Fernando Abril se incorpora a la negociación final de la Constitución

El vicepresidente del Gobierno, Fernando Abril, se reunió ayer en el despacho del diputado socialista Gregorio Peces-Barba, en la calle Conde de Xiquena, con otros miembros de la Comisión Constitucional, entre los que se encontraban, al menos, José Pedro Pérez Llorca (Unión de Centro Democrático), Jordi Solé Turá (Grupo Comunista) y Miguel Roca (Minoría Catalana). Alfonso Guerra, socialista, abandonó la reunión -convocada con la máxima reserva- a las ocho y media de la tarde. Al cierre de esta edición, los parlamentarios permanecían reunidos y se disponían a tomar la cena que les fue subida desde un restaurante próximo.

La presencia de un miembro del Gobierno en este momento de las negociaciones -cuando ya se han celebrado otras muchas reuniones, siempre desmentidas por sus protagonistas- hace suponer que se mantiene el acuerdo básico y que se ha entrado en la última etapa de las negociaciones con la concreción detallada de los puntos más conflictivos, relativos todos ellos al capítulo tercero del título VIII, que regula las comunidades autónomas. El Gobierno y los grupos parlamentarios desean dar solemnidad al término de los trabajos en la Comisión Constitucional y probablemente lo hagan coincidir con el primer aniversario de las elecciones del 15 de junio. El texto constitucional se debatirá después, a lo largo de una semana, en el Pleno del Congreso, para pasar posteriormente al Senado.Aunque los términos de esta última negociación se mantienen en el más absoluto secreto, los puntos que seguían considerándose ayer más conflictivos son los relacionados con el poder judicial autonómico y las competencias en materia de educación. En las conversaciones anteriores se perfilaron dos posturas distintas: la de los dos partidos nacionalistas (PNV y Minoría Catalana) y la de los partidos de ámbito estatal.

El tema del poder judicial autonómico -la existencia de tribunales superiores que cumplan, en su ámbito, una función similar a la del Tribunal Supremo- se planteó ya en la discusión del artículo 115 del anteproyecto, pero tanto los representantes del PNV como de la Minoría Catalana -de acuerdo con lo que se había tratado en las negociaciones simultáneas con el resto de los grupos- propusieron que se pospusiera la discusión hasta que se entre en el título VIII.

Para el PNV se plantea un problema adicional: el reconocimiento de los derechos forales que históricamente tuvo el pueblo vasco y que les fueron arrebatados por acciones de guerra. «Si lo que preocupa fundamentalmente es la unidad del Estado -declaró ayer al corresponsal de EL PAÍS Jesús Ceberio el presidente del PNV, Carlos Garaicoechea-, nosotros hemos ofrecido ya la fórmula para solventar de una vez este contencioso mediante el pacto foral con la Corona. Lo que nos tememos es que, además de la unidad, se nos trata de imponer también una determinada forma de Estado.»

Los propios nacionalistas vascos consideran improbable que pospere su planteamiento, por lo que ofrecen otra redacción alternativa. «Aún cabe la posibilidad de que se incluya algún artículo -añadió el señor Garaicoechea- que, hábilmente redactado, deje al menos abierta la puerta al reconocimiento de los derechos forales, de acuerdo con los representantes del pueblo vasco. Esta fórmula, menos satisfactoria para nosotros, es lo mínimo que podernos pedir.»

El único grupo parlamentario que parece permanecer al margen de las negociaciones constitucionales es Alianza Popular. Sin embargo, su líder, Manuel Fraga, está siendo informado del desarrollo de las mismas.