Productividad y precios

Jefe del Departamento Técnico-Económico de UNESAProbablemente, uno de los ternas más controvertidos en economía de la empresa sea precisamente el del concepto de productividad y su medida. En relación con este tema se admite ya unánimemente que los índices que toman aspectos parciales para juzgar sobre la productividad de una empresa tienen el Inconveniente, a veces grave, de olvidar las demás interrelaciones y dar en consecuencia una visión asimismo parcial, no representativa del conjunto de la empresa y su actuación. Las dificultades y posibles errores son, sin duda, mucho mayores cuando, además, se utilizan para establecer comparaciones.

Por ello, los estudios de productividad han avanzado en la línea de considerar la productividad de los factores de la producción dentro del contexto de «productividad global de la empresa». Probablemente Francia y EE UU hayan sido pioneros en este campo, tanto a nivel teórico como de aplicación. Concretamente, en lo que respecta al sector eléctrico, en el seno de la Unión Internacional de Productores y Distribuidores de Electricidad (Unipede) un grupo de expertos de diversos países trabajó durante varios años para la aplicación de dos métodos (productividad global y valor añadido) al análisis de la productividad al sector eléctrico. Los resultados de su aplicación a los ejercicios económicos de diez años y referidos a distintos países: Francia, Inglaterra, Alemania, España, etcétera, fueron publicados en el Congreso de Unipede, celebrado en La Haya, y permiten observar cómo los resultados de España son perfectamente comparables con los de otros países.

La complejidad del tema impide extenderse aquí más en el mismo, pero el lector interesado puede analizar dichas publicaciones.

Hay que indicar, además, que estudios de esta naturaleza, por su solidez científica, sirvieron de base para que, por ejemplo, en Francia, se estableciera el denominado «contrat programme» entre Electricité de France y el Estado francés, a fin de que mientras EDF se comprometía a mantener unos niveles de productividad global, el Estado permitía un mayor nivel de autonomía a la empresa nacional, que se veía en buena medida afectada por la burocratización de sus decisiones de gestión.

No obstante lo anterior y referido a índices parciales de productividad, conviene hacer algunas aclaraciones especialmente cuando se utilizan para efectuar comparaciones respecto a eficacia de la gestión.

Así, por ejemplo, cuando se comparan KWH producidos con número de empleados en sistemas tan desproporcionados como España y EE UU hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso español pesa mucho el número de empleados dedicados a distribución, verificación de instalaciones, sistemas de cobranza de recibos, etcétera; mientras estos sistemas están, no sólo para el sector eléctrico, sino para todos los servicios, mucho más automatizados en EE UU que en España; que el nivel de obra en curso en términos relativos es mucho mayor, y por tanto, también mucho mayor la mano de obra en España que en EE UU y que, por ejemplo, según que una obra se lleve mediante contratas con una empresa ajena al sector o mediante personal en nómina en la empresa eléctrica, el número de empleados varía enormemente y, en consecuencia, el valor del ratio empleado para juzgar la eficacia de la gestión.

Cuando la productividad se mide a través de datos de costes de producción, no pueden olvidarse las diversas situaciones entre países y la interrelación entre los distintos componentes del coste global. Así, por ejemplo, sería perfectamente comprensible que, a pesar de la crisis del petróleo, un KWH resultara más barato en un país árabe produciéndole en base a quemar fuel que en Estados Unidos en base a centrales nucleares, a pesar de que éstas requieran proporcionalmente menor cantidad de mano de obra que las de fuel; pero, naturalmente, habría que tener en cuenta también lo -barato y abundante comparativamente de la mano de obra y del fuel-oil en el país árabe productor de petróleo, ya que si no sería ilógico acusar de menos productivo a un sistema que a otro. La misma paradoja se daría, por ejemplo, entre la agricultura extensiva americana y la intensiva europea, debido a la escasez relativa de los factores tierra y trabajo, sin que por ello pueda afirmarse que una es más productiva que la otra, sino simplemente que son distintas.

También hay que tener en cuenta el efecto de las economías de escala. Así, el número de empleados en el sector eléctrico español es sensiblemente análogo en la actualidad a cuando la producción total era 2/3 de la de ahora.

En el caso del sector eléctrico español hay que tener igualmente en cuenta que, por ejemplo, en los combustibles, el carbón nacional es de muy inferior calidad que el americano, que el fuel-oil debe ser en su inmensa mayoría importado a los precios internacionales y que no existe prácticamente producción eléctrica en base al gas. Como consecuencia el coste promedio de los combustibles empleados en España es actualmente del orden del 50 % mayor que en EE UU y, aunque en año hidráulico medio, en Estados Unidos de cada 100 KWH producidos 85 son de origen térmico y en España tan solo son setenta, dada la diferencia de precios de los combustibles, la repercusión del coste de los mismos sobre el total de KWH producidos es en España un 20 % superior a Estados Unidos.

En cuanto a los ingresos obtenidos por venta de la energía eléctrica y aún teniendo en cuenta las limitaciones señaladas anteriormente para las comparaciones internacionales, es conocido que en España están por debajo de los costes reales del servicio y que según los datos elaborados para los países europeos del Mercado Común por The Electricity Council de Inglaterra y otro estudio similar realizado por la Union des Explotations Electriques en Bélgica, el precio medio del K WH en España resulta en conjunto inferior aproximadamente en el 25 % al de dichos países.

Hay que tener en cuenta asimismo que otro de los grandes capítulos de coste del suministro eléctrico lo constituyen los costes financieros del capital invertido, dada la aplicación intensiva de capital que el proceso tecnológico de producción de electricidad exige haciéndole uno de los sectores industriales con mayor capitalización. Pues bien, corno también es conocido, los costes financieros de los mercados de capitales y préstamos son actualmente muy inferiores en los EEUU que en Europa, en general, y en España, en particular, con diferencias que superan en muchos casos los cinco puntos en los tipos de interés.

La situación anterior se ha visto agravada a partir de la crisis económica que tuvo su origen en la crisis energética de 1973 afectando más desfavorablemente a países que, como España, han debido experimentar unas devaluaciones monetarias que han incrementado notablemente los costes de la financiación y no podrá ciertamente decirse que dichas medidas hayan sido necesarias como consecuencia de la actuación de las empresas eléctricas, ni que éstas hayan salido beneficiadas en medida alguna ya que no efectúan exportaciones con fines económicos lucrativos de sus producciones.

A este respecto y al efectuar comparaciones, tampoco conviene olvidar que los únicos que a medio y largo plazo salen beneficiados, en términos relativos, de las consecuencias de la crisis energética, son las grandes potencias con recursos autóctonos abundantes, entre los que, precisamente, EE UU tiene una posición privilegiada.

En cuanto a las compensaciones CEUN hay que tener presente que las mismas no repercuten en el precio final del KWH, y son consecuencia de la existencia de tarifas tope unificadas, actuando como caja de compensación interempresas. La Administración conoce perfectamente este sistema y además, dado que unas empresas son las que tienen que percibir lo que otras abonan, existe lógicamente en este sistema un control mutuo más estricto que las solas regulaciones administrativas ya que, actuando competitivamente, como es natural, una empresa no renuncia a sus percepciones en favor de otra. Si se produjeran abusos en este caso es fácilmente comprensible que las empresas desfavorablemente afectadas buscarían el arbitraje de la Administración o el que consideraran más efectivo con tal de no renunciar a sus derechos. Se consigue así un sistema mucho más eficaz a través de UNESA que la simple vigilancia de la Administración respecto a todas y cada una de las empresas y de hecho los fondos movidos son objeto de permanentes controles interempresas con inspectores designados al efecto.

El paso a tarifas regionales o provinciales diferenciadas en cuanto a nivel y estructura alteraría lógicamente el sistema pero la existencia de tarifas unificadas es una decisión impuesta por la Administración a las empresas, que no tiene por qué alterar el funcionamiento de éstas, que aparecen en principio como neutrales ante el sistema en función de las compensaciones CEUN. En cualquier caso conviene tener presente que la unificación de tarifas es el sistema dominante en la práctica totalidad de los países europeos y que a partir de la crisis energética de 1973 incluso los países que tenían ciertas diferenciaciones regionales de tarifas como Francia, Inglaterra, Irlanda, etcétera, tienden a la unificación según han puesto de manifiesto en los últimos congresos, por lo que parece cuando menos oportuno considerar adecuadamente los pros y contras de una diferenciación territorial de tarifas antes de proceder a un cambio de esa importancia, que desde el punto de vista empresarial no tendría, sin embargo, trascendencias económicas distintas a las actuales ya que, cada empresa, establecería el precio en función de sus propios costes.

Con el paso a una empresa estatal única este problema de tarifas sería análogo y en cuanto a la transparencia de costes e información económica es claro que la Administración tiene en sus manos la exigencia de la misma en las condiciones que considere más convenientes, ya que, además, ésta es mucho menos compleja que la que precisa, por ejemplo, para las inspecciones tributarías de los distintos sectores. Afirmar que existirá mayor transparencia si las empresas fueran del Estado, es tanto como defender que también se inspeccionaría mejor los impuestos si todas las empresas estuvieran estatificadas y que, en consecuencia, habría que estatificar toda la economía, perdiendo por supuesto ventajas tales como todas las inherentes al sistema de libre empresa. No puede basarse en estos razonamientos la estatificación del sector, como tampoco tiene que ser necesariamente cierta la afirmación de que cuando el Estado es propietario de la empresa conoce mejor sus costes pero éstos son más elevados. Conviene no obstante recordar que ya el gran hacendista Luigi Einaudi establecía que, tradicionalmente, el Estado se ha mostrado mucho más eficaz como controlador que como empresario.