Peligran las elecciones para la Asamblea Constituyente en Perú

Son muchos los peruanos que dudan de que las previstas elecciones para la Asamblea Constituyente puedan celebrarse el próximo día 18 de junio, última fecha señalada por el Gobierno de¡ general Mora les Bermúdez para la realización de los comicios. Los graves incidentes producidos la semana pasada, a raíz de la publicación de un rígido plan económico, hicieron preciso el aplazamiento de la fecha prevista inicialmente, 4 de junio, para la consulta popular.

A pesar de que ayer se reanudaron con cierta normalidad las actividades universitarias, la situación en Perú dista mucho de ser normal. Sobre el ánimo de la población pesa aún el trágico balance de veintiún muertos y decenas de heridos producidos en choques entre el ejército y manifestantes. Las protestas por las medidas económicas dictadas por el Gobierno no se acallarán fácilmente y esa es la razón principal por la que muchos políticos piensan que el día 18 próximo no se habrá conseguido el necesario clima de distensión y paz social para la celebración de unas elecciones.El origen del conflicto tiene dos polos claramente definidos: uno político y otro económico. En el plano económico, Perú es hoy una nación en bancarrota. Este mismo año deberá hacer frente a pagos por cerca de mil millones de dólares, correspondientes a vencimientos e intereses de su deuda exterior. Perú no dispone de reservas y sus exportaciones se han reducido al mínimo. El coste de la vida subió en un año cerca del 50%.

Todas estas razones aconsejaron al Gobierno de Morales Bermúdez la instrumentación de un programa económico que supone, fundamentalmente, fuertes alzas en los precios de productos básicos. El Gobierno retiró las subvenciones a los aumentos y carburantes y, en una semana, estos productos, así como los transportes públicos han sufrido elevaciones del 30 al 130%. Para los niveles de ingreso de la mayoría de los peruanos, la situación se ha vuelto insostenible, y éste ha sido el origen de las violentas protestas callejeras y de la huelga general de 48-horas realizada la semana última.

Medios de la oposición peruana admitieron que era inevitable la adopción de las medidas tomadas por el Gobierno, pero expresaron su sorpresa por el hecho de que fuesen puestas en práctica a sólo tres semanas de las elecciones, cuando estaba previsto que se hiciese tras los comicios para la. Asamblea Constituyente.

Desde el punto de vista político, la posición de los militares que ocupan el poder es cada día más partidista y este hecho, en lugar de aliviar tensiones, contribuye a provocarlas.

Un indicio claro de la postura adoptada por el Gobierno es la «caza de brujas», iniciada por el ejército y la policía horas antes de que el presidente Morales decretara el estado de emergencia en todo el país, ante la anunciada huelga general de ocho horas, la pasada semana. Decenas de dirigentes políticos y gremiales izquierdistas fueron detenidos, bajo la acusación de «inspirar actos subversivos». Catorce candidatos de formulaciones políticas de izquierda en las próximas elecciones fueron expulsados sumariamente del país y trasladados en un avión militar a Buenos Aires.

El hecho de que los deportados -entre los que se encuentran el líder sindical Hugo Blanco, dos ex ministros de Velasco y varios oficiales del ejército- fueran enviados a Argentina y no a cualquier otro país más cercano, ha provocado numerosas protestas en Perú y en el extranjero. Se reprocha, en efecto, al Gobierno militar el que se envíe hombres marcadamente de izquierdas a un país donde ya han sido asesinados más de media docena de destacados exiliados políticos.