Nuevas críticas a la Diputación a causa de la autopista de Navarra
Después de que la Diputación Foral de Navarra haya aprobado la concesión de un aval de 9.000 millones de pesetas para la construcción de la segunda fase de la autopista de Navarra, EIA (Partido Revolucionario Vasco) ha resucitado la ofensiva de las fuerzas políticas de la provincia contra esta autopista, que califica como «el mayor fraude colectivo de toda la historia de Navarra», a la vez que denuncia las implicaciones políticas que rodearon su inicio.En junio de 1974, la comisión nombrada por la Diputación Foral para estudiar las propuestas de construcción de la autopista dictaminó a favor del grupo Huarte, apoyándose en los votos políticos de esta comisión y en contra de la opinión de los técnicos de la Diputación, que consideraban a otra empresa concurrente, con capital catalán, merecedora de ganar el concurso de las obras.
El grupo catalán recurrió a Madrid, donde se le dio la razón, pero el tribunal administrativo de Navarra se reafirmó en la decisión de conceder la licencia a Huarte. Como razón de peso se aducía entonces la solvencia financiera del grupo Huarte, solvencia que ha sido puesta en duda ante la necesidad de recurrir a un aval superior en un 50% al que, en principio, se consideró como suficiente para el mismo tramo.
Después de señalar que quien tiene que responder de la insolvencia es ahora la Diputación, EIA asegura que en aquel tiempo Luis Huarte era director de obras públicas de la Diputación; Rafael Aizpún, presidente del consejo de administración de Audenasa, empresa concesionaria de la autopista; y Juan Luis Uranga, accionista y vocal del consejo de administración de Autopistas de Navarra hasta 1975 y, en la actualidad, asesor de Audenasa.
«Quienes directamente han sufrido los efectos -dice EIA- han sido los agricultores navarros expropiados para la construcción de la autopista.» Hasta el momento se han presentado cerca de setenta demandas ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que manifiestan cómo en algunos casos Audenasa ofreció entre once y trece pesetas el metro cuadrado, «cuando la propia Diputación pagó hace años a sesenta pesetas los terrenos de ampliación de la carretera de Anezcar».
EIA destaca el aspecto político de la cuestión, y dice que «no cabe duda que era, precisamente, el tramo entre Pamplona y la autopista de Bilbao-Behovia el que verdaderamente pudiera ser interesante para el desarrollo económico de la provincia y justamente se ha hecho lo contrario».
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