El Gobierno insistió en enviar a las Cortes este mes un nuevo Código de Justicia Militar

La derogación del artículo 6.º del Código de Justicia Militar (CJM) -de acuerdo con el cual se juzgó a los miembros de Els Joglars actualmente en la cárcel- fue el tema que originó mayor debate en la primera parte del Pleno del Congreso de Diputados que finalizó ayer. La proposición de ley en este sentido, presentada por el grupo parlamentario Socialistas de Cataluña fue rechazada finalmente por 166 votos en contra (UCD y AP) y 144 a favor (socialistas, PCE, minorías y Grupo Mixto). Ningún grupo se abstuvo en bloque aunque se contabilizaron algunas abstenciones

La proposición de ley fue defendida por el diputado socialista catalán Eduardo Martín, que hizo en sus primeras palabras una referencia al caso del grupo teatral mencionado. «Por la gran Importancia que tienen las Fuerzas Armadas dentro del Estado -afirmó- y en el firme convencimiento de que su prestigio es fundamental para el funcionamiento democrático del Estado, es obligado decir que la actual redacción del artículo 6.º del Código de Justicia Militar, fruto de unas circunstancias históricas y políticas absolutamente diferentes de las actuales y en la que se reserva la competencia militar en función de una serie de conductas delictivas, comporta el sometimiento a su jurisdicción de ciudadanos sin ninguna vinculación con el Ejército por conductas que, por otra parte, están previstas y definidas en el vigente Código Penal.»El señor Martín se refirió también al elevado número de civiles que trabajan en dependencias militares sin que sus conductas puedan nunca afectar a la seguridad de las Fuerzas Armadas o del Estado y resaltó la importancia de la supresión del mencionado artículo como paso previo para la unidad jurisdiccional. «La no derogación -explicó- tiene el riesgo gravísimo, que con excesiva frecuencia se está produciendo, de que las Fuerzas Armadas puedan verse implicadas en críticas nacionales e internacionales y que puedan también verse implicadas hasta en conflictos laborales, con natural desdoro de su imagen pública.»

El diputado socialista aludió también al hecho -que calificó de gravísimo- de que puedan tipificarse delitos militares mediante la publicación de bandos, misión que, a su juicio, sólo puede atribuirse al Parlamento, que representa la soberanía popular. «La norma está casi abolida por una inaplicación, por qué, pues, mantenerla en el derecho escrito?, se preguntó.

Amnistía para Els Joglars

Eduardo Martín salió al paso de los argumentos que previsiblemente podía emplear el Gobierno para negar su petición -el presidente Suárez ha anunciado ya el envío urgente a la Cámara de un proyecto de ley por el que se reelabora íntegramente el mencionado Código-, y señaló que, tanto si se aprobaba la proposición como el futuro proyecto de ley, ninguno de los dos podrían resolver los hechos, como el asunto de Els Joglars, «impulsor de nuestra acción parlamentaria». Por ello, instó al Gobierno a considerar posibles soluciones a la situación creada por aquel consejo de guerra y solicitó la aplicación inmediata de la amnistía en las condenas y juicios pendientes por delitos de libertad de expresión, anteriores a la actual ley de igual título, la suspensión inmediata de juicios y cumplimiento de penas para los casos habidos bajo jurisdicción no unificada y la libertad provisional cuando no sea posible la amnistía o la suspensión.

En nombre del Gobierno intervino el ministro de Justicia, Landelino Lavilla, quien evitó citar en ningún momento el caso de Els Joglars, así como la solicitud de amnistía planteada por el señor Martín, y centró sus argumentaciones en contra de la toma en consideración de la proposición de ley en el hecho de que el Gobierno se había comprometido a presentar un nuevo proyecto de Código de Justicia Militar a finales del presente mes de abril.

Señaló que dicho Código debía ser objeto de una reactualización y recordó que así figuraba tanto en el programa de UCD como en los pactos de la Moncloa, pero recalcó que el Gobierno no debía actuar a impulsos de problemas sociales concretos sino trascender estos temas para darles soluciones globales. La derogación del artículo 6.º -añadió- no da respuesta a todos los problemas planteados en este aspecto.

En el turno de explicación de voto -una vez rechazada la proposición de ley socialista con el resultado antes mencionado- intervinieron Miguel Riestra (AP) y Jordi Solé Turá (Grupo Comunista). El señor Riestra justificó su voto en contra de la propuesta socialista y respaldó los argumentos esgrimidos minutos antes por el ministro de Justicia, al tiempo que expresaba su inquietud por el hecho de que se pretendiera reducir excesivamente el ámbito del delito militar. A su juicio, el artículo objeto de debate debía ser modificado pero no suprimido.

El diputado comunista Jordi Solé Turá volvió a insistir en el caso concreto de Els Joglars y defendió la urgente necesidad de derogar el contenido del artículo 6.º.

El mencionado artículo establece por razón del delito, los casos en que es competente la jurisdicción militar, tanto en relación con miembros de las Fuerzas Armadas como a civiles sin relación con éstas.

Otra proposición socialista, rechazada

Otra proposición de ley presentada por el Grupo Socialista y relativa a la constitución de consejos escolares fue también derrotada. El diputado del PSOE Luis Gómez Llorente defendió la proposición y señaló que su objetivo era la democratización de las Instituciones educativas. La eficacia y el éxito de la enseñanza -se afirmaba en el preámbulo de la proposición de ley- se hallan asociados al surgimiento de una conducta positiva en los interesados. La participación de éstos en los consejos escolares permitiría que se estableciera un sistema de garantías que salvaguarde el pluralismo ideológico, la enseñanza racional y antiautoritaria, la integración de los intereses de la comunidad escolar, entidades locales y sindicatos en los objetivos del sistema educativo.

En la misma sesión del Pleno se acordó la toma en consideración de una proposición de ley presentada por la Minoría Catalana y relativa a la derogación de la ley de colegios profesionales.