Los funcionarios de planeamiento municipal se sienten "insultados"

Existe un profundo malestar entre el funcionariado del departamento de planeamiento del Ayuntamiento de Madrid por la decisión adoptada en las altas esferas de esta entidad de encargar a una empresa privada, UIASA, los trabajos de redacción del plan especial para la protección del patrimonio histórico. Esta cesión, en principio, supone para el Ayuntamiento un desembolso de doce millones de pesetas. Los funcionarios municipales se han enterado de ella por la prensa, ya que no fueron consultados ni informados anteriormente.Según pudo saber ayer EL PAÍS por el gerente de Urbanismo, señor Enríquez de Salamanca, la medida ha sido obligada «por la inoperancia del departamento encargado de realizar las tareas, que ahora se han encomendado a Urbanismo, Ingeniería y Arquitectura, SA. Según el señor Enríquez de Salamanca, desde el pasado día 15 de mayo no se había producido ninguna evolución favorable en los trabajos, que deben estar terminados antes del próximo mes de noviembre, fecha en la que el Ayuntamiento debe resolver sobre una serie de licencias de construcción solicitadas y paralizadas momentaneamente.

Esta opinión del gerente municipal de Urbanismo contrasta notablemente con la de los funcionarios del departamento de planeamiento quienes, bajo la dirección del arquitecto Juan López Jaén, realizaron un trabajo exhaustivo durante un año para poner a punto el precatálogo histórico artístico, que ha influido notablemente en la concepción histórica de Madrid, en sus barrios más dignos de ser conservados.

Según pudo saber EL PAÍS, los funcionarios municipales, técnicos y arquitectos de planeamiento, consideran una ofensa la postura del Ayuntamiento. «Es lamentable que tras doce meses de trabajo intensivo se encargue ahora la recta final del catálogo a una empresa privada. Estamos perfectamente capacitados para realizar esta función y tenerla lista antes de noviembre, entre otras cosas porque hemos sido nosotros los que hemos almacenado miles de datos, fichas, planos y estudios que han constituido el primer estudio serio en los mil años de historia de Madrid por conservar algo, o al menos intentarlo, en esta ciudad que se pierde poco a poco. Es inconcebible que mientras se nos dice constantemente que en el Ayuntamiento no hay un duro, cuando los funcionarios tienen, en ocasiones, problemas para cobrar sus sueldos puntualmente, el Ayuntamiento destine doce millones de pesetas, que pueden ser más al final, para pagar un trabajo que podríamos hacer nosotros. »

Junto a estas opiniones de funcionarios municipales, se encuentra un comunicado de la Asociación para la Defensa Ecológica y del Patrimonio Histórico-Artístico (Adelpha), en el que se solicita del Ministerio del Interior una actuación inmediata sobre el Ayuntamiento de Madrid, a fin de que reconsidere su postura, adoptada en el pleno del pasado 31 de mayo, cuando se aprobó la adjudicación del plan especial a UIASA.

El plan especial es la tercera fase del proceso de preservación del patrimonio urbano iniciado con el Precatálogo de Edificios y Conjuntos. En la actualidad el proceso se encuentra en la fase de recogida de alegaciones, del que se pasará a la confección del catálogo definitivo y, posteriormente, la redacción del plan. «La decidida actitud -dice Adelpha- del anterior alcalde, Juan de Arespacochaga, en el sentido de hacer del precatálogo letra muerta, se plasmó en la disolución del equipo encargado de esta labor, dirigido por el arquitecto Juan López Jaén. Al mismo tiempo se realizó la demolición del Hospital Alemán, primero que se derribaba tras la purificación del precatálogo. Con la llegada de José Luis Álvarez pareció que cambiarían las tornas, pero, desgraciadamente, el inicio de su gestión vino marcada por la demolición ilegal del palacio de Talara y de la Caja de Ahorros de EIoy, Gonzalo, 10.»

Al margen de las opiniones de los funcionarios y de Adelpha, queda en el aire la posible incongruencia que supone el que la planificación definitiva de los edificios, conjuntos y ambientes a conservar en esta ciudad, haya quedado en manos de una empresa privada, cuando lo más lógico es que en ella hubieran participado entidades ciudadanas, partidos políticos y, en su redacción, técnicos del Ayuntamiento.