Municipales: la trampa y Ias rabietas

LA EXCELENTE colocación de UCD en el Congreso, donde dispone de la más numerosa minoría de diputados, y su mayoría en el Senado garantizan al partido del Gobierno una hegemonía prácticamente indiscutible en las Cortes. El juego de alianzas con otros grupos convierte, por el momento, en excepción la posibilidad de que el Gobierno resulte derrotado. Alianza Popular, las minorías vasca y catalana, el PSOE y el PCE han desempeñado, sucesiva mente, el papel de maridos engañados por sus aliados naturales, comprometidos en idilios de corta o larga duración con el partido del Gobierno. El palmetazo propinado, en el Pleno de hace una semana, al señor Abril por su remedo de explicación de la crisis ministerial fue un voto de desconfianza moral sin mayores riesgos; resulta dudoso que los grupos parlamentarios hubieran prolongado su acuerdo hasta transformarlo en una moción de censura.Así pues, UCD tiene en sus manos las palancas para imponer su voluntad, condicionada sólo por la contrapartida que le exija el grupo que le preste sus votos, sobre casi todos los asuntos. Como tradicionalmente se ha dicho del Parlamento británico, puede hacerlo todo excepto cambiar de sexo a los ciudadanos. Así, en el Pleno que hoy comienza presumiblemente logrará sacar adelante la ley de Elecciones Locales, ya aprobada en la Comisión del Interior gracias a una doble connivencia: la del PSOE, en lo que se refiere a la eliminaciónde los independientes como candidatos y a la designación como alcalde del cabeza de la lista ganadora por mayoría relativa; y la de Alianza Popular, en lo que respecta al aplazamiento indefinido de la convocatoria de los comicios.

En un comentario editorial anterior señalamos el grave atentado que para los principios democráticos y el respeto a las minorías implica desposeer a los concejales del derecho a nombrar alcalde. Con este procedimiento, la vida municipal deja de ser una escuela autónoma de democracia para convertirse en simple correa de transmisión de los partidos que dominan el espacio central de la vida política. Se trata, al parecer, de dar otra vuelta de tuerca al sistema de democracia administrada, en la que los estados mayores de los partidos se reservan el papel de sujetos activos de la vida pública y relegan a los ciudadanos a funciones puramente pasivas y receptoras. Pero a los diputados y senadores les queda, al menos, la posibilidad de derribar al presidente del Gobierno. A los concejales ni siquiera ese consuelo les resta. La ley de Elecciones Locales, cocinada por UCD y el PSOE, instaura un absurdo régimen presídencialísta en los ayuntamientos, donde un alcalde votado sólo por una minoría de sus vecinos no podrá ser derribado por los concejales, aunque éstos reúnan la mayoría de los escaños y de los votos.

Poco duró, sin embargo, el romance municipal entre UCD y el PSOE. De manera imprevista, el partido del Gobierno hizo desaparecer, como por arte de magia, la disposición que fijaba el plazo para la convocatoria a inmediata de los comicios. Por fuera del Parlamento, los portavoces de la Moncloa han hecho saber, además, que el calendario del señor Suárez sitúa las elecciones municipales no sólo después del referéndum constitucional, sino tras las segundas legislativas. La airada reacción del PSOE -en la que, sin duda, cabe incluir su desafortunada y lamentable decisión de retirarse de la ponencia constitucional-, su amenaza de desencadenar una oleada de manifestaciones populares de protesta corresponden, en parte, a ese estilo de rabietas a las que se suelen entregar los socialistas cuando el señor Suárez les hace alguna jugarreta. Todavía se halla vivo el recuerdo del incidente a que dio lugar la legalización del llamado PSOE histórico.

Pero la protesta del partido de Felipe González, con ser totalmente desproporcionada, tiene, en cambio, fundamentos dignos de atención. Porque el aplazamiento de las municipales propuesto por el calendario adolfiano no sólo significaría el mantenimiento durante casi un año más (es decir, tres años después del fallecimiento de Franco) de los ayuntamientos y diputaciones del régimen, con todas las consecuencias que esto implica para la buena administración local. Es, además, una maniobra con sospechosas connotaciones electoralistas. Hay un acuerdo general sobre la fiabilidad y limpieza de las elecciones del 15 de junio de 1977; y también acerca de la baja de la popularidad de UCD en las últimas encuestas. ¿Podría ocurrir que el Gobierno, que se sintió ya defraudado por los resultados obtenidos en las legislativas del pasado año, tratara ahora de asegurarse, mediante el control de la Administración local, una victoria no tan limpia pero sí más segura y desahogada en los próximos comicios?

La celebración de elecciones municipales antes de la convocatoria de las legislativas, con la consiguiente renovación democrática de la vida local, excluirla en cambio las sospechas de manipulación de los próximos comicios a Cortes. Lástima que esto que es tan claro no sepan defenderlo los socialistas sin perder, como pierden, la compostura a cada paso. La democracia es también saber perder aunque se tenga razón. Lástima, igualmente, que los representantes de UCD se dejen arrebatar también ellos por la rabieta y evoquen ni más ni menos que la guerra civil. Cuando recuerdos así se suscitan desde algunos círculos de la derecha española, es para ponerse a temblar.