La investigación oficial detecta importantes irregularidades en las operaciones del banco Coca

Personas de la alta dirección del Banco Coca aparecen cada día más implicadas en el turbio asunto de la evasión de capitales a Suiza. El tema se encuentra en estos momentos sometido a investigación por parte de la inspección fiscal del Ministerio de Hacienda, la Brigada de Delitos Monetarios y el Juzgado número tres de la Audiencia Nacional, y es muy probable que en fecha próxima el ministerio fiscal actúe también en el caso.Un comunicado de la agencia Efe señalaba ayer, citando fuentes policiales, que uno de los implicados en el caso, el ex consejero delegado del Banco Coca, Enrique Miñarro Montoya, había reconocido ante la autoridad judicial haber evadido del país un total de dieciséis partidas, por importe de 651 millones de pesetas.

Los implicados en esta operación serían, además del señor Miñarro, un técnico de Aduanas, Diego Ferrer Gómez, administrador de diversas sociedades inmobiliarias y afines del Banco Coca en su capital, y Antonio Fábregas Mompeó, presuntamente encargado de transportar el dinero a Suiza.

Retirada de fondos

Las investigaciones oficiales se iniciaron a consecuencia de algunas averiguaciones previas realizadas por la inspección fiscal, en Málaga. Estas primeras investigaciones pusieron de relieve la existencia de anormalidades que, comunicadas a la inspección central en Madrid, dieron origen al descubrimiento de lo que parece ser tan sólo, al menos de momento, la punta de un iceberg, bajo cuya superficie se ocultarían diversas operaciones fraudulentas, algunas de las cuales han sido desveladas durante estos últimos días.

Según estas averiguaciones, el día primero de febrero pasado, siete inmuebles, propiedad seis de ellos del Banco Coca, -y el séptimo de una sociedad participada denominada Roble, SA, fueron adquiridos por los señores Ramírez, Medianero y la señora Vergara. Estas tres personas son totalmente desconocidas para la Hacienda, ya que no han realizado nunca la declaración de la renta y se sabe incluso que carecen de bienes personales suficientes como para realizar operaciones financieras del calibre de las que han protagonizado. Se trata, en efecto, de un pintor de brocha gorda, de un empleado de una clínica y de la esposa de un bombero, residentes todos ellos, según nuestras informaciones, en barrios modestos de la ciudad de Málaga. El importe de la operación ascendió a cien millones de pesetas, y los solares objeto de la transacción están situados en Madrid, Málaga, Alicante, Las Palmas, Cáceres y Valencia.

Cuatro días después, los tres titulares mencionados se intercambiaron entre sí los inmuebles, en una operación que, en conjunto, ascendió a 106 millones de pesetas. Y el día 10 de febrero (es decir, nueve días después de la primera operación), el Banco Coca volvió a adquirir la propiedad de los siete inmuebles, pagando por ellos la cantidad de 943 millones de pesetas, según consta en escrituras públicas otorgadas a través de diversos notarios de Madrid, Málaga y Fuengirola.

El milagro de los solares

Es decir, el Banco Coca transformó en nueve días unos activos inmuebles, que figuraban en sus balances con una valoración de cien millones de pesetas, en unos activos inmuebles valorados en 943 millones de pesetas, lo que supone una plusvalía de 843 millones de pesetas que se ha esfumado de los balances del banco.

Fuentes solventes han manifestado a EL PAIS que los dos hombres implicados en la operación han desaparecido de sus domicilios habituales. En cuanto a la señora Vergara, al parecer ha manifestado a las autoridades encargadas de practicar las diligencias su desconocimiento de la operación, y que sólo recuerda haber firmado unos papeles cuya naturaleza desconocía. Se confirma, por las declaraciones realizadas, que los tres compradores de estos inmuebles carecen de bienes personales de importancia, aunque uno de ellos adquirió recientemente un piso a plazos, desembolsando una primera entrega de 400.000 pesetas.

Las operaciones mencionadas se realizaron por parte del Banco Coca con desembolso de los preceptivos impuestos de transmisiones patrimoniales, concepto por el que han ingresado en el Tesoro público la cantidad de 130 millones de pesetas.

El descubrimiento de estas operaciones sobrevino cuando la inspección de Málaga, al sospechar alguna irregularidad en las mismas, interrogó a los tres intermediarios, a los que pudo localizar en un primer momento, y éstos declararon su falta de conocimiento de las transacciones. Esto provocó la inspección fiscal en la central del Banco Coca. Posteriormente, los tres implicados han desaparecido.

Paquetes sospechosos

Mientras las investigaciones proseguían por parte de la inspección fiscal, la Brigada de Delitos Monetarios del Banco de España sorprendió hace unos días, en Madrid, a Enrique Miñarro, antiguo consejero-delegado del Banco Coca y hombre todopoderoso aún en esta institución bancaria, en el momento en que procedía al transporte de varios paquetes conteniendo cincuenta millones de pesetas en efectivo, que acababa de retirar del Banco de España mediante un talón del Banco Coca. Dada la cuantía de la cifra, la Brig4da siguió a Miñarro hasta el momento en que le sorprendió cambiando la mencionada cantidad de dinero a otro vehículo. Los policías de dicha Brigada se trasladaron entonces al domicilio particular del señor Miñarro, un lujoso chalet de la calle de Serrano, valorado, al parecer, en unos doscientos millones de pesetas, y con una muy valiosa colección pictórica en sus paredes interiores, en donde fueron hallados cien millones de pesetas más en efectivo. Tanto el señor Miñarro como sus dos colaboradores en esta operación permanecen en estos momentos en libertad provisional, habiendo sido separado de sus funciones el funcionario de Aduanas implicado en el caso, mientras duran las investigaciones, que se encuentran en estado bastante avanzado de elaboración y que han permitido la aparición de evidencias suficientes como para sospechar que las cantidades aprehendidas estaban destinadas a su exportación ilícita hacia Suiza.

Los últimos datos sobre este asunto) ponen de relieve que los implicados han reconocido haber realizado diversas evasiones de capital, por importe de 651 millones de pesetas, que fueron entregadas para su transporte al exterior a Antonio Fábregas, entre los días 1 y 11 del mes de mayo en curso.

Los libros del Coca

A consecuencia de tanta confluencia de anormalidades, el Banco Coca, que se encuentra a un mes de consumar su fusión con el primer banco del país, el Español de Crédito, es objeto de diversas investigaciones en las que se tratará de determinar su papel en las transacciones de los inmuebles y las presuntas responsabilidades de altos cargos del banco), sobre todo de Enrique Miñarro.

Fuentes solventes han señalado en este sentido que parece extraño que el, señor Miñarro pudiera disponer personalmente de cantidades tan importantes de dinero para su traslado fuera del país.

Fuentes solventes han manifestado a EL PAIS que a lo largo de las diversas inspecciones de que es objeto el Banco Coca, algunos empleados del mismo mostraron su extrañeza por tales investigaciones, ya que las operaciones por las que se interesan los inspectores -según declararon algunos empleados- eran práctica habitual en la institución.

A consecuencia de estas investigaciones, las mismas fuentes han señalado que se intenta esclarecer la responsabilidad de todas las operaciones descritas y comprobar en qué medida se trata de operaciones individuales o, por el contrario, corresponden a prácticas que la entidad realizaba con asiduidad y que serían especialmente delicadas en unos momentos como los actuales en que el proceso de fusión con el Banesto cumple sus últimas etapas.

Fuentes próximas al primer banco del país, Banesto, han manifestado su total desconocimiento de tales prácticas y señalaron que el Banco Coca no tiene ninguna obligación de comunicar a Banesto las incidencias de sus negocios diarios. Banesto, una vez aparecido el tercer anuncio reglamentario de fusión el pasado día 11 de mayo, cuenta con un mes más de plazo para consumar la operación y para que los propios accionistas del Banco Coca, propiedad mayoritaria de la familia Coca, presenten las reclamaciones que juzguen oportunas, antes de proceder a la escritura pública de la operación.

Por acuerdo entre ambas instituciones, Banesto tiene desde hace algún tiempo en el Banco Coca a varios empleados, encabezados por un subdirector, que son informados por los ejecutivos del Coca de las operaciones normales que se realizan en este último banco. Pero tal presencia, aceptada por el Coca, no implica obligación alguna por parte de este banco de informar a Banesto de sus operaciones, hasta tanto no se firmen las escrituras de fusión.

Responsabilidades

Las responsabilidades legales que podía tener el Coca en esta operación, según ha podido conocer EL PAIS a través de varios expertos, son las siguientes:

- Fiscales, a las que afecta el delito fiscal que establece la reciente ley de medidas urgentes si la plusvalía que genera la operación no es contabilizada y tributa el impuesto de sociedades (36%). Esta tributación tendría que producirse en la liquidación del ejercicio 1978 que deberá formularse antes del 30 de junio de 1979.

- Penales, por posible delito de estafa si la plusvalía de la operación desaparece de los libros del banco. Se trataría entonces de una estafa de la sociedad a los accionistas de la misma.

- Ante el Juzgado de delitos monetarios, si además de consumada la estafa el resultado de la misma se evade al exterior.

El problema se complica ante la posibilidad de que esta operación de creación ficticia de plusvalías no fuera la única que ha realizado el banco. La inspección de Hacienda se ha negado a confirmar o ampliar cualquier tipo de información, aludiendo al secreto profesional.

Silencio oficial

Hasta el momento, todas las actuaciones permanecen sometidas al secreto sumarial propio de estos casos. Fuentes de la Inspección de Hacienda, consultadas por EL PAIS, declinaron confirmar o ampliar cualquier tipo de información o dato, aludiendo al secreto profesional.

Sin embargo, en medios próximos al área de investigación ha sido posible recoger la impresión de que las diligencias se realizan a ritmo acelerado y los primeros datos oficiales, derivados de la toma de postura del ministerio fiscal, podrían surgir a la luz pública en los próximos días.