Cerca de 150 publicaciones, secuestradas en Cataluña en los últimos meses

Un total de 146 órdenes de secuestros de publicaciones han sido cursadas en Cataluña en los primeros cuatro meses del presente año. Todas fueron decretadas por la autoridad judicial, mientras que la Administración secuestró preventivamente sólo en un caso, que fue confirmado a continuación por el juez. La razón de la mayoría de secuestros es presunto escándalo público, delito por el cual sus autores pueden ser condenados a penas que oscilan entre seis meses y un día y seis años de prisión.En el mes de enero fueron cursadas veintisiete órdenes de secuestro a las fuerzas de seguridad del Estado. De ellas, veinticinco lo fueron por la autoridad judicial, por presunto «escándalo público». Una fue acordada contra la revista Combate, órgano de la Liga Comunista Revolucionaria (LCR), por presuntas «injurias y desacato a clases del Estado». El artículo que originó la acción judicial comentaba una circular del ministro del Interior a los gobernadores civiles, dando instrucciones sobre la utilización de las fuerzas de orden público. También en enero fue acordado por la autoridad judicial el secuestro de la revista Saida, por presuntas injurias al jefe del Estado.

En el mes de febrero los secuestros se incrementaron: fueron 42. De ellos, 38 por escándalo público. Dos fueron por presuntas «ofensas a la religión católica», y afectaron al semanario El Papus. Una fue dictada por presunto «desacato y calumnia» contra el semanario Interviu. Otra, por presunta pornografía, afectó a la revista Private. Esta última fue inicialmente decretada por la autoridad administrativa -Ministerios del Interior y Cultura- y posteriormente confirmada por la autoridad judicial.

Al mes siguiente, marzo, el número de revistas secuestradas fue de 54, exactamente el doble de las secuestradas en enero. Todas lo fueron por presunto «escándalo público», excepto un secuestro que afectó al Correo Catalán. En este último caso, el presunto delito fue desacato. Fue motivado por un artículo en el que se informaba de la ilegalidad, confirmada por el Tribunal Supremo, de un hotel barcelonés, y se citaba a los señores Van de Valle y Adolfo Suárez, actual presidente del Gobierno.

En el pasado mes de abril, el número de secuestros por razones de prensa disminuyó con relación a los anteriores. Fue de veintitrés. En todos los casos, la acción judicial fue originada por la presunta existencia de «escándalo público», lo cual permite suponer que se trataba de cuestiones de carácter erótico o pornográfico.

En los 146 casos, producidos en sólo cuatro meses, fue cursada por la autoridad competente orden de secuestro de las publicaciones y de retirada de las mismas de los puestos de venta. Algunas de estas órdenes tuvieron poco alcance práctico, por haberse vendido ya gran parte de las ediciones afectadas.