El atentado de Vitoria

EL ATENTADO perpetrado en Vitoria el pasado domingo, que ha costado la vida de dos servidores del orden público y herido gravemente a otros tres, constituye, desde el punto de vista moral y humano, un crimen execrable y, desde criterios puramente jurídicos, un vulgar asesinato. Nadie con una mínima sensibilidad ética puede justificar ese ametrallamiento alevoso de unos funcionarios que cumplían con un deber rutinario y cuyo cometido se halla delimitado por normas que reciben su legitimación de un Parlamento democráticamente elegido. Y nadie con cierto bagaje de conocimientos jurídicos -sobre todo si es senador o diputado- puede dejar de reconocer la existencia de las agravantes que transforman un homicidio en un asesinato y de excluir cualquier tipo de atenuantes o eximentes. Los agravantes, por el contrario, son claros.Pero la matanza de Vitoria posee otras implicaciones y arroja otras enseñanzas. Significa un escalón más en el progresivo e imparable descenso de ETA militar desde los inciertos niveles de la organización revolucionaria, que aplicaba medios condenables en nombre de unos ideales políticos, al subsuelo de la banda de pistoleros.

Por eso hay que hacer, una vez más, un llamamiento al sentido de la responsabilidad moral, ciudadano y político de los grupos abertzales, que, hasta ahora, sólo para uso interno, han llegado a la obvia conclusión de que el 20 de noviembre de 1975 se inició un curso nuevo en la historia de España y del País Vasco.. La legalización de la ikurriña, la amnistía total, la legalización de los partidos (incluido EIA), las elecciones generales del 15 de junio y la victoria del PSOE y del PNV en las urnas, la negociación y establecimiento del régimen preautonómico, el reconocimiento de que Navarra puede integrarse en Euskadi, la elección como presidente del Consejo General Vasco del veterano combatiente socialista Rubial, la participación de este organismo de los nacionalistas vascos: sólo el fanatismo o la mala fe pueden interpretar estos hechos como añagazas para mantener o intensificar la opresión del País Vasco.

Primero los partidos de implantación obrera en Euskadi, y luego el partido fundado por Sabino Arana, que recoge la tradición de más de ochenta años de nacionalismo vasco, condenaron de manera explícita el recurso insensato a la violencia de los últimos vestigios de ETA. A los partidos políticos que nacieron en la orla de esa organización, y que defienden las razones históricas que durante la dictadura llevaron a sus militantes a empuñar las armas, corresponde ahora pronunciarse, de manera inequívoca, sobre el comportamiento de sus antiguos correligionarios. En la nueva democracia española, todo el mundo tiene derecho a propagar y mantener sus ideas políticas, incluidos los independentistas; pero nadie puede gozar de impunidad penal para utilizar la violencia, o de apoyos políticos que la faciliten en el terreno logístico o en el plano moral. La historia de ETA es una saga de horror y de sangre. Hora es ya que esa historia, que comenzó con pretensiones de aliento épico y ha terminado en la degradación política y moral, llegue a su fin.