Se gravará fiscalmente la propiedad de viviendas desocupadas
El Pleno del Congreso de Diputados aprobó ayer, por 143 votos a favor, 140 en contra y tres abstenciones, una enmienda propuesta por el grupo mixto y por los socialistas, a fin de qué en el proyecto de ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se graven las viviendas que permanezcan desocupadas durante diez meses al año y que pertenezcan a miembros de una unidad familiar que posea más de tres viviendas. Unión de Centro Democrático (UCD) se pronunció en contra, pero fue derrotada por tres votos.
El debate sobre el proyecto de ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el más importante de cuantos constituyen la proyectada reforma fiscal; se inició ayer en el Pleno de la Cámara pasadas las siete de la tarde. En el banco reservado a los miembros del Gobierno se encontraba el titular de Hacienda, Francisco Fernández Ordóñez. En esta primera sesión de trabajo se llegó a aprobar hasta el artículo dieciséis. Prosperaron dos enmiendas (una de ellas asumida por Unión de Centro Democrático) y se rechazaron otras tres, propuestas por Alianza Popular (dos) y el grupo comunista.El diputado aliancista Alvaro Lapuerta defendió que el apartado tres del artículo siete se modificara en el sentido de que las personas casadas y los hijos menores no emancipados sean gravados independientemente. A su juicio, la redacción actual -acumulación de rentas- va en perjuicio del matrimonio legítimo, dado que un hombre y una mujer que vivan juntos sin casarse tributarán en mejores condiciones que si estuvieran unidos legalmente.
En contra de esta enmienda se pronunció Perfecto Yebra (UCD), que estimó que su aprobación supondría la ruptura de toda la filosofía del proyecto de ley que se basa en gravar la acumulación de rentas. «El ministro de Hacienda. y la UCD han tenido en cuenta la protección de la familia en otros apartados de este mismo proyecto.» La enmienda fue derrotada por veintiún votos a favor, 256 en contra y tres abstenciones.
La segunda enmienda de Alianza Popular, derrotada por 244 votos en contra, diecisiete a favor y dieciocho abstenciones, fue defendida por Laureano López Rodó, que pretendía la supresión del apartado del artículo dieciséis, por el que se comprende como rendimiento procedente de la propiedad el supuesto de los inmuebles urbanos utilizados por sus propietarios. El señor López Rodó estimó que se trataba, a todas luces, de una renta que no existía en la realidad. El diputado Sagarra (UCD) fue el encargado de dar la réplica, que basó en la tradición del Derecho Fiscal español.
La tercera enmienda derrotada fue la defendida por Ramón Tamames (PCE), para que no se diera la opción a tributar como persona física o como sociedad a todas las entidades, sino exclusivamente a las calificadas como pequeñas y medianas. Señaló que la redacción actual no atajaba el sistema fraudulento de las sociedades interpuestas, el mismo argumento que fue esgrimido más tarde por el señor Lozano (PSOE) al pronunciarse a su favor. En contra intervinieron los diputados centristas César Pin y Jaime García de Añoveros. La enmienda fue derrotada por 154 votos en contra, 129 a favor y seis abstenciones.
Los socialistas consiguieron hacer prosperar las dos enmiendas que defendieron. La primera pretendía que en el artículo doce se determinará qué es una empresa pequeña y mediana. «Queremos -dijo- que se afirme que son aquellas que tienen menos de veinticinco socios y un capital fiscal menor de cien millones de pesetas.» César Pin, en nombre de UCD, se mostró de acuerdo y sugirió, además, que se especificara que los socios debían ser personas físicas y no jurídicas. Su propuesta no fue tomada en consideración, dado que el reglamento no autoriza en estos casos las enmiendas in voce. La propuesta socialista fue aprobada por 264 votos a favor y nueve abstenciones.
No hubo acuerdo PSOE-UCD, por el contrario, en la enmienda defendida por el socialista Luis Solana (prácticamente igual a la presentada por el señor Sánchez Ayuso, del Grupo Mixto) para conseguir que se gravaran las viviendas que permanezcan desocupadas diez meses al año. El señor Solana se refirió al fenómeno dramático de las ocupaciones de viviendas y al insulto que suponía para quienes no pueden acceder a una vivienda el hecho de que haya muchas desocupadas. La enmienda socialista y del Grupo Mixto fue apoyada, con idénticos argumentos, por el diputado comunista Ramón Tamames. Por el contrario, el señor Sagarra (UCD) se pronunció en contra por estimar que el tema de las viviendas desocupadas debía resolverse a través de la nomativa del Ministerio de Obras Públicas y no a través de la reforma fiscal. La enmienda prosperó, como queda dicho, por tres votos de diferencia.
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