La práctica antijurídica nuclear y el PEN 78
El sector industrial se ha mostrado en repetidas veces interesado en un plan energético favorable, que no propugne nacionalizaciones de empresas (a excepción de Enusa, porque así es el Estado quien suministra y alivia a las empresas privadas) ni de la red de alta; que no cree un ente público petrolero; que suba los precios energéticos; que mantenga los pedidos ahora innecesarios, etcétera. Y en cuanto a lo nuclear, que se autorice todo lo pendiente, haga o no falta, corresponda o no al interés general. El PEN-78 (bis) tampoco ha gustado, y la ofensiva para provocar su revisión antes del debate en Cortes se ha iniciado con el llanto del sector de bienes de equipo y de ingeniería, porque estiman que ya se han iniciado pedidos e inversiones que no pueden ahora ser congelados.La autorización previa no es de construcción
No es recomendable que los sectores alarmados con el «recorte» nuclear del actual equipo de Industria y Energía batallen el concepto de «autorización previa» de una central nuclear, porque no se ve ningún indicio de que su mera concesión, cuando no está seguida de la autorización, obligue a la Administración a indemnizar. El reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas es meridianamente claro en este extremo (artículo 6): «La autorización previa es un reconocimiento oficial del objetivo propuesto y del emplazamiento elegido, que faculta al interesado para solicitar la autorización de construcción de la instalación.» Lo que pasa es que las empresas eléctricas españolas no suelen leerse las pocas normas que hay.
Para el sector eléctrico ha sido habitual iniciar obras de gran envergadura antes de tener autorizacion de construcción y pasar pedidos a suministradores antes de tiempo. ¿Quién iba a oponerse? Se pensaba que los hechos consumados eran garantía de futuro, y así se quiere plantear ahora el problema. Iberduero lo hizo en Lemóniz. Las empresas catalanas, en Ascó, e Hidrola, en Cofrentes. Ante la «segunda generación» (las ocho de la batalla actual), se ha repetido lo mismo. Incluso antes de septiembre de1975, en que se autorizó en fase previa a Trillo, Valdecaballeros y Sayago, se empezaron a realizar obras. Y no digamos después. Sólo el análisis de las obras ilegales y de las irregularidades jurídicas perpetradas por Hidrola y Sevillana en Valdecaballeros ocupan una veintena de páginas en el informe-denuncia que prepararon las comunidades de regantes de Badajoz. Faltaban más de dos anos para que llegara la autorización de construcción de Cofrentes y ya Hidrola (memoria de 1974) había «contratado el equipo principal». Sobre Valdecaballeros (memoria de 1975) ya se señalaba que, inmediatamente después de la autorización previa, se habían firmado «los correspondientes contratos de equipo principal, ingeniería y suministro de combustible ... ». Todo esto, ¿con permiso de quién? Pese al esoterismo del PEN-75, la Administración fue prudente en autorizar ocho centrales (había casi treinta en proyecto) y ha sido realmente sensata en no dar un paso más.
Para la Administración actual conviene señalar que aquellas ocho centrales que lograron la autorización previa inspiran toda clase de dudas y temores: el criterio real de autorización fue el que eran las únicas donde no había contestación popular. Conviene enmendar en alguna medida esa práctica monstruosa.
Ley y orden por una vez
Ese desconocido (para el sector eléctrico y afines) reglamento va más allá. Y en el artículo 17, apartado h,. advierte que incluso la autorización de construcción «se extiende sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones cuyo otorgamiento corresponde a otros ministerios u organismos de la Administración y de las competencias atribuidas a los mismos, por lo que no podrá iniciarse obra alguna que las requiera sin que hayan sido previamente concedidas». Esto tampoco se ha leído y, como consecuencia, se ha violado. Y si no, que lo digan los pueblos implicados.
Es curioso ver ahora un esfuerzo por dar un contenido extra a la autorización previa cuando ya en mil discusiones, las empresas han jurado y perjurado -al ser de nunciadas- que sus obras no alteraban las normas y que sola mente se lanzarían en serio cuando obtuvieran la autorización de construcción. Ahora es imposible jugar con una historia de varios 19 años de forcejeo, donde todo lo ocurrible ha sucedido ya. Además, del texto de las autorizaciones previas se deduce claramente que lo que la Administración pide son estudios justificaciones y seguridades y no da pie a obra alguna.
Es el momento de poner orden en este panorama de desmadres y hacer un escarmiento histórico (¿cuándo y quién se ha atrevido hasta ahora a medirse con el sector eléctrico?) aplicando unas normas mínimas, pero existentes. Precisamente ahí donde hay más capital invertido en obras y pedidos imprudentes es donde menos justificable es el emplazamiento. Por esto, la autorización de construcción de, por ejemplo, Valdecaballeros, se enfrentaría a una oposición popular ya consistente (con argumentos de peso para actuar) y a numerosas y visibles irregularidades jurídicas ya estudiadas (y no desmentidas). Todo esto hay que anteponerlo a los ocho o 10.000 millones de pesetas invertidas ya.
Las responsabilidades
Hasta ahora, cuando se acusaba a las empresas de construir indebidamente, éstas señalaban que la Administración lo toleraba; y cuando se acusaba a ésta, decía que allá cada empresa con su responsabilidad. Ni los fabricantes de bienes de equipo ni las ingenierias deben quejarse a la Administración, sino al sector eléctrico, que ha contratado sin que nadie lo autorice y desafiando en la mayoría de los casos a la oposición razonable.
Construir por construir, ha sido una costumbre generalizada hasta ahora. Primero, se venía a decir, invirtamos y después ya crearemos la necesidad. El momento no admite este deporte y, además, sigue siendo excesivo producir en 1987 el 35 % de nuestra electricidad en centrales nucleares: eso significa la sustitución automática de la dependencia del combustible líquido por el nuclear (¿escarmentaremos alguna vez?).
Pero, sobre todo, es hora de distribuir equitativamente el peso de la ley y educar (ya que no nacionalizar) al sector eléctrico, francamente díscolo. ¿Quedará. esto claro, al menos, de este tercer intento de poner orden en nuestro sector energético?
