El conflicto de las guardias, primer síntoma de la bancarrota de la Seguridad Social

El Ministerio. de Sanidad y Seguridad Social sostiene que las medidas adoptadas últimamente son la única vía para equilibrar su presupuesto y defender de esta manera los intereses de todos los españoles. Para la Unión General de Trabajadores el actual plan de austeridad del INP supone el definitivo fracaso del sistema de gestión de la Seguridad Social. Comisiones Obreras denuncia el conflicto como un intento de enfrentar a los médicos con la opinión pública para preparar el terreno a una futura privatización del sector. El conflicto se inició con una circular remitida a mediados de julio por la Delegación Nacional del Instituto Nacional de Previsión (INP) a sus delegaciones provinciales. En ella se indicaba que en las instituciones de la Seguridad Social o administradas directamente por la misma en las que se haya agotado el crédito presupuestario para los servicios de guardia, éstos se realizarán con el personal facultativo de dichas instituciones en base a sus horarios semanales de servicio normal, es decir, que de su horario de 42 horas semanales resten el número de horas realizadas de guardia.

El INI justificaba su decisión en el hecho de que «por haberse producido una interpretación abusiva de la normativa sobre servicios de guardia, su costo se ha hecho incompatible con los presupuestos económicos actuales y no justificables plenamente desde el punto de vista de las necesidades asistenciales».

La regulación de las guardias vigentes hasta la publicación de la circular había sido establecida de mutuo acuerdo entre el INP y el Consejo General de Colegios de Médicos, el 9 de diciembre de 1977, fecha en que se publicó la orden ministerial reguladora de las guardias.

Tras las protestas públicas de varias centrales sindicales y cuerpos médicos de hospitales en relación con la supresión del abono de las guardias, el Consejo General de Colegios Médicos hizo público un comunicado en el que informaba de que, pese a sus reiteradas peticiones, no había logrado que por la Administración de Sanidad se cumplieran los mandatos de aquella, a fin de determinar el número máximo de guardias por facultativo y el ritmo de periodicidad de las mismas, así como tampoco la fijación de las plantillas, sin lo que la prestación de las guardias propicia irregularidades.

La comisión que se formó el 21 de julio para negociar con el INP quedó formada por el Consejo General de Colegios de Médicos, las centrales sindicales CCOO. UGT, USO, SU, CSUT, Sindicato Gallego de Sanidad y Sindicato Médico Libre.

El día 26 de julio, el Colegio de Médicos de Madrid, a través de sus representantes de la Mesa de Hospitales, cedieron sus instalaciones y su apoyo para la celebración de una asamblea de carácter estatal a la que asistieron representantes de mesas de hospitales de catorce provincias y veintiséis representantes nombrados en asambleas de hospitales.

Tras manifestar no considerarse representados por el Consejo General, al que calificaron de residuo del régimen anterior, no elegido democráticamente, la asamblea eligió una comisión mixta, compuesta por cinco representantes de asambleas de hospital, con vistas a que se integrase como representación profesional en la reunión que el INP mantendría el 28 de julio con las centrales sindicales y el Consejo General.

Sin embargo, el INP y el Consejo General se opusieron rotundamente a aceptar la incorporación de esta comisión a las negociaciones. Esto motivó que los acuerdos a los que llegaron, excepto el Sindicato Médico Libre (SML), que abandonó a las diez horas de iniciarse la reunión (que duró veinticuatro horas), no fueran aceptados por la mayoría de los médicos.

Los médicos no se consideran representados ni por el Consejo General, ni por las centrales sindicales. ni por el Sindicato Médico Libre.

Según los cómputos de las pasadas elecciones sindicales, los independientes alcanzaron el 59,27% de los representantes del Colegio de Técnicos, que encuadraba a médicos y enfermeras. En total obtuvieron 1.613 representantes (50,03% del total) de los 200.000 trabajadores de la Seguridad Social.

A distancia aparecen CCOO, con 536 representantes, 16,62% del total y 10,49% del Colegio de Técnicos, UGT, 344 representantes. 10.56% del total y 6,94% de técnicos: Sindicato Médico Libre, 239 representantes, 7,41 % del total y 12,11% de técnicos; USO, 152 representantes, 4,71 % del total y 1,62% de técnicos; SGS (Sindicato Gallego de Sanidad), 72 representantes, 2,23% del total y 1,62% de técnicos; CSUT, 55 representantes, 1,70% del total y 0,86% de técnicos; y SU, 48 representantes, 1,48% del total y 0,81% de técnicos

Los médicos boicotean el acuerdo INP-Centrales Sindicales

El acuerdo declaraba la urgente aplicación de la orden ministerial de 9 de diciembre de 1977, que señalaba las compensaciones económicas y horarias con que había de pagarse las guardias. Los médicos sólo se acogieron al sistema de compensación económica y no a la horaria, lo que provocó el agotamiento del presupuesto a mitad del ejercicio correspondiente. De ahí que el INP intentara equilibrar el presupuesto imponiendo la compensación horaria.

En numerosos hospitales, donde las plantillas están infradotadas, esto podría suponer la paralización del centro ya que en algunos casos la jornada laboral quedaría limitada a la atención de las guardias. El acuerdo INP-Centrales Sindicales preveía que seis horas de servicio de guardia serían compensadas con otras tantas horas libres y otras doce horas de guardias serían retribuidas, las veinticuatro horas restantes del horario semanal serían normales.

La mayoría de las asambleas de médicos de hospitales de España no aceptaron este acuerdo por considerar que los médicos no intervinieron en el mismo.

El Sindicato Médico Libre, des se retiró de la mesa de negociaciones con el INP, presentó solicitud de declaración de conflicto colectivo, fundamentalmente por no aceptar en las comisiones de regulación de las guardias -previstasen el acuerdo- más representación que la de los médicos.

Denuncias de corrupción y sanciones a los médicos

El 31 de julio, CCOO denunciaba el elevado índice de corrupción dentro de la Seguridad Social, basándose en unas declaraciones efectuadas por el director general del INP en el transcurso de una reunión con las centrales sindicales. Comisiones Obreras informó que «cálculos oficiales estimaban en 150.000 millones de pesetas lo que la Seguridad Social podía ahorrar adoptando medidas contra la corrupción».

El 4 de agosto, el Ministerio de Sanidad decidió hacer efectiva la cláusula de incompatibilidad de su cargo en la SS con el de otras dedicaciones, a 524 médicos de la Administración Institucional de la Sanidad Nacional (AISN). Esta medida supone para la SS de cuatrocientos a quinientos millones de pesetas anuales.

El Sindicato Médico Libre, después de manifestar que esta medida afecta a unos 2.000 médicos de la AISN, pertenecientes a 113 hospitales de la mencionada administración institucional, y que no tiene ninguna base jurídica, han declarado aceptar la puesta en marcha de una ley de incompatibilidades «que sin duda deberá comenzar por el propio ministro, subsecretarios, directores y demás cargos del Ministerio de Sanidad y del INP, ya que existe documentación suficiente para entender que existen claras incompatibilidades, incluso horarias, en los actuales cargos anteriormente citados».

Hasta estos momentos el Ministerio de Sanidad ha denunciado por supuestas irregularidades a quince clínicas en régimen contratado con la Seguridad Social y ha abierto expediente, por fraude, a más de cien médicos.