Contra el servicio cívico temporal y obligatorio

Comisión Mujer y Socialismo del PSOEPor muy alto que haya llegado a ser nuestro umbral de asombro ante las decisiones pretendidamente innovadoras del Gobierno que nos ha tocado en suerte por obra y magia de la ley D'Hont, nuestra capacidad de indignación se ve hoy colmada por el proyecto de la Dirección General de Desarrollo Comunitario de¡ Ministerio de Cultura relativo al servicio cívico para mujeres, objetores de conciencia, e inútiles para el Ejército cuyo texto se resume en EL PAÍS del 12 de febrero de 1978.

Lo primero que nos preguntamos al leer dicha información es qué funciones se arroga la Dirección de Desarrollo Comunitario. ¿Puede esta fantasmagórica dirección regular y legislar temas como la planificación familiar, los derechos y deberes de los objetores de conciencia y otros temas, no citados en la reseña, pero que sabemos que están siendo objeto del «trabajo» de este organismo, como el Tribunal Tutelar de Menores? ¿Existe una coordinación y un planteamiento común entre esta Dirección General y los Ministerios de Sanidad, Justicia, Defensa y Trabajo?

Nuestro segundo -y angustiado- interrogante surge ante la obligatoriedad de la prestación de este servicio cívico. Parece ser que el texto del proyecto está concebido «no como obligación incómoda, sino como participación en la vida de la comunidad ». El derecho a esta participación, los ciudadanos creemos que lo tenemos por definición y que podemos participar cómo y donde creamos más acorde con nuestras aptitudes y preferencias, sin necesidad de que nadie nos lo institucionalice.

Pero en el borrador del proyecto la cuestión deja de estar ni medianamente clara. Por una parte, el artículo primero considera el servicio cívico «como deber nacional de la mujer española», a la vez que añade que «le confiere el derecho a la participación (...)» y en el artículo octavo se establece que «el incumplimiento de la realización de dicho servicio dará obligatoriamente origen a la apertura de expediente para aplicación de las sanciones de carácter cívico o/y pecuniario que en cada caso se determine».

Nuestra perplejidad es total. ¿Se trata de un derecho, de un deber, o de una obligación, cuyo incumplimiento se penaliza?

Nuestros interrogantes continúan. ¿Qué se pretende, actualizar a los nuevos tiempos y a las exigencias de unas «estructuras democráticas» el antiguo servicio social ampliándolo? ¿Se intenta colmar la «amargura» de los objetores de conciencia y declarados inútiles para el Ejército a través de una participación impuesta en, servicios y responsabilidades colectivas?

En cualquier caso, la extensión del antiguo servicio social es evidente. Pasa de afectar a una mitad de la población, marginada en razón de su sexo, a otra proporción de personas, esta vez marginadas por su incapacidad física, psíquica o ideológica para integrarse en las viriles y marciales tareas del Ejército.

Fuera de estas consideraciones, lo que sí es evidente es que mientras este nuevo servicio cívico -derecho o deber- entra en funcionamiento y aunque algunos habíamos creído ingenuamente que al desaparecer el Movimiento había desaparecido con él la Sección Femenina, ésta sigue soterrada en diversas entidades administrativas. Y para que no haya vacíos, y las mujeres no nos sintamos, ni por un momento, «carentes de responsabilidades cívicas» se sigue exigiendo en la actualidad el cumplimiento del antiguo servicio social.

El viernes 3 de marzo, el PSOE presentó ante el Congreso una pregunta sobre por qué persistía la existencia del servicio social y en qué consistía hoy ese servicio. La pregunta no ha sido aún contestada por el director general de Desarrollo Comunitario.

Pero dejemos el pasado aún vigente, queremos pensar que por inercia burocrática, y volvamos al futuro servicio cívico. Si alguien esperaba, con toda buena fe, que el nuevo servicio iba a plantear un cambio radical de enfoques y objetivos, la citada reseña de EL PAÍS le habrá hecho perder las esperanzas.

En el borrador, parece que se especifica que «puede rescatarse parte del temario del servicio social para la mujer en 1977» y se cita como uno de sus puntos de formación: «conocimiento de diferentes técnicas y destrezas con aplicación práctica en el hogar», con el añadido escrito a mano «incluido corte y confección para ambos sexos». Parece ser también que en el proyecto se reitera varias veces que «se pretende acabar con la vieja división de temas en función del sexo». Este propósito genérico es ciertamente de alabar, pero sospechamos que las mujeres resultarán más beneficiadas y enriquecidas en este aspecto con su integración real y sin discriminaciones en las funciones creativas, políticas, sociales, etcétera, de la comunidad, que con la falsa satisfacción que creen algunos que nos puede producir la incorporación de unos cuantos miembros marginados -desde luego por razones injustas que parten de planteamientos fascistas- en las tareas presunta y tradicionalmente femeninas.

A las tareas del servicio social anterior se añaden en éste, bien es verdad, algunas novedades. Una de ellas es la integración de la planificación familiar, y, además, en un alarde de progresismo, se llega hasta a suprimir la referencia del borrador inicial a «motivos legítimos o ilegítimos», «medios lícitos e ilícitos». Creemos, no obstante, que la planificación familiar es un tema que incumbe al Ministerio de Sanidad y que debe de ser integrada en la Seguridad Social. Se nos avisa, por el contrario, que el «planing familiar se impartirá bajo las directrices de la Dirección General de Desarrollo Comunitario». De nuevo nos preguntamos en qué se basa la citada Dirección General para asumir una responsabilidad de tan gran importancia, que plantea un tema que exige una alta especialización y que afecta a fundamentales aspectos de la salud pública y de la libertad individual.

¿Posee el director general, señor García Margallo, de profesión abogado, especializado en temas fiscales y formado en la Universidad de Deusto, y sin duda muy competente en su profesión, la capacitación necesaria para arrogarse la dirección -el dirigismo- en este tema? ¿Y cuál es y de dónde procede el personal cualificado de que va a disponer para impartir los cursos de formación en planificación familiar y educación sexual? Por último ¿de qué sirve, en definitiva, que el proyecto declare expresamente su aconfesionalidad y su carácter abierto y plural, si no renuncia a un carácter doctrinal, expresamente reconocido, y al dirigismo en temas que exigen un total respeto a la dignidad e intimidad del individuo? Mucho nos tememos, aún a riesgo de caer en un proceso de intención, que si desde otros departamentos del Ministerio de Cultura se nos va a intentar inculcar el ideario del partido del Gobierno, desde esta Dirección General se nos siga adoctrinando con los clásicos conceptos algo remozados de la Sección Femenina y que según la ideología joseantoniana se siga deseando «liberar a la mujer del taller y de la fábrica».

En conjunto; tras estas diversas enseñanzas y prestaciones que nos pretende imponer el servicio cívico, más o menos cargadas de doctrina, se reconocen textualmente dos objetivos básicos.

Pero la clave de todo este desgraciado proyecto se resume en el enunciado del segundo objetivo: «Cubrir las necesidades concretas de la comunidad sin tener que incrementar o crear nuevos presupuestos en momentos de crisis económica como el que atravesamos». Hemos llegado, por fin, al fondo y a la verdadera invención subyacente en el invento.

Se trata de aprovechar a mujeres y varones «marginados de la noble tarea de las armas» para obtener una mano de obra no remunerada. Para que todas las mujeres, con independencia del estado civil (salvo contadas excepciones por motivos de salud o de familia) y un considerable número de hombres, estén obligados, en el momento de su juventud y de su máxima capacidad de trabajo, a verse alejados de los centros laborales.

Y frente a esta intención, lo que exigimos son menos «prestaciones» no remuneradas y más puestos de trabajo en los que Incorporarse plenamente a la sociedad y acceder a una posición de dignidad humana y de igualdad con el resto de la comunidad y en los que obtener un salario justo y no discriminatorio.

Si el Gobierno se ha comprometido a intentar resolver el problema del desempleo, nos parece que pretender ocupar a una parte importantísima de la población activa, masculina y femenina, durante plazos de seis, dieciocho o veinticuatro meses, en actividades probablemente dignas, pero decididamente de escaso interés ante el problema económico del país, y sin compensación económica alguna, da muestra de una falta de imaginación total, por no decir de un descaro intolerable.