Detectadas omisiones fiscales en el Coca

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El plazo de cinco años es el máximo que la ley permite la aplicación de sanciones con carácter retroactivo. Estas averiguaciones pueden durar hasta un máximo de cinco o seis meses y, caso de ser detectadas nuevas irregularidades, podría incrementarse la sanción pecuniaria y el pago de impuestos adeudados por el Coca.

Aunque todos los datos concretos de las indagaciones de la inspección fiscal están sometidos a secreto oficial, diversos medios solventes consultados por EL PAÍS han estimado en torno a los 3.500 millones de pesetas la cantidad que, como consecuencia del levantamiento de actas, pudiera adeudar el Banco Coca al Tesoro en estos momentos. Las irregularidades detectadas consisten en una supuesta ocultación fiscal, a partir de la revalorización de activos muebles e inmuebles del banco, mediante operaciones ficticias de compra-venta, durante el periodo hasta ahora investigado.

Según la interpretación de las actas, se entiende cerrado el ejercicio del Banco Coca a partir de que la junta general aprobó su fusión con Banesto. En base a ello y a la legislación sobre el impuesto de sociedades, concretamente los artículos 12 y 72 del texto refundido, corresponde presentar la liquidación del ejercicio veinte días después de cerrado éste, lo que conlleva que a las cargas tributarias previstas por la ley haya que añadir las sanciones previstas en su articulado. Los porcentajes que corresponden son el 36% de la cantidad estipulada en concepto de gravamen de plusvalías y el 15% de impuesto sobre las rentas del capital; sobre la cantidad resultante a abonar por el impuesto procedería en el planteamiento del acta aplicar un 50% suplementario en concepto de recargo, por omisión y no reincidencia, por no haber efectuado la declaración pertinente dentro del plazo previsto. En conjunto, las estimaciones señalan que el Banco Coca pudiera adeudar en estos momentos al Fisco hasta unos 3.500 millones de pesetas.

Otra de las particularidades de la normativa vigente prevé que la sanción y liquidación de las actas deben ser previas a la presentación de cualquier tipo de recurso ante el Tribunal Económico Administrativo por parte del Banco Coca, o cualquier otro tipo de contencioso. Según ha podido saber EL PAIS, los representantes del Banco Coca mostraron su disconformidad con el contenido de las actas, en lo que se refiere a la prescripción del plazo para presentar la declaración impositiva. La interpretación de la ley vigente por parte de la entidad estima que la liquidación del ejercicio no es real hasta tanto no ha sido formalizada la escritura de fusión -lo que todavía no se ha producido-, por lo que no procede sino levantar acta previa, que determinaría ya la obligación de abonar en su día el impuesto correspondiente, pero sin el 50% de recargo por ocultación de datos fiscales. Los representantes del Coca insisten en que todavía no se ha cerrado el plazo reglamentario para presentar su declaración, dado que las irregularidades descubiertas corresponden al indicado periodo de investigación: últimos meses de 1977 y primeros del presente año, y el ejercicio deberá ser considerado cerrado a partir de que sea firmada la escritura de fusión con Banesto. La tesis de la inspección es contraria, entendiendo cerrado ya el plazo reglamentarlo, y los responsables del Coca se proponen recurrir contra ella.

¿Dónde está el dinero?

Una de las grandes incógnitas de todo el caso es dónde pueden encontrarse las cantidades manejadas en la revalorización, en el supuesto de que se hubieran realizado operaciones reales de caja lo que todavía no ha podido ser determinado por la inspección.

En las operaciones de revalorizaclón de activos -realizadas de forma eminentemente burda, según opinión generalizada- caben tres modalidades perfectamente diferenciadas. La primera posibilidad consistiría en que realmente se hubieran manejado fondos físicos en las operaciones de compra-venta, con lo que entonces cabría preguntarse dónde se encuentran realmente los 5.000 millones resultantes de la revalorización. Una segunda posibilidad sería que las operaciones hubieran sido totalmente ficticias y se hubieran realizado con el propósito de sanear la entidad antes de su integración en Banesto, tapando fallidos y operaciones desfavorables realizadas por el banco en meses y años anteriores, que no hubieran quedado registradas en los correspondientes balances. Finalmente, existe también la posibilidad de que determinados activos del banco, valorados ficticiamente en los balances, hubieran sido revalorizados a instancias de Banesto, deseoso de recibir el banco con sus activos fijados en valor real.

¿Dónde está Miñarro?

Como se recordará, el asunto Coca saltó a la opinión, pública a raíz de la detención de Enrique Miñarro, consejero Y antiguo consejero-delegado de la entidad, presunto autor de un delito de evasión de capitales, y su procesamiento. El señor Miñarro fue puesto en libertad bajo fianza individual de sesenta millones de pesetas, en unión de los otros dos encartados en el asunto. En una de sus declaraciones ante el juez encargado del caso, el titular del Juzgado número 3 de la Audiencia Nacional, el consejero del Coca reconoció haber evadido hasta 850 millones de pesetas, comprometiéndose a repatriar la totalidad de la suma, depositada en una entidad bancaria de Suiza. Hace dos semanas, el señor Miñarro no acudió a la reglamentaria presentación policial, por lo que se le considera en estos momentos como huido, pesando sobre el orden de busca y captura. La impresión en medios policiales es que Enrique Miñarro se encuentra fuera de España, tras haber cruzado ilegalmente la frontera. Los tratados bilaterales de extradición no contemplan esta posibilidad en casos de delitos, monetarios, como el que se imputa al procesado. Hasta el momento se desconoce oficialmente el paradero del antiguo consejero-delegado del Coca, aunque se especula con que pudiera encontrarse en algún país centroeuropeo. Previamente, el señor Miñarro había expresado la posibilidad de que pudiera autorizársele acudir a Suiza para recoger personalmente el dinero evadido, acompañado por funcionarios policiales españoles, pero ello no llegó a materializarse. Las autoridades gubernativas habían retirado al señor Miñarro su documento nacional de identidad y pasaporte, por lo que sorprende la facilidad con que, al parecer, consiguió huir de España. Días antes de su desaparición, el señor Miñarro había promovido querellas criminales contra el vicepresidente del Gobierno Fernando Abril, por supuesta quebrantación de secreto oficial, y el ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, por haberle retirado los aludidos documentos.

Según diversas fuentes consultadas por EL PAÍS, la causa seguida por el Juzgado número 3 de la Audiencia Nacional contra el señor Miñarro se encuentra paralizada desde hace varias semanas.