Hacienda pretende frenar las peticiones de aumento del Gasto Público para 1979

El Ministerio de Hacienda tiene ya ultimados sus estudios sobre el presupuesto del Estado del año próximo, a falta de negociar con el Ministerio de Economía la cuantía final de su aumento sobre el ejercicio actual, han manifestado fuentes próximas al primero de los Ministerios citados. El aumento de los gastos para el año próximo por la vía presupuestaria se situaría entre un 16% y un 18%, aunque el porcentaje final será decidido en función de las necesidades del conjunto de la economía española, que serán establecidas por Economía. De acuerdo con impresiones solventes, el crecimiento del producto interior bruto para el año próximo debería situarse entre el 3% y el 4%, con una tasa de inflación del 10% y el 12%.

En medios próximos a Hacienda se ha señalado que las peticiones de crédito para el próximo ejercicio por parte de algunos ministerios superan el 200% respecto a los gastos de este año. En Hacienda estiman que tales pretensiones resultan totalmente inaceptables, ya que no se puede cargar sobre el sector público todo el esfuerzo de ajuste de la crisis económica.Ante lo desmedido de algunas pretensiones ministeriales, Hacienda ha decidido cerrar la ventanilla y elaborar a solas el presupuesto del año próximo, más o menos. Los mismos medios solventes han declarado que las decisiones finales sobre el reparto de los incrementos de gastos públicos serán adoptadas por el Consejo de Ministros, que preparará el proyecto final que se envíe para discusión a las Cámaras.

La presión existente en la actualidad sobre el sector público para que afronte algunas de las consecuencias más graves de la crisis económica es muy fuerte, manifestaron medios solventes. Se pretende que ser, el sector público quien cargue con casi toda la responsabilidad a la hora de financiar los grandes problemas económicos sectoriales, como la siderurgia, el sector naval, la Renfe y su déficit crónico, y otros problemas de menor envergadura económica, pero que, sumados, suponen cifras de enorme importancia, que pueden provocar un desequilibrio presupuestario aún más fuerte del previsto. Para que esto no suceda para el año próximo, Hacienda parece dispuesta a tomar medidas cautelares.

El primer semestre

Durante los seis primeros meses del año, los ingresos totales del Estado ascendieron a 602.075 millones de pesetas, con aumento del 17,8 % sobre el mismo período del año anterior. Los pagos en el mismo período de tiempo ascendieron a 636.926 millones de pesetas, con un aumento del 27,8% sobre los seis primeros meses del pasado año. El déficit presupuestario, excluido el capítulo noveno de los ingresos, fue en este período de 76.730 millones de pesetas, financiados con una emisión de deuda pública por importe de 10.000 millones de pesetas, un recurso al mercado internacional de 31.879 millones de pesetas y la apelación al Banco de España por importe de 34.904 millones de pesetas. Para el conjunto del ejercicio, el desequilibrio presupuestario previsto es de 110.000 millones de pesetas, de los cuales 70.000 millones se compensarán con financiación internacional y los 40.000 millones de pesetas restantes con emisión de deuda pública.Los pagos realizados por el Tesoro en estos seis primeros meses a cargo del presupuesto experimentaron un crecimiento menor que durante el primer semestre del año pasado con respecto al mismo período del año anterior, que fue del 30,7%, lo que refleja un ritmo de gasto más atenuado.

Los gastos de los departamentos civiles en los seis primeros meses totalizaron 550.182,4 millones de pesetas, con aumento del 29,9% sobre el mismo período del pasado año. Sin embargo, el desequilibrio entre los gastos corrientes y los de inversión han sido muy fuertes, lo que supone un comportamiento inadecuado del sector público, al dedicar sus gastos más al consumo y las remuneraciones que a la inversión. Los gastos corrientes aumentaron en un 46,4% sobre el mismo período del año anterior mientras que los de capital descendieron en el 1,9%, agravando aún más la escasa participación del Estado en materia de inversiones públicas. Fuentes de Hacienda han señalado sin embargo que los gastos de inversión se suelen disparar en el segundo semestre del año con cargo a obras contratadas a lo largo del primer semestre. Pero aún así, el descenso del 1,9% sobre el primer semestre del año pasado, cuando se deseaba un aumento del 30% en la inversión pública, se convierte en uno de los datos más preocupantes de la capacidad del Estado para hacer frente a la crisis económica y luchar contra el desempleo.

Facturas del pasado

No obstante, los mismos medios informantes señalaron que el capítulo de gastos del Presupuesto de 1978 está padeciendo las consecuencias negativas de los créditos extraordinarios acordados por vía extrapresupuestaria durante el año pasado, créditos que ascienden a unos 130.000 millones de pesetas. De esta cifra, 42.000 millones de pesetas se han pagado ya y queda por abonar el resto, es decir, la parte más sustancial.Eliminando del cómputo de gastos corrientes esta cifra, el incremento real de los pagos ordenados por operaciones corrientes hasta finales de junio pasado fue del 31,7%.

El principal protagonista del incremento de las transferencias corrientes durante estos seis primeros meses fue la Seguridad Social, organismo al que el Estado facilitará en el conjunto del año una financiación de 100.000 millones de pesetas, frente a los 28.900 millones de pesetas del año pasado.

Control de los gastos

El control del gasto público se convertirá, por otra parte, en una de las preocupaciones prioritarias del Ministerio de Hacienda a lo largo de los próximos meses, en los que se intentarán poner a punto nuevos mecanismos de control y de inspección sobre el conjunto de las actividades económicas del Estado, según manifestaron fuentes de Hacienda a EL PAIS,El presupuesto de gastos del sector público es del orden de los cinco billones de pesetas en la actualidad, contando con los dos mostruos que son el propio Presupuesto del Estado y la Seguridad Social, cada uno de los cuales ronda el billón y medio de gastos en estos momentos.

Funcionarios de la inspección de Hacienda han comenzado a entrar en algunos organismos y empresas públicas en los últimos tiempos, al amparo del nuevo decreto sobre control del gasto que aprobó el Gobierno hace escasas semanas. Uno de los organismos en donde esta penetración está siendo especialmente cuidada es en la Seguridad Social, en donde los interventores dejarán de depender a partir de ahora de los gestores, dando paso a un cuerpo independiente con atribuciones concretas. En fecha próxima se intentará también presentar un presupuesto pormenorizado de las partidas de ingresos y gastos de la Seguridad Social.

Otra de las preocupaciones del Ministerio es la de esclarecer con la mayor claridad posible el destino de los gastos del Estado, con objeto de conocer con exactitud la cuantía en la que se están subvencionando determinados precios y servicios. Muchas veces, con la finalidad de evitar un alza de algún precio o tarifa o de evitar la caída de una empresa, el Tesoro debe afrontar por la vía presupuestaria la adecuada compensación, con lo que se disimulan los auténticos mecanismos de la economía.

Un ejemplo claro de estas desviaciones lo constituye la CAMPSA, cuyas subvenciones a diversos sectores se han evaluado en unos 8.000 millones de pesetas, por venta, de productos a precios inferiores a los que la Compañía Arrendataria del Monopolio tiene que pagar a sus suministradores.

Las autonomías

En cuanto a la financiación de las autonomías, Hacienda estima que el coste d e su funcionamiento debe salir de impuestos que implanten los propios entes autonómicos en sus respectivas demarcaciones. Los servicios y facultades que se traspasen desde el poder central irán con sus correspondientes partidas de gastos, pero no sucederá lo mismo con los gastos derivados del funcionamiento de los propios entes autonómicos, para los cuales Hacienda estima que se deben generar ingresos en las propias autonomías, mediante impuestos adicionales y distintos a los que ya existen a nivel estatal.Quizá para clarificar la participación regional en los ingresos y gastos del Estado, Hacienda va a implantar un sistema de evaluación por regiones, realizando un presupuesto con asignaciones geográficas. Dicho desglose presupuestario no afectará a la totalidad de los gastos e ingresos del Estado, pero sí a una parte sustancial, ya que algunos servicios públicos resultan de difícil desglose.

En relación con el gasto público, el Ministerio de Hacienda se propone elaborar, sin plazo determinado, un Libro blanco, con dos objetivos: por una parte, prever y analizar la evolución futura del gasto público en el país, a partir de la demanda de servicios públicos y los niveles de cobertura de las necesidades sociales y, por otra, permitir el ejercicio de un control eficaz de la actividad de la Administración en la fase previa de asignación de recursos y la adopción de decisiones y posterior verificación y control del uso de dichos recursos.

Contrapartida

El objetivo final de este Libro blanco será la reforma profunda del gasto público, para permitir la asignación de los recursos en función de la demanda social de bienes y servicios y en las necesidades prioritarias, la adopción de decisiones de gasto con participación pública, política y administrativa, la gestión eficiente de los servicios públicos, la descentralización efectiva de la Administración, tanto en la decisión como en la ejecución del gasto, y un control eficaz de la actividad administrativa.El control del gasto público en toda su extensión se entiende como una necesaria contrapartida de la reforma fiscal ya emprendida, según manifestaron fuentes del Ministerio de Hacienda. Tras la aprobación de la ley del impuesto general sobre la renta de las personas físicas, pieza clave de la reforma fiscal, Hacienda trabaja intensamente en la preparación de una mayor agilización de la administración tributaria, con la finalidad triple de incrementar los efectivos humanos (se incorporarán 1.200 personas más, tantas como las que se habían incorporado en los últimos cuarenta años), se descentralizará la administración fiscal. tratando de acercar ésta al contribuyente y mecanizando la mayor parte de la información. Y finalmente reforzando las garantías jurídicas del contribuyente.

Otro de los temas que Hacienda está considerando seriamente es el polémico asunto de la publicidad de las listas de contribuyentes. En general, existe la impresión en Hacienda de que la publicación de las listas de contribuyentes ha dejado de ser necesaria.