Editorial:Editorial
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La reintegración foral

LA INCLUSION en el texto dictaminado por la Comisión del Congreso de una disposición adicional según la cual «la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales» es seguramente el más importante paso dado, después de la ley de Amnistía del pasado octubre, para solucionar el contencioso del País Vasco.Aunque también otros factores hayan contribuido al deterioro de la situación en Euskadi (entre otros, la insensata política de orden público del franquismo), la pérdida de protagonismo del PNV en favor de ETA durante la última etapa de la dictadura es una de las claves de ese callejón sin salida al que la prepotencia de unos, la desesperación de otros y la indiferencia de los más ha conducido a la cuestión vasca. La estrategia de repliegue y espera del PNV tras el derrumbamiento de las esperanzas concitadas por la derrota de los fascismos en 1945 creó el espacio en el que se instalaron los diversos grupos dirigentes que han ocupado sucesivamente el control de ETA. El culto a la violencia, la utilización de métodos terroristas y la bandera del independentismo han cons.tituido la materia prima del testigo en esa carrera de relevos en la dirección de ETA, de la que se fueron separando a lo largo de los años los fundadores de partidos tan diferentes entre sí como el hasta hace pocos días socialdemócrata ESB, la trotskista LCR, el marxista-leninista-maoísta MC o el leninista ElA. Pero aunque los antiguos líderes de ETA cambiaron de ideología y renunciaron a la violencia, siempre quedó intacto un núcleo de hombres armados al servicio de la estrategia insurreccional y a los objetivos independentistas de los dirigentes de ETA que se encargaron de relevarles. Las dudas sobre la capacidad actual de Argala para comprometer en stis negociaciones a los ejecutores de la violencia es, por esa razón pragmática, uno de los más serios obstáculos para aceptar las conversaciones públicas con una organización cuya cúpula política parece históricamente incapaz de hacerse obedecer por sus bases.

Pese a la presencia de ETA (que modificó las coordenadas de la vida política de España entera con el atentado contra el almirante Carrero), el PNV resurgió, tras la muerte del dictador, como la expresión tradicional del vasquismo interclasista y como la fuerza política con mayor implantación electoral,j unto al PSOE, en Euskadi. Sin embargo, los herederos de Sabino Arana no han desempeñado, desde el 15 de junio de 1977, el papel histórico que sus votos y su pasado les otorgaban. Una razón es la ocupación del espacio político abertzale por grupos filoctarras e independentistas. Otra, sus vacilaciones a la hora de adoptar una postura clara y rotunda respecto a la lucha armada de ETA. Pero estos son niotivos inmediatos cuya causa última se remonta, por un lado, a la necesidad del PNV de tomar en cuenta el independentismo emocional e inercial de una parte de su militancia y de su electorado, y por otro, las inciertas perspectivas que la cerrazón gubernamental creaba sobre las posibilidades de un autonomismo vasco que fuera más allá de las palabras y de la retórica. Los dirigentes del PNV parecen desear una solución pacífica y sensata para la cuestión vasca y no propician, en cualquier caso, ese desenlace wagneriano en el que la ocupación militar de Euskadi iría aparejada con la destrucción de la democracia en el resto del país, por el que ETA, a sabiendas o no, apuesta. Pero también luchan, al tiempo, por instituciones de au,togobierno dotadas de contenido real y no decoradas simplemente por esos telones de cartón-piedra zarzueleros que el ministro para las Regiones diseña en la arbitrista soledad de su despacho.

Por esa razón, la aprobación por la Comisión Constitucional de la disposición adicional sobre la reintegración fóral ofrece al PNV su gran oportunidad histórica, y abre, al tiempo, un ancho camino para resolver de manera pacífica la cuestión vasca. EI reconocimiento de los derechos forales legitima al nacionalismo vasco para negociar solventemente con el poder central y para rubricar un acuerdo de largo alcance con las demás fuerzas políticas con implantación electoral en Euskadi que se hallen de acuerdo con esa perspectiva. Le suministra, a la vez, argumentos políticos para relegar los grupos independentistas a ese limbo de proyectos imposibles -y por, tanto indeseables- que sólo la torpeza del franquismo hizo viables. Y también le confiere autoridad para exigir a los terroristas de ETA que depongan definitivamente las armas, pese a que la violenta respuesta de esa organización a las elecciones generales de junio y a la ley de Amnistía no anime demasiado a creer en su capacidad para el análisis racional y el acomodamiento a la democracia.

Para esa negociación que la Constitución hace posible, el Gobierno y los partidos parlamentarios deben revisar seriamente sus prejuicios y sus dogmas. La insistencia del señor Clavero en repetir, inasequible al desaliento, la buena doctrina de la perfecta igualdad entre las regiones, últimamente revestida de audaces metáforas futbolísticas sobre la pertenencia de todas ellas a la Primera División, aburre ya hasta a las ovejas y no convence ni siquiera a los corderos. La astuta treta ideada por el viejo centralismo para anegar las reivindicaciones vascas y catalanas en una riada de descentralizaciones administrativas no ha servido para nada. Porque el deber de toda la comunidad española de acabar con el subdesarrollo económico y la desigualdad social dentro del territorio peninsular no debe servir de pretexto para negar la especificidad política y la peculiaridad cultural de las reivindicaciones del País Vasco y de Cataluña, y para rebajar sus derechos a instituciones de autogobierno.

Las fuerzas vasquistas tienen, ciertamente, el peligro de caer en la anacronía y el particularismo. Sin embargo, la reintegración del régimen foral no puede significar una vuelta del reloj de la historia hacia la sociedad preindustrial y campesina anterior a la primera guerra carlista, sino una actualización, como señala la disposición adicional, llevada a cabo «en el marco de la Constitución y de los estatutos de autonomía».

En cualquier caso, la inteligencia política de los miembros de la Comisión Constitucional del Congreso hizo posible, anteayer, algo que ni los más optimistas podían atreverse a soñar hace unos días: que el PNV haga suyo el texto de la futura Constitución y se una a ucedistas, socialistas y comunistas en la campaña de movilización previa al referéndum popular a fin de que el pueblo vasco apruebe mayoritariamente en las urnas el instrumento jurídico básico sobre el que pueda edificarse la convivencia pacífica y democrática de todos los ciudadanos y de todas las nacionalidades y regiones que componen España.

* Este artículo apareció en la edición impresa del miércoles, 21 de junio de 1978.

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