El Senado aprueba el dictamen sobre la reforma penitenciaria

El Pleno del Senado aprobó ayer, por 142 votos a favor y nueve abstenciones, el dictamen de la comisión especial de establecimientos penitenciarios sobre la necesidad y urgencia de que el Gobierno se enfrente con el problema de las cárceles españolas. En el debate correspondiente, el ministro de Justicia, Landelino Lavilla, calificó el dictamen de «insuficiente», y afirmó que actualmente los establecimientos penitenciarios están en situación de reforma, aunque ésta es difícil mientras continúen las tensiones existentes.

El presidente de la citada comisión especial, señor Iglesias Corral (UCD), abrió el debate con un análisis del dictamen de la comisión. Dijo que la conflictividad arranca del desajuste entre la evolución política española y la situación en las prisiones.«Se ha tropezado -dijo también- con un estilo de centros donde la prisión preventiva se prolonga, a veces, por más de cuatro años.» Citó también el dato de que la comisión ha confirmado, en algunos casos, la existencia de malos tratos. Dijo que la meta debe ser la superación de la pena de prisión.

Tras la intervención del presidente de la comisión, Juan María Bandrés, de Euskadiko Esquerra, dijo que el dictamen podía ser calificado de «utópico», pero sienta las bases doctrinales para la reforma penitenciaria futura. Justino de Azcárate, senador independiente de designación real, explicó posteriormente las motivaciones que llevaron a la comisión especial de prisiones a emitir su dictamen; Pedro Portabella, de Entesa dels Catalans, afirmó que no puede haber credibilidad en el proceso democrático español con la situación desastrosa de las cárceles españolas; y Braulio Moral, de Progresistas y Socialistas Independientes, destacó que la «desaforada adquisición de los bienes de consumo, estimulada por la sociedad, permite que la sociedad genere delincuencia».

El senador socialista Plácido Fernández Viagas dijo, por su parte, que es necesario emprender una reforma legislativa, pero ello está condicionado a la desaparición de situaciones injustas; «si continúa el despojo de derechos humanos en las cárceles, no se podrá hacer una reforma legal». Antonio Rodríguez Reguera, de UCD, resaltó que la situación actual «no es concorde con los derechos humanos ni para la derecha, ni para la izquierda, ni para el centro que somos nosotros».

Finalmente, el ministro de Justicia, Landelino Lavilla, señaló que la oposición no debe esgrimir el sistema penitenciario como bandera, porque es un problema de toda la sociedad. Calificó de insuficiente el dictamen de la Comisión de Establecimientos Penitenciarios, porque corresponde al momento en que se ha hecho la visita, pero no se aprecia una visión retrospectiva, que confirmaría el proceso de transformación del régimen penitenciario. Negó que la situación no haya cambiado en lo que se refiere a los malos tratos, ya que siempre que se tiene noticia de alguna tortura se abre la investigación oportuna. Respecto a la ley general penitenciaria, el ministro anunció que en tres semanas estará preparado el proyecto para ser examinado por el Consejo de Ministros.

Además del dictamen sobre establecimientos penitenciarios, el Pleno del Senado aprobó por unanimidad una proposición no de ley defendida por Justino de Azcárate, en el sentido de pedir la constitución de un patronato para restablecer el régimen de autonomía del museo del Prado, y otra del Grupo Socialista respecto a la necesaria información, por el Gobierno, de la política farmacéutica. También quedó aprobado un acuerdo complementario al convenio entre el Estado español y la República francesa para evitar la doble imposición en materia de impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio.