pesetas/hectogrado

Regulación de balances para la banca

A propuesta de Hacienda se aprobó el decreto sobre regulación de balances de bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito. De esta forma se otorga a estas entidades la misma facultad de regulación que a las demás empresas. Se aprobaron también los proyectos de ley para concurrir a las ampliaciones de capital del Banco Mundial y organismos vinculados.