El desvío del Llobregat, "eterno proyecto" franquista

Nada más conocerse el proyecto de desvío del Llobregat los estamentos de la comarca iniciaron una protesta, en aquellos tiempos moderada en extremo. El proyecto era retirado por el propio Ministerio en 1968, sin embargo, de una manera sorprendente, un año después el proyecto volvió a plantearse bajo el pretexto de ampliación del puerto de Barcelona.Los vecinos de la comarca inician entonces diversas investigaciones y descubren que importantes intereses privados que saldrían beneficiados con la desviación del río. De una parte, aparece la Sociedad Poligonal, SA, dedicada a la promoción inmobiliaria y vinculada al grupo del Banco de Madrid, al que a su vez está vinculado Jaime Castell, Juan Antonio Samaranch y lo estuvo el ex alcalde de Barcelona Joaquín Viola. Esta sociedad había adquirido alrededor de cuarenta hectáreas de terreno junto a la playa de El Prat, muy pocos kilómetros al sur de la actual desembocadura. Después, con el relanzamiento del proyecto del desvío, resulta que los terrenos quedan situados justo al lado del nuevo cauce. Si tenemos en cuenta que el desvío considera que el nuevo cauce fluvial debe tener una anchura de cuatrocientos metros; la zona queda en inmejorables condiciones para convertirla en un complejo deportivo para actividades náuticas.

Asimismo, otra empresa Urprasa -vinculada a personas que también lo están en Poligonal, SA- es la propietaria de otras ochenta hectáreas ubicadas un poco más al sur de los terrenos de poligonal. Se asegura que entre las finalidades de Urprasa está la de crear una zona de turismo de lujo, ampliamente beneficiada por la proximidad de un puerto deportivo. A todo esto, los vecinos han replicado, a lo largo de las campañas lanzadas contra el desvío, que aparte del evidente negocio especulativo que representa, supone la muerte efectiva de la comarca.

Si se produce el desvío, originará una salinización de las aguas subterráneas próximas a la actual desembocadura, con la consiguiente mutilación de una de las zonas agrícolas más fértiles y productivas de Cataluña, lo que rompería el equilibrio ecológico de toda la comarca.

Ayuntamiento de El Prat: del pleito al visto bueno

Por todo ello, en 1973, el Ayuntamiento de El Prat de Llobregat entabla un pleito con el Ministerio de Obras Públicas, presentando una demanda ante el Tribunal Supremo sobre la base de que la actuación del MOP no se ajusta a derecho. Se argumenta que el proyecto es incompleto por cuanto no evita la salinización, al tiempo que se consideraba contraria a derecho la aprobación, por el Ministerio, de la información pública del proyecto y la declaración de urgencia de expropiación de los terrenos.Paralelamente la oposición al desvío crece. Es la época en que lo partidos políticos empiezan a aflorar a la superficie y la campaña popular tiene su punto álgido en septiembre de 1976: una manifestación de más de 25.000 personas recorre las calles de El Prat lanzando consignas contra el desvío.

La campaña logrará crear una situación un tanto insólita durante las postrimerías del franquismo y primeros tiempos de la Monarquía: los partidos políticos de la oposición y las entidades ciudadanas aparecen coaligados con los ayuntamientos de la comarca. La oposición al desvío es firme y la coincidencia de análisis entre la oposición democrática y los ayuntamientos es total.

Sin embargo, después de que el pasado mes de abril el tribunal supremo emitiera un fallo sobre el desvío favorable al Ministerio de Obras Públicas, ha habido un replanteamiento general sobre la actitud de los diferentes estamentos opuestos al desvío.

En primer lugar, el Ayuntamiento de la localidad de El Prat de Llobregat reconsidera su oposición al desvío en el transcurso de una sesión plenaria del consistorio celebrada el pasado 6 de mayo. En esta sesión se aprobaría, con la consiguiente oposición y dimisión de los concejales «de la oposición», dar luz verde a la ampliación de un polígono industrial -Polígono Pratense- cuyos límites coinciden, curiosamente, con los límites del nuevo lecho del río resultante del desvío que propone el Ministerio. Esta aprobación representa dar por supuesto que el desvío se llevará a cabo, lo cual no deja de ser un contrasentido toda vez que el Ayuntamiento de El Prat es quien encabezaba la demanda ante el Tribunal Supremo.

En palabras de Jaume Codina, uno de los tres concejales dimitidos a raíz de este hecho, «la aprobación de este polígono representa romper con la línea de coherencia que mantenía el Ayuntamiento. No hacía falta presentar la demanda ante el Supremo, si al Final había que transigir de esta manera. Sólo la minuta del abogado que tramitó la demanda asciende a tres millones de pesetas».

Ahora, la responsabilidad de la campaña en contra del desvío recae directamente en la comisión intermunicipal contra el desvío. Esta comisión está compuesta por la práctica totalidad de partidos políticos de la comarca, en un abanico que va desde UCD hasta la extrema izquierda, centrales sindicales y asociaciones cívicas. De la misma se ha excluido al Ayuntamiento de El Prat por su política ambigua sobre el tema.

El gobernador apoya a la oposición

La campaña se encuentra actualmente en una primera fase de sensibilización. Según un miembro de la comisión, «en estos momentos no se cuenta con el potencial necesario para que pueda darse una movilización masiva. Por un lado, la decisión del Ayuntamiento de El Prat de abandonar su postura de oposición al proyecto, ha producido un cierto desencanto en ciertos sectores. Otro peligro que existe es el posible cese del gobernador civil José María Belloch. El gobernador tiene una postura favorable a nuestra causa, llegando incluso a frenar la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de las órdenes de expropiación de terrenos a los afectados por el proyecto de desvío, y nos consta que se ha mantenido en su postura pese a fuertes presiones recibidas».La comisión intermunicipal considera necesaria una definición de la Generalidad de Cataluña sobre el tema. «Hasta la fecha sólo tenemos constancia de las declaraciones formales del ministro de Obras Públicas y Ordenación Territorial, Narcís Serra, pero también es cierto que existen indicios en el sentido de que, de presentarse el tema en el Consejo de Ministros de la Generalidad, la postura sería favorable al desvío, lo cual da idea de las presiones que los grupos financieros interesados en el proyecto están realizando.»