Las Fuerzas Armadas / 1
Diputado de UCD
Cuando un Estado secular como España acomete un proceso irreversible de cambios políticos en los puntos sustanciales que configuran la estructura del mismo, resulta ilusorio pretender que la mudanza quede limitada a ciertas parcelas de la vida pública, concebidas como compartimentos estancos, y no afecte, en consecuencia, a todas aquellas instituciones de relieve en el destino de la nación.
Este es el caso crucial del Ejército español, sometido, en principio, a un cauteloso análisis crítico, casi una aproximación de tanteo, llena de sutilezas, con objeto de medir la posible reacción de quienes ostentan la legitimidad del recurso armado, y enjuiciado ahora con notable desparpajo desde diversos ángulos, entre otras causas, porque no está dispuesto a torpedear la democracia en ciernes ni a desenvainar la espada si no lo exige así la legítima defensa colectiva.
Las Fuerzas Armadas están inmersas, por tanto, en la reforma política emprendida por la Corona y no pueden ni deben sustraerse al histórico período constituyente abierto velis nolis a partir de la muerte del Generalísimo Franco. Esto quiere decir que también esta institución clave del Estado moderno necesita una transformación más o menos profunda, de carácter político y técnico a un tiempo, con objeto de adecuar sus funciones al régimen constitucional y pluralista de corte occidental, que quedará consagrado cuando el pueblo se pronuncie en referéndum sobre la nueva Constitución.
Ahora bien; admitir la necesidad de esta renovación, impuesta no sólo por la lógica, sino también por la propia exigencia técnica de los institutos armados, no significa, o no debe significar, en ningún caso, el debilitamiento del Ejército en cuanto tal, que sólo si se robustece y moderniza estará en condiciones de cumplir la ímproba tarea asumida en esta hora compleja que vive la nación española.
Considero grave y contraproducente, por tanto, la tesis sostenida por el ex comandante Otero en los artículos publicados en EL PAIS (18-III y 7 y 27-IV), tesis indiscutiblemente radical que propugna un giro copernicano, en cuya virtud las Fuerzas Armadas no sólo quedarían subordinadas al poder civil -aspecto que comparto plenamente y que ningún demócrata rechaza siempre que se encuadre en el supremo ámbito constitucional-, sino también envueltas en la contienda ideológica, al permitirse la sindícalización partidista y la derogación práctica de los Códigos y ordenanzas militares que regulan lajerarquía y la disciplina, sin las cuales un Ejército digno de tal nombre es inconcebible y carece de todo fundamento. Como se ve, la postura contiene alicientes, en cuanto corre pa.calela con la rebeldía, el hedonismo y la liberación en boga y el rechazo creciente del principio de autoridad en todos los sectores sociales, incluyendo a la milicia, según es dable observar en los países democráticos del Gccidente, puesto que en los llamados regímenes socialista, esto ei, comunistas, semejantes reivindicaciones no llegan ni siquiera a plantearse...
Aprovechar, como se está haciendo ya, la reforma militar que exigen los nuevos tiempos y que afecta, o debe afectar, a las modalidades y duración del servicio, a la estructura y dimensión de las Fuerzas Armadas, y a la misión sustantiva que les compete de acuerdo con la Constitución, para poner en tela de juicio una serie de valores morales propios del auténtico soldado -lo cual no quiere decir que sean exclusivos del mismo-, constituye un riesgo mortal para las propias Fuerzas Armadas, porque si bien éstas no deben formar un estamento separado del pueblo y menos todavía una casta definida por el elemento diferenciador de la sangre o del dinero, pienso que, sin espíritu militar no hay Ejército posible, y que ese espíritu se traduce en la vivencia de unos valores morales específicos, empezando por la disciplina, el honor, la solidaridad, el coraje, la lealtad, el sentido del sacrificio y el patriotismo entendido como amor a nuestra nación.
No entro a fondo en otras consideraciones críticas sobre el Ejército vertidas con motivo de una supuesta vulneración de las libertades a propósito de actuaciones judiciales controvertidas como la del caso El Joglars, o los arrestos «por actuaciones en las unidades militares de los grupos reivindicativos de soldados ». Ello nos llevaría demasiado lejos en el análisis histórico de un proceso de cambio que comporta incuestionablemente distintas concepciones de la vida. En cualquier caso, me parece peregrino recusar juicios emitidos de acuerdo con las leyes vigentes, alegando que estamos en un período de cambio y que esa legalidad está en vías de modificación, entre otras cosas, porque siguiendo esta lógica disparatada el cambio puede revertir carácter continuo, y así cualquiera puede denunciar la legalidad vigente, siempre en entredicho, invocando al tiempo la perfección de las normas del mundo futuro.
A mi juicio, la reforma militar, que necesitamos acometer pronto con prudencia y rigor, debe discurrir por cauces más claros y menos apasionados, evitando, ante todo, la politización y el sectarismo respecto a una vuestión tan delicada y trascendente. Así nos lo recuerda la fallida experiencia histórica de la II República, iniciada bajo los mejores auspicios por el genio político de Azaña, autor de unos brillantes estudios sobre la política militar francesa, que luego sirvieron de pauta para plantear en el Parlamento su famoso programa de cambio en las Fuerzas Armadas, elogiado calurosamente por Ortega en un discurso tanto más notable habida cuenta del escaso aprecio que se profesaban ambas personalidades.
Prescindamos ahora, en consecuencia, de los agravios y errores pasados y afrontemos la realidad con la máxima templanza para no incurrir en nuevos tropiezos históricos. La reforma militar es urgente, pero mal servicio prestaríamos al Ejército y, en definitiva, a España, si la misma se enfoca desde una óptica singular que rompa la disciplina, promueva los sindicatos y asambleas de soldados, facilite el absentimos de los ciudadanos y destroce, en última instancia, a las propias Fuerzas Armadas, so pretexto de modernización, amparado todo ello en el lema de que sociedad civil y sociedad militar no tienen por qué albergar valores diferentes, exceptuando los estrictos supuestos que se derivan del oficio, la función y la capacidad técnica.
