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El Consejo de Europa ignora el caso Els Joglars

El ministro español de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, firma hoy, jueves, en Estrasburgo, dos convenciones del Consejo de Europa -del que España es Estado miembro de pleno derecho desde el 24 de noviembre de 1977- relativas a la carta social europea y a la represión del terrorismo.La asamblea de parlamentarios del Consejo de Europa -en la que participan doce parlamentarios españoles, representantes de los partidos políticos presentes en las Cortes- eligió a José Antonio Otero Madrigal (UCD) como uno de sus doce vicepresidentes. Eduardo García de Enterría fue nombrado juez en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.

La posibilidad de que la comisión política del Consejo de Europa se ocupara del affaire de Albert Boadella, director del grupo teatral Els Joglars, actualmente en fuga por tener pendiente un juicio militar, quedó descartada. Al parecer, existieron serias presiones de los partidos políticos españoles -incluido el PSOE- para que un diputado socialista belga no sacara el asunto.

Cenáculos políticos

En el curso de un almuerzo el pasado domingo en la embajada de España, en Estrasburgo se llegó al consensus, entre parlamentarios españoles, de no provocar una discusión en la comisión política, a propósito de si hay o no violación de «la convención europea de los derechos del hombre», en el caso de Boadella.

Sobre todo porque, en opinión del señor López Bravo (AP), «los trapos sucios hay que lavarlos en casa». Por parte de los socialistas se consideró la «oportunidad» política de no sacar un tema cuya responsabilidad, según Yáñez (PSOE) «es del propio Gobierno, al no haber modificado la actual legislación militar». Satrústegui (Liberal) opinó que el foro del Consejo de Europa «era precisamente el sitio ideal para plantear un caso de ataque contra la libertad de expresión».

El Gobierno español ha firmado, aunque no ratificado, la convención sobre los derechos humanos, cuyo artículo veinticinco -que Madrid todavía no reconoce- permite que «toda persona física, organización no gubernamental o grupo de particulares» que consideren agotados los recursos jurídicos de su país en un asunto de violación de derechos humanos puede recurrir directamente al Tribunal del Consejo de Europa.

Esta posibilidad de recurso individual, sin necesidad de vínculo parlamentario, tampoco la han firmado Francia, Chipre, Grecia, Malta, Portugal y Turquía. La nueva Constitución democrática española debería permitir subsanar tales irregularidades al homologar progresivamente la legislación española con las democracias europeas, en opinión de varios parlamentarios españoles presentes en Estrasburgo.

De África a Estrasburgo

Durante la jornada de ayer, Marcelino Oreja participó en una sesión conjunta del Comité de Ministros y de la Asamblea de Parlamentarios que trató de la aplicación de los principios de la CSCE (Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea) y del eventual ingreso de Liechtenstein como miembro al Consejo de Europa.

Dos parlamentarios españoles participaron, por la mañana, en el debate sobre los trabajos de la CSCE, en Belgrado. Para el señor López Bravo, de Alianza Popular, «distensión» y «respeto de derechos humanos» es indivisible. «Derechos que deben defenderse con claridad, sin evasiones semánticas, tan propias de la dialéctica de las llamadas democracias europeas que tienen un régimen de partido único», dijo López Bravo refiriéndose a los regímenes totalitarios del Este.

Para Luis Yáñez (PSOE) es una prueba de confianza que se escoja a España «para la próxima reunión de la CSCE». Por parte del PSOE citó los ejemplos de Finlandia y Yugoslavia para explicar que «nos esforzaremos mantener a nuestro país en la situación actual, en lo que se refiere a compromisos o alianzas militares que pudiesen comprometer la celebración en Madrid, en 1980, de la citada CSCE». Esto se interpretó como una clara alusión a la amenaza de boicot que esgrime la URSS, cara a la reunión de la CSCE en 1980 en Madrid, si España entra antes en la OTAN

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