Generalizada aceptación del término "nacionalidades", con la excepción de AP

.La inclusión del término nacionalidades en el anteproyecto de Constitución sobre el que debatirá la Comisión Constitucional del Congreso -con la única oposición de Alianza Popular- ha obtenido el respaldo de las fuerzas políticas, especialmente de las moderadas. En cambio, los partidos más caracterizados en su reivindicación del vocablo citado, aun cuando aceptan no combatir la fórmula de transacción encontrada, guardan un significativo silencio sobre las matizaciones con que se ha suavizado la expresión.

Como publicamos ayer, la redacción dada definitivamente al artículo segundo del anteproyecto es la siguiente: «La Constitución se fundamenta en la unidad de España como Patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la indisoluble unidad de la nación española.» (Subrayamos las palabras entorno a las cuales giran las novedades introducidas.)En el anteproyecto que resultó del trabajo inicial de la ponencia, antes de que se iniciara el plazo de presentación de enmiendas, la redacción del artículo segundo fue la siguiente: «La Constitución se fundamenta en la unidad de España y la solidaridad entre sus pueblos, y reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran.» Este texto contó, en su momento, con la oposición del ponente de Alianza Popular, Manuel Fraga, mantenida ahora respecto al texto definitivo.

La negociación de UCD para lograr que el término nacionalidades resultara convenientemente claro, en cuanto que no favorecería lo que se ha llamado «la disgregación de la Patria», tuvo como principales interlocutores a las fuerzas autonomistas. El propio Miguel Roca, ponente en representación de las minorías catalana -a la que pertenece- y vasca -que se constituyó después de estar formada la ponencia-, reconoció que durante el almuerzo de trabajo con el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, celebrado el pasado jueves, el mismo día en que culminó su trabajo la ponencia, se produjo «un cambio de impresiones sobre la situación política actual y, evidentemente, sobre la situación de la Constitución»,

Tarradellas medió

Por otra parte, según recoge Efe de fuentes políticas fidedignas, el presidente de la Generalidad, José Tarradellas, medió ante el presidente del Gobierno para que el término nacionalidades fuese incluido en la Constitución. En confirmación de esta noticia, el propio señor Tarradellas dio cuenta de haber conversado telefónicamente con el señor Suárez sobre este tema, y personalmente con el lider de Convergencia Democrática, Jordi Pujol, antes de que éste se entrevistara con el presidente del Gabinete.

La influencia de las fuerzas políticas autonomistas en favor de la alusión a las nacionalidades se vio reforzada en los últimos días por la propia posición de los sectores de Unión de Centro Democrático (UCD) vinculados a zonas de tradición autonómica, y, especialmente, de procedencia catalana. El grupo catalán de UCD se apresuró ayer a dejar constancia de su satisfacción por la especificación del término.

El secretario general en Cataluña de UCD, Carlos Sentís, aludió ayer a sus gestiones para obtener la introducción del término, entre ellas su entrevista con el vicepresidente del Gobierno, Fernando Abril. «En la línea de apoyo a la restauración de la Generalidad, hemos hecho valer el peso de la UCD catalana para la permanencia de las nacionalidades en el borrador constitucional. (...) Lo contrario hubiera supuesto decepciones y dificultades para nosotros.»

En igual sentido se expresó el consejero de Economía y Finanzas de la Generalidad, Juan José Folchi, miembro del consejo político de UCD en Cataluña.

Las matizaciones encaminadas a evitar una interpretación excesivamente radical del término nacionalidades fueron introducidas como consecuencia de la influencia de algunos sectores de UCD, así como de instituciones y sectores determinantes de la evolución política, que ante la redacción inicial dada por la ponencia manifestaron la necesidad de que la índivisibilidad de la Patria y la unidad nacional de España quedaran suficientemente salvaguardadas.

La izquierda, conforme

La actitud de la izquierda ante estas matizaciones parece haber sido también negociada. Por el momento, no se han producido reacciones en contra, que en el caso de fuerzas presentes en la ponencia, que alcanzó el acuerdo sobre el texto del artículo segundo, carecerían de coherencia, ya que sólo el señor Fraga expresó reservas. El presidente del Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC) Gregorio López Raimundo expresó ayer su satisfacción por la inclusión del término nacionalidades.

Los términos nacionalidades y regiones, que aparecen en el artículo segundo, no se reiteran en el título VIII del anteproyecto, anteriormente denominado «De los territorios autónomos» y que ahora pasa a llamarse «De las comunidades autónomas». Tampoco se especifica el alcance de tales expresiones, y la regulación de su contenido refuerza el reconocimiento de los derechos históricos de Cataluña, País Vasco y Galicia, si bien, los ponentes de UCD insisten en que ello no quiere decir que exista discriminación, puesto que todas las comunidades tienen acceso, si así lo solicitan, al mismo grado de autonomía de las nacionalidades históricas.

Referéndum en septiembre

Concluido el trabajo político de la ponencia, ayer mismo se inició el de carácter técnico, encomendado fundamentalmente a los letrados que asesoraron a los ponentes. El día 5 de abril quedará redactado el informe de la ponencia, cuyo texto deberán supervisar los ponentes, antes de su definitiva entrega a la comisión para su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes, a partir de cuyo momento deberá transcurrir un plazo de quince días para el comienzo de los debates.

Según el presidente de la comisión constitucional del Congreso, Emilio Attard (UCD), la tarea iniciada el 3 de agosto pasado, fecha en que fueron elegidos los siete ponentes -que se reunieron por primera vez el 22 del mismo mes y dieron fin a su tarea el jueves último-, culminará probablemente, tras el paso del anteproyecto por la comisión y el Pleno del Congreso y su posterior tramitación en el Senado, hacia el mes de septiembre próximo, en el que podría celebrarse el referéndum constitucional.