Regulación de la ordenación, control y racionalización de las prestaciones farmacéuticas

El Consejo de Ministros acordó ayer el aplazamiento oficial de las elecciones a vocales de Cámaras Agrarias, así como la regulación del procedimiento de evaluación y control de la prestación farmacéutica de la Seguridad Social y los proyectos de ley con los que culmina la parte sustantiva de la reforma fiscal. Contra lo que se esperaba, el Consejo no aprobó el proyecto de abolición de la pena de muerte ni la preautonomía andaluza.

El Gobierno ha fijado la fecha del 21 de mayo para las elecciones a vocales de Cámaras Agrarias, lo que significa un retraso de más de tres semanas sobre la fecha inicialmente prevista. Entre otras medidas de carácter económico-social destaca también la regulación del procedimiento de evaluación y control de la prestación farmacéutica de la seguridad Social, así como de la aportación del beneficiario de la Seguridad Social en la dispensación de las especialidades farmacéuticas, colaboración entre laboratorios y control sanitario.El Consejo de Ministros decidió la ampliación del plazo de formación del censo electoral. Las reclamaciones se podrán realizar hasta el día 18 de abril, y el 1 de mayo se harán públicos los censos definitivos, fecha a partir de la cual se cumplirá el calendario previsto.

En materia agrícola se aprobaron ayudas a la comercialización del maíz y concretamente a la implantación de secaderos. Los tipos de ayuda se elevan de modo que la subvención establecida del 20% sobre el importe de las obras pasa al 30% y se determinan préstamos por una cuantía del 50% no definida en el anterior decreto.

También fue aprobado el aseguramiento, contra los riesgos de pedrisco e incendio, de las cosechas de cereales durante la campaña 1978-79 con carácter gratuito para los estratos de cosecha con valores inferiores a 180.000 pesetas en cereales de invierno y 100.000 pesetas en los de primavera. El volumen global del seguro se estima en los 100.000 millones de pesetas para unas 800.000 pólizas.

Ordenación farmacéutica

Un paquete de medidas mediante las que se regula la ordenación, control, participación y racionalización de las prestaciones farmacéuticas de la Seguridad Social -desarrollado en ocho decretos- fue aprobado por el Consejo de Ministros. Según el Gobierno, con estas medidas se dibuja ya un panorama de reformas que obedecen a un pensamiento global en materia farmacéutica.

El procedimiento de evaluación y control de la prestación farmacéutica busca el acuerdo dentro de la más radical cooperación con las entidades profesionales para utilizar la informática y los datos de que dispone la Seguridad Social, que deriva del procesamiento mecanizado de la receta. La información sobre las especialidades farmacéuticas se efectuará oficialmente por el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social a las corporaciones y facultativos, sin perjuicio de la que lleven a cabo los laboratorios siguiendo una estricta normativa.

El registro y procedimiento de control de los fabricantes, importadores y almacenistas de productos farmacéuticos trata de lograr tanto un control de calidad como económico y de materias primas. El control abarcará también a las empresas que intervienen en el suministro y fabricación de especialidades, a fin de que sea transparente la procedencia, calidad y precio de las materias primas.

La regulación de la colaboración entre laboratorios farmacéuticos permite una potenciación de la misma cuando se trata de fabricar especialidades farmacéuticas. Otro decreto exige garantías en la realización de ensayos clínicos.

En cumplimiento de los pactos de la Moncloa se establece una revisión en la aportación del asegurado, que no afecta a los colectivos más débiles ni a la medicación más específicamente necesaria. También se implanta un sistema nuevo para autorización de farmacias, basado en el número de habitantes y no, como antaño, en función de la distancia.

Queda regulada también la dispensación de productos farmacéuticos básicos en el recinto de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social en que se da una asistencia sanitaria integral. Finalmente, se regula el control sanitario y la homologación de material e instrumental médico, terapéutico o correctivo.

El Consejo de Ministros aprobó un real decreto por el que se incorporan a la Administración civil del Estado cuerpos procedentes de la Subsecretaría de Aviación Civil. Los cuerpos a los que se refiere este real decreto son los que anteriormente estaban al servicio de la Administración militar, y que han quedado incorporados al Ministerio de Transportes y Comunicaciones: facultativos de meteorologia, técnicos de ayudantes de meteorología, administrativos-calculadores, observadores de meteorologia, oficiales de aeropuertos, especialistas de telecomunicaciones aeronáuticas y técnicos radiotelegrafistas, cuyo cuerpo está a extinguir.

A propuesta de los ministros del Interior y de Transportes y Comunicaciones, el Consejo aprobó un acuerdo sobre estudio de la situación de las empresas municipales de transportes y de sus problemas económicos y financieros.

Reforma fiscal

A propuesta del ministro de Hacienda, el Consejo de Ministros acordó remitir a las Cortes varios proyectos de ley de materias tributarias, con los cuales se da fin al programa de reforma fiscal en su aspecto sustantivo, según la ampliación de la referencia del Consejo.

Dichos proyectos afectan al impuesto sobre sociedades, impuesto sobre el valor añadido, régimen transitorio de la imposición indirecta, impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y de los impuestos especiales. El conjunto de estos proyectos afecta especialmente a la tributación de las empresas y a la totalidad de la imposición indirecta. En concreto, el que se refiere al valor añadido sustituirá en su día a los impuestos de tráfico y de lujo, y la referencia del Consejo aclara que se trata de una condición necesaria para todos los países miembros de la CEE.

Créditos para planes provinciales

Por otra parte, el Gobierno ha concedido una bonificación en el impuesto de compensación de gravámenes interiores a la importación de papel-prensa, dentro del contingente del año en curso, dada la insuficiencia actual de la producción nacional de dicho tipo de papel y el estado actual de los precios en el mercado internacional.

A propuesta del ministro de Interior, el Consejo dio su conformidad a un acuerdo por el que se distribuyen los créditos de planes provinciales de obras y servicios asignados en los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio de 1978. El importe total de los créditos distribuidos asciende a 7.495 millones de pesetas, de los cuales 1.365 millones van destinados a financiar actuaciones en áreas deprimidas; en concreto, se asignan 124 millones a Las Hurdes, y ochenta al Campo de Gibraltar.

Para paliar daños catastróficos en la provincia de Oviedo, se ha asignado un crédito por importe de 14.500.000 pesetas, y, finalmente, para el Plan de Tierra de Campos, 209.820.000 pesetas.

A las diputaciones provinciales se les asigna un total de 4.607 millones de pesetas; se destinan quinientos millones más para acciones de desarrollo comunitario y 202 millones a la Corporación metropolitana de Barcelona. Finalmente, seiscientos millones van destinados al abono de cargas financieras de la Mancomunidad de Diputaciones de régimen común con el Banco de Crédito Local. Del total de cantidades asignadas para ejecución de obras a cargo de las diputaciones provinciales, se ponen a disposición de la Generalidad de Cataluña 221 millones de pesetas.

Sanciones

Igualmente, el Consejo acordó sancionar con cinco millones de pesetas de multa a las entidades Círculo de la Amistad, sito en Logroño; hotel Bruch, sito en Barcelona; Bingo Park, de Gavá (Barcelona); Casa Regional de Córdoba, sita en Ubeda (Jaén); Cercle Cultural Colomenc, de .Santa Coloma de Famés (Gerona); Socieda de Tiro de Pichón, en Las Palmas; bar Boga, de Zaragoza, y a Herminio Alvarez Alonso, subarrendatario de los locales del Real Aero-Club de Valladolid, por infracciones a la legislación vigente en materia de juego. También el Consejo acordó sancionar con cinco millones de pesetas de multa a la empresa minera Hullera Vascoleonesa, SA, por infracción de la legislación vigente.