La Agencia Tributaria Catalana se refuerza para preparar el futuro traspaso del IRPF en 2026

El Govern de Salvador Illa aprobará en su reunión de este martes reforzar con personal la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) con vistas a su objetivo de poder recaudar y gestionar el IRPF en 2026. La consejera de Economía, Alícia Romero, ha anunciado este viernes en Girona dos medidas paralelas: la contratación de 102 personas para que asistan por teléfono y de forma presencial a los ciudadanos en la declaración de la Renta de este año y la de 90 inspectores y técnicos y gestores tributarios para ampliar la plantilla de la ATC. Con la medida, el Govern busca ganar músculo con vistas al reto fiscal que deberá asumir y cumplir sus acuerdos de investidura con ERC.

Romero ha inscrito la doble medida en la firme decisión del Ejecutivo de aterrizar el modelo singular de financiación que tanto rechazo causa en el PP y recelos en sectores del PSOE y que a la postre permitió a Illa alcanzar en agosto la presidencia de la Generalitat. El documento contempla que la Generalitat pase a recaudar y gestionar todos los impuestos, entre ellos el dell IRPF, en 2026. “El objetivo es gestionarlos todos y ahora Cataluña solo asume el 9%. Es un primer paso de lo que tendremos que hacer el año que viene”, ha afirmado la consejera en alusión a la necesidad de que la agencia catalana debe ir ganando músculo ante el reto “gigantesco” y “mayúsculo” que se le presenta.

La Agencia Tributaria Catalaña cuenta actualmente con 800 personas y la previsión, según avanzó Illa ha semanas en el Parlament, es que multiplieque por cuatro sus recursos hasta rozar los 4.000 cuando asuma el traspaso. El Govern ahora contratará a 90 inspectores y gestores y, paralelamente, a 102 personas para que asistan de forma telefónica y presencial por toda la comunidad a los ciudadanos que lo requieran. El año pasado, 2,5 millones de contribuyentes catalanes realizaron la renta de forma digital y 135.000 de forma presencial y 95.000 vía telefónica. Hace un año, la Agencia Catalana solo atendió el 4% de esas peticiones. Su objetivo es que ahora aumente hasta el 20% -el resto lo seguirá haciendo la española- en la red de oficinas y se pasará de 35 mostradores de la campaña pasada a los 87 que se despegarán ahora por todo el territorio.

El coste de las medidas, que incorporará una campaña mediática, se eleva a 2,5 millones de euros. Romero ha afirmado que no necesariamente el ciudadano notará alguna diferencia este ejercicio aunque si las 102 personas estarán a jornada completa en esa red de atención. “Ofreceremos más atención. La agencia española hace muy bien su trabajo pero tenemos que dar esos pasos porque el año que viene lo tendremos que hacer nosotros solos”, ha recordado la consejera en unas declaraciones en la Delegación del Gobierno en Girona después de reunirse con el alcalde de la ciudad.

El Govern de Illa, en minoría, está impulsando sus políticas sin disponer de presupuestos después de que ERC haya rechazado esa posibilidad. Con todo, su objetivo es cumplir los acuerdos y asegura que no dependerá de tener cuentas para pactar y poder aplicar el modelo de financiación. El Ejecutivo ha creado una comisión de expertos que se reúnen cada 15 días y que está dibujando el esquema con el objetivo de que los dos Gobiernos cierren el modelo antes de que acabe este semestre. “Es un trabajo complejo. Se está analizando también qué servicios aporta el Estado y la cuota de solidaridad que deberemos aportar”, ha afirmado Romero.

El acuerdo de financiación suscita oposición en sectores del PSOE pero Illa asegura que no hay que nada que negociar porque es un pacto ya validado por la ejecutiva del PSOE y el propio Gobierno. Romero ha recordado que ha mantenido reuniones con la vicepresidenta del Gobierno, Maria Jesús Montero para poderlo aplicar. “Soy optimista”, ha afirmado la consejera señalando que ERC conoce la dificultad de todo el engranaje y rechazando entrar si hubiera sido más factible crear un consorcio tributario entre las dos administraciones. Ese ente está contemplado de hecho en el Estatut y que era además la opción preferida del PSC. “A mi como consejera nos obliga el acuerdo de desplegar la agencia tributaria y recaudar todos los impuestos”, ha deslizado.