El Gobierno contempla con serenidad la polémica en torno a la ley sindical
La actual conflictividad laboral que registra el país es mínima, en contraposición con «las informaciones catastrofistas que en este sentido se leen cada día en la prensa», según declaró el ministro de Trabajo, Rafael Calvo Ortega, a los informadores laborales integrados en la Agrupación de Periodistas de Información Laboral (APIL), con la que ha mantenido una primera reunión informativa para dar a conocer la política de su departamento.
En esta primera reunión, el ministro abordó los temas del paro, patrimonio sindical, proyecto de ley de acción sindical en la empresa y conflictividad laboral. En sucesivas reuniones con la APIL, el ministro expondrá las líneas de su departamento sobre los restantes temas sociolaborales que constituyen la actualidad informativa en esta parcela de la actividad nacional.Según el último censo de parados elaborado por el Ministerio de Trabajo al 31 de marzo pasado, son 776.304 los desempleados registrados actualmente en el país. La calificación de desempleado, según los criterios manejados por Trabajo, alcanza a quienes quieren trabajar y no encuentran ocupación, pese a estar inscritos en una oficina de desempleo. Este último requisito le justifica el departamento sobre la base de «una persona que no se inscribe en una oficina de empleo hace imposible que la Administración pueda ayudarle a salir de esa situación y, en consecuencia, parece que no tiene una vocación decidida de emplearse».
En cuanto a las actuaciones concretas que, de acuerdo con los pactos de la Moncloa, desarrolla el Ministerio para combatir el paro, la contratación temporal de subsidiados es la que más favorable acogida ha obtenido. La cifra de contratos que se registran en estas condiciones diariamente oscila entre las quinientas y las seiscientas. El programa de empleo juvenil ha obtenido muy reducida respuesta entre los empresarios, así como el otro sistema contenido en los pactos de la Moncloa para paliar los efectos del paro, cual es la ayuda fiscal al empleo.
En línea con estas actuaciones, el departamento de Trabajo ha emprendido la agilización y eficacia del seguro de paro, medida esta última que completa el abanico de acciones destinadas a contrarrestar las consecuencias del elevado índice de paro que registra nuestro país, «inferior, incluso, al que registran los países del Mercado Común», según señaló el ministro.
Acerca de la labor desarrollada por las oficinas de empleo -en íntima relación con el Servicio de Acción Formativa, también dependiente de Trabajo-, el ministro informó de la campaña de promoción iniciada ayer mismo por el departamento para hacerlas realmente efectivas en cuanto su principal cometido: canalizar las demandas de trabajo con las ofertas de empleo. La actividad actual de estas oficinas se cuantifica en unas 100.000 colocaciones mensuales.
En el capítulo del paro la información del ministro se cerró con la constatación de un descenso en el ritmo de crecimiento del índice de paro a partir de la primera quincena de marzo último.
También, en cumplimiento de los pactos de la Moncloa, en los que se acordó el control de las oficinas de empleo por parte de empresarios y trabajadores, junto con la Administración, el Ministerio está a la espera de que las dos centrales mayoritarias (CCOO y UGT) designen a sus representantes en las mismas, para hacer efectivo el control democrático de las gestiones que dichas oficinas realizan.
Se discutirá sólo el patrimonio incautado
Sobre la devolución del patrimonio sindical reclamado por las centrales, la postura del Ministerio de Trabajo es tajante: se negociará la devolución del patrimonio incautado, sobre cuya valoración está trabajando un grupo de técnicos desde hace varios meses. Sobre el llamado patrimonio acumulado no existe estudio ni negociación alguna.La solución definitiva al destino del patrimonio incautado se prevé para un plazo medio. «Al estudiar la valoración de este patrimonio han surgido una serie de dificultades, fundamentalmente de tipo jurídico, dado el transcurso del tiempo desde que se procedió a su incautación. Es difícil la identificación de los bienes y existen además díficultades surgidas de figuras jurídicas concretas como la usurpación, ocupación de bienes por terceros y la realización de obras sobre los bienes originales.»
Este es uno de los aspectos objeto de negociación entre Gobierno y centrales, en cuyo calendario figura. en último lugar, dada la dificultad del mismo, reconocida por los propios sindicatos.
Sobre el patrimonio acumulado no existe ni recuento ni negociación, explicó el señor Calvo Ortega. En este sentido, aclaró que el decreto aprobado recientemente por el Consejo de Ministros sobre transferencia de la AISS se refiere exclusivamente a funcionarios Y servicios.
El Gobierno pide serenidad en torno a la ley sindical
«Sobre el proyecto de ley de representación de los trabajadores en la empresa, el Gobierno opina exclusivamente lo que opina el proyecto remitido por el Gobierno a las Cortes.» De esta manera, el ministro de Trabajo resumió y concretó la actitud gubernamental ante la polémica entre patronales y centrales en torno al citado proyecto, calificado a nivel de calle como de acción sindical en la empresa.«El Gobierno no sale al paso de ninguna declaración sobre este tema, porque el Gobierno es respetuoso con todas las opiniones. Se limita a contemplar este tema con la serenidad que da el saber cómo están las cosas exactamente, y exactamente están en una de las primeras etapas de un debate parlamentario sobre una ley concreta. Lo único que existe en la actualidad es el dictamen de la ponencia, al que se han presentado 92 votos particulares.»
«Este Ministerio de Trabajo nunca ha tomado partido a favor de los empresarios ni de los trabajadores. Es una Administración pública absolutamente imparcial que se limita a contemplar la polémica con absoluto respeto a todos», abundó el señor Calvo Ortega, que insistió en que habrá de ser el Parlamento quien finalmente se pronuncie sobre el tema como representación de la expresión soberana del pueblo.
No obstante, el ministro dejó entrever que las declaraciones de los dirigentes patronales, sobre las que se comentó largamente en la reunión informativa, habían causado disgusto en el Gobierno. «Cualquier exageración en este terreno, cualquier campaña impetuosa que no esté cimentada sobre la reflexión y sobre la prudencia, el Gobierno cree que no ayuda a la solución de un problema importante.»
El ministro rehuyó entrar en debate sobre aspectos concretos del citado proyecto de ley y se negó a opinar como miembro de UCD para mantener «la independencia política a la que obliga el desempeño de un puesto en la Administración pública, que pertenece a todos los españoles».
Mínima conflictividad laboral
En cuanto a la conflictividad laboral, el ministro señaló que dada la responsabilidad negociadora de empresarios y sindicatos, ésta es mínima y contradice algunas informaciones que se hacen eco, escandalosamente, de grandes enfrentamientos entre empresarios y trabajadores.Justificó como inevitable los conflictos que se registran en la actualidad. Señaló los conflictos de Ascon, artes gráficas y Hunosa. «Si medimos cuantitativamente estos conflictos, la anormalidad desde el 1 de marzo se puede calificar de mínima. Se destacan conflictos concretos que son inevitables y parece que el país vive unos momentos de conflictividad cuando felizmente no es así. Aquí se están firmando convenios importantísimos y no tienen reflejo en la prensa.»
Descartó también que sobre una población activa de trece millones de personas, hoy se encuentran en conflicto 90.000 trabajadores. «Lo que ocurre es que los problemas laborales llegan en vivo al Ministerio, como consecuencia de la falta de instancias previas que han desaparecido con el desmontaje de la antigua Organización Sindical.»
En este sentido, el ministro anunció una ley de arbitraje de conflictos que posibilitará el que trabajadores y empresas puedan disponer de personas cualificadas y de prestigio para la mediación en los problemas laborales. Por ello, el Ministerio tiene previsto el reforzamiento de la actual legislación laboral, cuyo desarrollo será objeto de próximas reuniones con las fuerzas sociales implicadas.
