No volverá a suceder
Los cinco últimos condenados a muerte en España, por robo con homicidio (whiskería Don Cicuta, Valencia 1976), verán seguramente conmutada su pena por cuarenta años de prisión, como consecuencia de la abolición en España de la pena de muerte. Se libran de esta manera de pasar a las listas de los miles de personas que fueron ejecutadas en la inmediata posguerra y del centenar de ejecutados desde 1946 hasta las postrimerías de la vida de Franco.La pena de muerte en España, abolida durante la II República, la reinstauró el régimen del general Franco en 1938 al amparo de la argumentación de que «la abolición es un sentimentalismo que no concuerda con la seriedad de un estado fuerte y justiciero». Desde entonces hasta la desaparición de la cabeza del anterior régimen, las ejecuciones, por fusilamiento o por garrote vil, se sucedieron con una «destacable» frecuencia.
En la posguerra las ejecuciones fueron masivas, con cifras de fusilados que oscilan entre los 200.000, que mantiene el historiador norteamericano Gabriel Jackson, y los 8.000, señalados por Ricardo de la Cierva, pasando por los 100.000 de Tamames. Todo ello referido al período de 1939-1945.
A partir de esta fecha, las ejecuciones ya no serán por motivos de guerra civil, sino que se dirigirán a eliminar las guerrillas, formadas mayoritariamente por comunistas y anarquistas, y por motivos de índole netamente política, aunque sin dejar al margen los casos de delitos comunes.
De 1947 a 1958, se pueden contabilizar 73 ejecuciones, tanto por delitos de intencionalidad política, como criminal, aunque parece ser que las penas de muerte aplicadas fueron muchas más. Coinciden estas ejecuciones con las aplicaciones de los decretos de Bandidaje y Terrorismo, que sirven para liquidar los restos de las guerrillas anarquistas y para intentar desarticular el incipiente movimiento obrero.
Con el inicio de la recuperación económica y la entrada en las esferas del poder de los tecnócratas en 1959, se refuerzan también las normas que facilitarían la ejecución de la pena capital. Camilo Alonso Vega, ministro de la Gobernación, elaborada una ley de Orden Público por la que se tipificaban como delitos de rebelión militar las huelgas, la propaganda ¡lícita y la asociación ilegal. En 1960 se promulga una nueva ley de Bandidaje y Terrorismo para continuar legalizando las ejecuciones políticas.
En la madrugada del 20 de abril de 1963, era fusilado Julián Grimau, uno de los responsables de dirigir la labor del Partido Comunista en el interior, acusado de rebelión militar continuada desde 1939 hasta 1962. A pesar de la oposición de la opinión pública internacional, incluida la del Vaticano, Julián Grimau es ejecutado.
Ese mismo año, coincidiendo con la creación del Tribunal de Orden Público -el tristemente famoso TOP-, que descargaba al Ejército de algunas de sus funciones represivas, caían fulminados por el garrote vil dos anarquistas acusados de haber colocado un artefacto en la Dirección General de Seguridad.
En 1966, coincidiendo con la equívoca apertura de la ley Fraga y del referéndum, son ejecutadas otras dos personas, acusadas de haber dado muerte a un taxista y a un guardia civil. Se suceden después seis años sin ejecuciones, a pesar de que en 1970 -año del proceso de Burgos-, se piden nueve -penas de muerte contra militantes de ETA, que no se llegan a cumplir debido en parte a las movilizaciones populares, tanto en España como en el extranjero.
El día 2 de marzo de 1974 caía fulminado por el garrote el militante anarquista Salvador Puig Antich, condenado por la muerte de un policía. El mismo día, se ejecutaba en Tarragona al ciudadano polaco Heinz Chez, preso común, y era indultado de la pena capital, por el jefe del Estado, el guardia civil Franco Martir. Por estas fechas se hace público que en 1972 se había ejecutado de una manera clandestina a Pedro Martínez Expósito.
Las últimas ejecuciones del régimen coinciden con la desaparición del general Franco. El 27 de septiembre de 1975, eran fusilados Juan Paredes Manot y Angel Otaegui, de ETA; Ramón García Sariz, José Humberto Baena Alonso y José Luis Sánchez Bravo, del FRAP. El Consejo de Ministros que confirmó estas sentencias estaba presidido por Carlos Arias Navarro y se dio por enterado también de otras seis penas capitales que fueron conmutadas por el Caudillo.
El mismo día de los fusilamientos, que fueron acogidos con manifestaciones de protesta, tanto en el interior, pero mucho más en el exterior, el ministro de Asuntos Exteriores, Pedro Cortina, intervenia en las Naciones Unidas para hablar del proceso de reforma que conduciría a España hacia la democracia. A los pocos días comenzaba la lenta agonía de Franco.
Actualmente, diferentes condenados, entre ellos los cinco atracadores de Valencia, esperaban que o bien se cumpliera su sentencia de muerte, o se les conmutara la pena. Otros diez sumarios -es una cifra aproximativa- en los que se pide para los acusados la pena de muerte, se encuentran en la actualidad, o bien listos para sentencia o en trámite de celebración de juicio.
