Los socialistas acusan de debilidad al Gobierno en el caso de Els Joglars

Una acusación al Gobierno, por la debilidad política demostrada en relación con el procesamiento militar a Els Joglars, fue el contenido más destacado de la interpelación defendida ayer en el Pleno del Congreso por la diputada socialista Marta Mata, a la que el ministro de Cultura, Pío Cabanillas, respondió que en el actual mes de abril quedará reformado el Código de Justicia Militar en el sentido previsto en los pactos de la Moncloa.

La señora Mata situó su interpelación sobre las limitaciones a la libertad de expresión en el marco del proceso seguido contra los intérpretes del grupo teatral Els Joglars y del secuestro de la revista Interviú, si bien se centró sobre el primero de estos hechos. En una exposición de gran belleza literaria, la diputada del grupo Socialistas de Cataluña hizo historia de la lucha del hombre por la libertad, que continúa en estos momentos en que persisten -según dijo- los tabúes y el miedo a la verdad y al cambio.El procesamiento al grupo Els Joglars, acusado de injurias a un tribunal militar, por otro tribunal militar, colocaba frente a frente -en la exposición de Marta Mata- «la libertad de expresión y la razón de Estado, razón de fuerza entonces, razón de debilidad ahora por parte de un Gobierno que no ha cumplido en este punto los acuerdos de la Moncloa». ¿Por qué no se ha desmontado la justicia franquista? -se preguntaba la diputada socialista, y apuntaba una respuesta-: «por debilidad de la nueva situación de cambio político, tanto a nivel de Gobierno como de Parlamento».

Y la señora Mata remató su alegato en favor de Els Joglars y de la libertad de expresión preguntando al ministro de Cultura por qué no había defendido una obra de arte autorizada por su departamento; al vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Defensa, que cómo había permitido la intervención de la jurisdicción militar en un proceso en el que el fiscal se permitió afirmar que los plazos pactados en la Moncloa eran pura entelequia; al ministro de Justicia, que por qué no había logrado ya la unidad de jurisdicciones; al ministro del Interior, que por qué continuaba la represión; al ministro de Asuntos Exteriores, que por qué no defendía dentro de España lo que mantenía fuera de ella en materia de respeto a los derechos humanos, y, finalmente, al Gobierno en su conjunto, por haber dado lugar a que el proceso contra Els Joglars se haya convertido en el juicio a la debilidad política de la naciente democracia española.

El ministro de Cultura, Pío Cabanillas, coincidió con la interpelante en la importancia del tema y en la necesidad de defender la libertad de expresión y creación, y aceptó que para la defensa del honor y la maledicencia lo normal es acudir a los tribunales ordinarios. Sin embargo, recordó que desde 1890 ha sido una constante de nuestra legislación, incluida la etapa republicana, conferir atribuciones a los entes del poder militar en materia de injurias y calumnias al Ejército. Añadió que en los pactos de la Moncloa se sientan las bases para que no puedan plantearse casos como el de Els Joglars, a través de una restricción del ámbito de la jurisdicción militar, para lo que antes de que finalice el actual mes de abril se reformará el Código de Justicia Militar.

En cuanto al resto del planteamiento, el señor Cabanillas afirmó que aunque haya podido resultar afectado el prestigio democrático de nuestro país, lo cierto es que «el Gobierno ha ido a la velocidad que ha podido».

El resto de las cuestiones planteadas al Gobierno, a través de cuatro interpelaciones y una pregunta, fueron contestadas por el vicepresidente Fernando Abril y los ministros de Trabajo, Rafael Calvo; de Obras Públicas y Urbanismo, Joaquín Garrigues, y de la Presidencia, José Manuel Otero.

La interpelación del socialista Luis Solana sobre la crisis bancaria y las medidas para atajarla fue respondida por el señor Abril, quien aseguró que se iría hasta el final en la depuración de responsabilidades, tanto administrativas como penales, sobre este tema.

El socialista Juan Barranco se interesó sobre la situación del Banco Rural y Mediterráneo y de sus 1.292 trabajadores, ante los rumores de privatización. El señor Calvo Ortega intentó tranquilizar al interpelante, asegurándole que el paquete mayoritario de acciones, en poder de la AISS, concurrirá a la próxima ampliación de capital del banco, que ha iniciado la renovación y profesionalización de su consejo de administración (la sustitución de José Utrera, ex ministro de Franco, por el senador de UCD Julio Nieves fue considerada insuficiente por el interpelante).

El mismo ministro contestó al socialista Joan Reventós a la interpelación de éste sobre la expropiación de entidades cooperativas como consecuencia de la guerra civil. El señor Calvo pidió comprensión y dio cuenta de la actividad que desarrolla su departamento para identificar los bienes afectados y realizar su evaluación económica.

La interpelación del diputado de la Minoría Catalana José Sendra sobre la contaminación en la zona de Tarragona-Reus-Valls fue contestada por el señor Garrigues, quien agradeció que por fin no se le interpelara sobre el trasvase Tajo-Segura y explicó las medidas encaminadas a reducir la citada contaminación en un tercio para finales de año.

Por último, la pregunta del comunista Jordi Solé Turá, sobre el régimen de los funcionarios y el grado de participación de éstos en la nueva normativa, fue contestada por el señor Otero, quien afirmó que el proyecto de ley sobre la Función Pública no se aprobará hasta que haya concluido la consulta a los expertos y funcionarios que en este momento se realiza.