Autonomía para Madrid

Secretario general del Comité Regional de Madrid del PTE

El problema del futuro político de. Madrid parece haber entrado, por fin, en una etapa de debate abierto en la que, sin desbordar los estrechos límites de partidos políticos y organismos especialmente interesados en el tema comienzan a perfilarse las posiciones y los argumentos que las fundamentan. En este sentido, el pleno de parlamentarios de Madrid ha elaborado un memorándum en el que se fundamenta la petición de que Madrid sea incluida en la futura región autónoma de Castilla la Nueva-La Mancha.

En el terreno de los factores económicos, los parlamentarios madrileños parten del error de bulto de considerar a Madrid como un foco irradiador de ahorro e inversiones. Paralelamente estiman que los pasillos industriales de Guadalajara y Toledo constituyen dos claros ejemplos de desarrollo industrial dimanado desde Madrid. En el citado memorándum, los parlamentarios, haciendo gala de escaso rigor, ofrecen toda una serie de datos confusos y contradictorios, con los que se pretende demostrar el comportamiento de Madrid como centro exportador de ahorro.

La inmensa mayoría de los datos barajados, por el contrario, establecen que Madrid continúa siendo un factor de succión de recursos en el conjunto de las dos mesetas. Así con referencia a los stocks de ahorro, por coger el dato utilizado .por los parlamentarios, de cada cien pesetas ahorradas en Madrid, son invertidas aquí alrededor de 130. Por el contrario, de cada cien pesetas ahorradas en La Mancha, tan sólo se invierten, como término medio, 35. Otros índices, como el crecimiento industrial y demográfico, permitirían apuntalar la hipótesis de que Madrid continúa aún succionando recursos financieros, naturales y humanos de estas provincias. La misma planificación estatal, como es el caso del PEN, al no primar el precio de la energía en función del transporte, tiende a consolidar está configuración de grandes zonas industriales junto con desiertos. La relación Madrid-Castilla la Nueva-La Mancha es un buen ejemplo de esto que decimos.

Con respecto a los pasillos de Guadalajara y Toledo, lo más que indican es que Madrid ha crecido tanto que desborda sus propios límites provinciales. Esto es algo en lo que, por evidente, todo el mundo está de acuerdo. El problema es la calidad de ese desarrollo industrial, dónde se encuentran los centros de decisiones de ese mismo crecimiento, a dónde revierten las plusvalías obteñidas... A no ser que el concepto que se tenga del desarrollo de La Mancha sea el de una economía subsidiaria y dependiente de Madrid, una especie de zona de descongestión de la gran urbe supersaturada.

Entendiendo las autonomías como instrumentos políticos al servicio de los pueblos para resolver sus problemas específicos, ¿en qué medida una región castellano-manchega, con Madrid incluido, serviría a este objetivo? A los parlamentarios castellano-manchegos les preocupa, con toda justicia, que el peso específico de Madrid desnivele de tal manera los organismos preautonómicos, que convierta al resto de las provincias en un mero apéndice de Madrid. Para eliminar estos recelos, desde Madrid se ofrece la fórmula del voto provincial y, en un tono paternalista, que la capitalidad no se localice en Madrid.

Resulta interesante detenernos en la fórmula del voto provincial. Aun con la aplicación de correctores proporcionales en función del índice demográfico de cada provincia, el resultado sería nefasto para los madrileños, pues cada representante en los órganos autonómicos de gobierno les costaría, en sufragios y en el mejor de los casos, considerablemente más que a los ciudadanos de cualquier otra provincia manchega.

La inclusión de Madrid en la región castellano-manchega hace que este problema sea de difícil solución, pues el sistema más democrático, el proporcional puro, haría que el peso de Madrid ahogase a las demás provincias, justificando plenamente los temores de los castellano-manchegos.

Se afirma que los problemas específicos de Madrid -nadie puede negar la evidencia de que no tienen nada que ver con los de las demás provincias- pueden ser perfectamente resueltos en el ámbito provincial y municipal. Nada más erróneo. Sí ya de por sí la Constitución deja escasa capacidad planificadora a las regiones autónomas, en el caso de la provincia y el municipio este problema se agudiza aún más. Y no hay que olvidar que la gravedad y complejidad de los problemas a que está sometido Madrid exigen el máximo de competencias políticas para poder resolverlos. Exigen un Gobierno metropolitano dotado de amplia autonomía y capacidad política.

A este respecto, la posición de los comunistas del Partido del Trabajo es clara y ha sido suficientemente argumentada. A la hora de enfocar el problema se parte de dos realidades claramente diferenciadas. Por un lado Madrid, sometida a un proceso de crecimiento acelerado y caótico; por otro Castilla la Nueva-La Mancha, que experimenta el proceso contrapuesto, de empobrecimiento y desertización. A estas dos realidades específicas, claramente diferenciadas y sometidas a dinámicas contrapuestas, entendemos que es necesario proporcionar marcos políticos diferenciados si entendemos las autonomías como instrumentos políticos al servicio de los pueblos para resolver sus problemáticas concretas. Este marco político diferenciado, en el contexto de la Constitución que se está elaborando, consideramos que debe formar dos regiones, autónomas, una formada por Madrid y otra por Castilla la Nueva-La Mancha. Los problemas derivados de las mutuas interrelaciones podrían ser resueltos por un organismo suprarregional de carácter consultivo y planificador.

De cualquier forma, nuestra posición viene marcada por criterios de conveniencia política, de ninguna manera por cuestiones de principio que puedan convertir en irreductibles las diferentes posiciones en debate. Es por ello que la actitud adoptada por los parlamentarios madrileños, al intentar forzar contra viento y marca la inclusión de Madrid en la preautonomía castellano-manchega resulta escasamente constructiva. Entiendo, en este sentido, que previamente a, la adopción de cualquier decisión -más vale esperar y meditar un poco que dar pasos apresurados de los que posteriormente podamos arrepentirnos- es necesario debatir a fondo todos los factores que intervienen en un problema tan complejo y con tantas implicaciones como el que hoy nos ocupa. Debate que, por supuesto, debería desbordar los estrechos límites de los círculos directamente implicados para alcanzar al ciudadano de a pie, quien, en última instancia, debe ser quien tenga la última palabra.