No prosperó ninguna enmienda para suprimir la mención a la Iglesia católica

La Comisión Constitucional del Senado rechazó ayer todas las enmiendas destinadas a suprimir la mención a la Iglesia católica en el texto del proyecto de Constitución, supresión que solicitaban el Grupo Socialista, Progresistas, y Socialistas Independientes y Entesa dels Catalans, así como los senadores Lluis María Xirinacs, Rosend Audet, Justino Azcárate y Juan María Bandrés.Manuel Villar (PSI) afirmó que su petición de que se suprimiera la mención a la Iglesia católica no la formulaba desde un laicismo beligerante, sino porque, como católico, no deseaba que se pudiera interpretar que su Iglesia era objeto de un trato preferente. Lluis María Xirinacs argumentó que cualquier privilegio para la Iglesia católica no era timbre de gloria, sino motivo de vergüenza. «Como sacerdote, me avergüenzo de la situación de privilegio de que ha sido objeto mi Iglesia», dijo.

El senador Rosend Audet negó que le moviera ningún motivo de resentimiento hacia la Iglesia católica. «Ha protestado la Iglesia Evangélica Reformada, pero también lo han hecho muchas personalidades católicas», alegó.

El senador vasco Juan María Bandrés dijo que se estaba introduciendo por la puerta de atrás -«no sé si por la sacristía o por la ventana del campanario»-, una cierta confesionalidad del Estado. «Desde mi condición de católico, que me honro en proclamar -añadió- quiero favorecer a mi Iglesia y para ello lo mejor es que no se la nombre en el proyecto de Constitución.»

El portavoz de la Entesa, Josep Benet, consideró altamente positivo el texto del artículo, que cierra -dijo- una etapa dolorosa en la que se mataba a unos por creer y a otros por no creer, pero pidió que se suprimiera la mención a la Iglesia católica, que estimó innecesaria. «Somos muchos los católicos que creemos que no se debe dar la impresión de que se le concede un trato privilegiado», agregó.

Para los Socialistas no se trataba de resucitar viejos fantasmas ni la cuestión religiosa, sino de impedir que se introdujera una cierta confesionalidad del Estado. Justino Azcárate, que se congratuló por el tono sereno en que se desarrollaban los debates, pidió que se dijera simplemente que el Estado mantendría las adecuadas relaciones de cooperación con las diferentes confesiones religiosas.

En contra de estos argumentos intervino, en nombre de UCD, Emilio Casals, quien señaló que la mención a la Iglesia católica no significaba ningún privilegio, sino el reconocimiento de un hecho sociológico. Miguel Unzueta, de Senadores Vascos, anunció que apoyaría el texto del proyecto, «porque así ha venido del Congreso y porque la supresión de estas dos palabras podría interpretarse como una defenestración». El texto del proyecto fue aprobado con los votos en contra de PSI y la abstención de Socialistas, Grupo Independiente y Entesa.

Tampoco prosperaron dos enmiendas de PSI y del señor Xirinacs, para que se incluyera en este artículo el derecho a la objeción de conciencia, que actualmente figura en el artículo 28.