La información de la nueva época

Presidente de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión

Si alguien quisiera equiparse de argumentos para poner en entredicho el ritmo de la evolución democrática del país podría utilizar, antes que otros, el de la persistencia de una normativa, en materia de información, propia del Régimen político anterior y poco acorde con las actuales pretensiones de libertad.

Es evidente la necesidad rotunda de sustituir unas leyes inspiradas en el control y tutela de los medios de comunicación social por el Estado por otras en las que tenga cabida el principio de la libertad responsable, sin más límites que los propios del derecho común, concretados en las tipificaciones del Código Penal y, en todo caso, en una ley específica anti-libelo.

La pervivencia, bajo la dependencia de la Administración pública, de registros oficiales y de carnets que suponen un requisito necesario para el ejercicio de las diferentes ramas de la comunicación, no representa sino una medida cautelar destinada a un control previo de las personas que han de cumplir la trascendente tarea de informar a la opinión pública. Si se considerase necesaria alguna credencial o patente habría de estar respaldada por las corporaciones profesionales específicas, y siempre con un espíritu liberal.

Veracidad

Esta vital misión, que no puede concebirse desde otro punto de vista que el del respeto a la propia opinión pública, con un sentido estricto de la veracidad, la imparcialidad y la competencia, no parece posible mientras existan filtros burocráticos condicionantes de las personas que desarrollen esta labor.

Si es cierto que un régimen totalitario precisa para su continuidad no sólo la dirección de los medios de comunicación sino la posesión de los resortes legales que impidan una crítica abierta y completa de su propia actuación, también lo es la incongruencia de que un Estado democrático no tenga instituida esa forma de libertad de expresión, la más importante desde el punto de vista de sus repercusiones, cual es la que debe acompañar al mensaje cotidiano de los diversos medios informativos.

Naturalmente que ningún Estado puede permitir el caos que traerían las informaciones interesadas, tendenciosas o atentatorias contra sus entidades orgánicas o contra el honor de las personas, pero para impedir tal supuesto precisa una legislación que fuerce a un desarrollo, aun que libre, absolutamente responsable de la elaboración y difusión de la noticia.

Artificio

Parece que las medidas adoptadas hasta ahora en este sentido han tenido más de fuego de artificio que de solidez democrática. Ahí está el ejemplo del Consejo Rector de Radiotelevisión Española, en el que, además de haberse marginado al resto de la radiodifusión del país, cuya entidad no se puede ignorar, ha tenido y tiene tales limitaciones en su actuación que se le puede considerar como un organismo literalmente inservible, en el que ni siquiera existe una auténtica pluralidad representativa.

En relación con todo esto está también el menosprecio que se hace a la profesionalidad de unos hombres que, a través de los órganos informativos a los que sirven, se encuentran en una permanente relación con los ciudadanos. El índice de iniciativa y de correcta utilización de su criterio es poco menos que nula, puesto que su actividad no tiene otro margen de desenvolvimiento que el que marcan postulados que defienden intereses no siempre coincidentes con el principio fundamental del bien común. Queda en el aire la pregunta de quién tiene legitimidad para delimitar la libertad de expresión aparte de los tribunales de Justicia. Y éstos, en los casos en que se produce una transgresión legal. Es comprensible que las tareas del Congreso y del Senado estén actualmente encaminadas a resolver los problemas fundamentales que vienen de un cambio político profundo, que alcanza a la propia renovación de las estructuras de un Estado en el que, hasta no hace mucho, los propios partidos políticos con presencia en las Cámaras eran incompatibles con un sistema de autoridad personal. Ello puede explicar que aún no se haya acometido la derogación de la ley de Prensa y disposiciones concordantes, tan enraizadas con un régimen de tal característica. Pero no puede estar lejano el día en el que la Prensa y la Radiotelevisión de este país puedan cumplir realmente, dentro del marco legal en el que se contemple la libertad de expresión como una de las columnas de la democracia, su trascendente misión informativa y formativa, a la que puedan acceder, sin distinción de especialidades, cuantos acrediten capacidad y solvencia, tanto para la información escrita como para la visual o hablada. Lo que supondría, además, la desaparición de una absurda multiplicidad de titulaciones, ya que, si debe continuar existiendo una Facultad de Ciencias de la Información, no se entiende que ésta no expida un título polivalente, apto para el desempeño de cualquiera de las profesiones integradas en la comunicación social.

Decepción

Aparte de las razones objetivas, estas líneas vienen también dictadas por una decepción. Cuando el Congreso de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión se constituyó, el pasado 24 de noviembre, en asamblea permanente y emitió, con la firme convicción del colectivo de profesionales de estos medios, una solicitud pública de sustitución de las leyes que regulan las actividades informativas, por otras que se acomodasen a los nuevos tiempos, no sólo obtuvo la complacencia de los partidos políticos con representación parlamentaria, sino el compromiso firmado de que, a través de los cauces reglamentarios, sería abordada esta renovación en el seno de las Cortes.

Libertad responsable

Los profesionales de la Radio y la Televisión y los de los otros medios de comunicación social, con las respetables excepciones personales que puedan concurrir, aún están esperando el cumplimiento de unas promesas que significaría, por encima de todo, un gran beneficio para la nación, porque de esta forma, se alcanzaría, en la convivencia diaria, una información completa, objetiva y verdadera, la cual, por lo que se refiere particularmente a la Televisión del Estado y a la Radiodifusión no será posible hasta tanto la joven democracia se apuntale legalmente para desde la base de una libertad responsable ejercitada por unos profesionales, a los que no se impongan trabas previas, sino que, en su caso, puedan ser objeto de las exigencias elementales para quienes cumplen una misión pública de primer orden.