El próximo curso será decisivo para la autonomía universitaria

El 12 de julio, el borrador del texto de la futura ley de Autonomía Universitaria fue presentado en el pleno de la Junta Nacional de Universidades, bajo la presidencia del ministro de Educación y Ciencia, Iñigo Cavero. Los componentes de la Junta, rectores de las universidades y presidentes de los patronatos respectivos, conocieron al fin el texto del borrador del proyecto del Gobierno y fueron emplazados a que enviaran sus enmiendas y sugerencias antes del día 25 de dicho mes de julio. Este acontecimiento puso fin de momento a las especulaciones y controversias que durante todo el curso, y especialmente en el mes de junio, se habían producido como consecuencia de la poca transparencia del Ministerio sobre el tema EL PAIS publicó el día 14 de junio un resumen de este proyecto de ley de Autonomía Universitaria «redactado en el mayor de los secretos» y que pese a lo cual se había filtrado al periódico, y que según parece fue comunicado oralmente al día siguiente a los rectores de las universidades. El señor González Seara, secretario de Estado de Universidades e Investigación, sin embargo, en declaraciones reproducidas por diversos órganos de prensa a finales de junio, niega que exista un borrador articulado de la ley, aunque admite que lo habrá e un plazo no superior a quince días

El tema ya traía cola

A principio del curso 1977-78, el Ministerio de Educación y Ciencia inició los trabajos de cara a la elaboración de este proyecto de ley con la consulta que solicitó a todas las universidades y a los miembros de sus distintos estamentos. Según el Ministerio, una vez recibidas las respuestas y ante las mismas, encargaría estudios a diversos grupos de especialistas sobre puntos concretos de la reforma y promovería reuniones y seminarios de expertos nacionales e internacionales para los puntos más complejos y polémicos. Aun cuando el Ministerio realizó efectivamente la encuesta, sus resultados no se han hecho públicos, lo que permitió que este silencio fuera interpretado, tal como informa Diario 16 del 23 de junio: «Muchos profesores creen que la causa está en que las respuestas a dicha encuesta demuestran que la Universidad piensa acerca de su reforma algo muy distinto a lo que piensa el Ministerio.» Y de las reuniones, seminarios y consultas a expertos, si las hubo, quedaron en el secreto del sumario. Donde este proyecto en elaboración por el Ministerio despierta mayores recelos y más tempranos es en las universidades catalanas, donde pronto se decanta la postura de que la reforma y las autonomías en el ámbito universitario deben hacerse desde el marco de la Generalidad y no desde y por el Gobierno central. En septiembre de 1977, el ministro de Educación, señor Cavero, acompañado del secretario de Estado de Universidades y del director general de Universidades, se reunía con los rectores de la Universidad de Barcelona y con el de la Politécnica de esta ciudad para tratar del tema de las 250 plazas vacantes de profesores existentes en las universidades catalanas, llegándose al acuerdo de su congelación hasta que pudieran ser cubiertas por las mismas universidades en un marco de autonomía.

El 17 de mayo, en la Universidad Complutense de Madrid, se adopta el acuerdo de considerar que: la solución catalana respecto a la congelación de las oposiciones de las vacantes era lo más conveniente «para evitar que en este período de transición se produzcan los males señalados por la utilización de un sistema de selección del profesorado numerario que no cuenta con el parecer de las facultades más que en escasísima medida, y solicita, por ello, que de momento no salgan a concurso de traslado u oposición plazas de profesores numerarios adscritos a esta Universidad, nada más que en el caso de que la propia Universidad lo solicite expresamente a las autoridades ministeriales».

Ruptura del pacto

Según las informaciones de prensa, es precisamente esta toma de postura de: la Universidad Complutense de Madrid al lado de las universidades catalanas sobre el importante tema de las oposiciones, así como la ya conocida postura de oposición de la Universidad Autónoma de Madrid a partir de la elección del nuevo rector, lo que fuerza al Ministerio a presentar el borrador o al menos a informar oralmente de sus líneas generales a los rectores e n el mes de junio y a tratar de que el proyecto quede elaborado completamente durante las vacaciones estivales, para evitar que la actitud crítica se extienda a otras universidades. Pese a los acuerdos y a las peticiones respecto a la congelación de nuevos nombramientos hasta que éstos se pudieran desarrollar en el marco de las autonomías universitarias, el 1 de junio aparece la orden ministerial convocando 1.500 plazas de profesores adjuntos de Universidad en toda España, incluida Cataluña, lo cual viene a echar más leña al fuego, pues es interpretado por algunas universidades como expresión de la voluntad del Ministerio de controlar directamente la selección del profesorado. El rector de la Universidad de Barcelona, Anton¡ María Badia Margarit, califica este acto del Ministerio como la ruptura del pacto de septiembre del ministro con la Universidad catalana. «Baste por hoy nuestra denuncia pública y leal -escribe el rector- del concurso de adscripción de plazas de adjuntos por el grave incumplimiento de la palabra dada que supone ( ... ) Quede claro -añade- que si no disponemos de la fuerza del poder, no renunciamos en ningún momento a la fuerza de la razón.» Se trata de una verdadera declaración de guerra. La entrega del borrador del proyecto realizada el día 12 y a la que hicimos mención al principio de este trabajo no hace más que situar el problema en el cauce de su debate. El propio secretario de Estado para las Universidades dejó las cosas claras: «El proyecto de ley será de la exclusiva responsabilidad del Gobierno y del partido en el poder. No pretendemos cargar a nadie con el mochuelo ni decir que cuenta con el apoyo de la Junta Nacional de Universidades. El proyecto es del Gobierno y es el Consejo de Ministros quien tiene que darle el visto bueno.» La lucha, pues, pese a la consulta a la Junta y, el plazo concedido para que los rectores den su parecer sobre el borrador, a que algunos de ellos, como los catalanes, el de Córdoba v la Autónoma de Madrid han manifestado ya su disconformidad, se ha trasladado ya al plano político, pues el proyecto, una vez aprobado por el Consejo de Ministros, debe ser sometido a las Cortes.

Los partidos ante el problema

La reciente ruptura del consenso en el Senado por la postura unilateral de UCD respecto precisamente al artículo que el proyecto de la Constitución dedica a la enseñanza coloca la discusión del proyecto de autonomía universitaria, en el caso de que se presentara sin que el consenso se haya rehecho, ante el fuego del debate parlamentario. A finales de junio, el PSOE, y en sus jornadas universitarias, pone de manifiesto que, el problema de la Universidad ha sido relegado en los planes del Gobierno, el tema de la autonomía universitaria fue abordado en esas jornadas, oponiéndose a una autonomía corporativa y propiciando una concepción democrática también descentralizadora pero tendente a promover la participación de la sociedad en la planificación y gestión de las necesidades de la enseñanza superior. La integración de la Universidad en la sociedad es imprescindible para una concepción socialista. El PCE, días más tarde, manifiesta su postura crítica ante el proyecto y también que aunque no presentará un contraproyecto, sino planteamientos de política educativa, en el caso de mantenerse las líneas conocidas del proyecto, el PCE estudiará una posible enmienda a la totalidad. Pide que se abra un debate informativo para que no ocurra como siempre, que «nuestra legislación educativa sea papel mojado por no adecuarse a la realidad social».

AP, por su parte, califica la propuesta del Gobierno de buena en conjunto. A su juicio falla por no seguir el consejo del PSOE, que hacen suyo muchos en AP, «de no quitar el poder a los numerarios»; por no ser pluralista, corno pide el PCE y AP, en las formas de organización y además «por no ser pluralista en los modos de acceso al profesorado, en la homologación monopolística de títulos y otros extremos».

Una vez ya conocido el borrador del proyecto, parece que las conversaciones entre el señor González Seara y el director general de Universidades con varios parlamentarios de la Oposición no han sido tan positivas como el Ministerio esperaba. Según la información de prensa fueron absolutamente negativas las mantenidas por las citadas autoridades con el diputado Marta Mata, socialista; Roca Junyent, Minoría Catalana, y Jorge Solé, comunista. Las entrevistas con otros representantes socialistas tampoco dieron resultados positivos; en cambio, los comunistas Tamames, Pilar Brabo y Malo de Molina mantuvieron posturas mucho menos críticas.

Donde la oposición al proyecto parece que va a ser más dura y se va a situar, más que sobre principios generales, sobre cuestiones concretas, es en los partidos políticos catalanes, que van a apoyar a sus universidades.

La organización universitaria del PSC-C reclama una enérgica acción parlamentaria, no sólo de los socialistas, sino de los demás partidos parlamentarios catalanes, en su oposición al proyecto presentado por el Gobierno.

El PSUC expresa su apoyo a los órganos de gobierno de las universidades catalanas en su lucha contra el proyecto, reafirmando su apoyo al proceso de transformación democrática emprendido por las universidades catalanas y considera que la discusión del proyecto debe ser posterior a la promulgación de la Constitución. El proyecto -afirman- ataca a la autonomía universitaria y condiciona las competencias de los Gobiernos autonómicos.

Por otra parte, todo parece indicar que la iniciativa que en su día tomó el rector Badia Margarit, en la toma de posesión de su cargo, de un pacto universitario que fuera asumido por el conjunto de fuerzas políticas catalanas, ha hecho camino y que tanto Convergencia, como los socialistas y comunistas catalanes formarán en el Parlamento un frente común para defender la postura de las tres universidades catalanas puestas de acuerdo.

La coordinadora de PNN del distrito vasco, entiende que el proyecto en teoría recoge los principios de autonomía y democracia, pero los niega en la práctica. La libre contratación de profesores está en contra del proyecto, que prevé la creación de un cuerpo de docentes universitarios como único mecanismo de acceso. Queda sin resolver la situación de los actuales PNN y se institucionaliza la conservación del puesto de por vida, con lo que de negativo encierra. La desaparición de los claustros -opinan- supone un retroceso y propician órganos colectivos sobre los personales, la gestión académica en órganos paritarios de todos los estamentos universitarios y el control administrativo en manos de una institución con presencia de todas las fuerzas sociales.

Los PNN de universidades, en una asamblea nacional, rechazan el apoyo que el proyecto da a la creación de centros universitarios privados y piden autonomía plena para la Universidad, con capacidad para elaborar sus propios estatutos. La Asociación Independiente de Profesores Universitarios reclama, por su parte, seriedad y califica las últimas actuaciones del Ministerio en torno a las universidades «de insuperable ejemplo de superficialidad, frivolidad e inconsciencia». Los profesores adjuntos de universidades rechazan globalmente el anteproyecto y su comisión permanente ha propuesto manifestar su oposición con un paro indefinido para el próximo curso.