El patrimonio arquitectónico

En el artículo «La ciudad histórica, conflicto eludido», de don Alberto García Gil, publicado en el suplemento «Arte y pensamiento» correspondiente al domingo 26 de febrero, se plantea, entre otros problemas, el de la necesaria competencia de los ayuntamientos en materia de patrimonio arquitectónico, a cuyo respecto se recalca que las decisiones en orden a la transformación de la ciudad han de contar con el consenso ciudadano. Nada que objetar hasta ahí, salvo, si acaso, que esas futuribles competencias municipales habrían de ser compartidas con las regiones o nacionalidades y con la Administración Central, al objeto de evitar un caos normativo y práctico, cuando no un incumplimiento de elementales deberes edilicios por presión de la especulación inmobiliaria. Pero sorprende en el artículo del señor García Gil que parezca justificar al Ayuntamiento de Ávila por su resistencia, «en las condiciones actuales», a la declaración oficial de la ciudad, porque, como es público y notorio, el Ayuntamiento de Avila no reacciona así frente a la Administración Central por un mero prurito de competencias, ni porque tenga una concepción más progresiva del patrimonio histórico, ni tampoco porque le respalde el consenso ciudadano, sino, precisamente, porque es el cauce natural de unos intereses minoritarios y especuladores. De la misma manera, es muy acertada la crítica que el señor García Gil hace al funcionamiento antidemocrático de las comisiones del Patrimonio Artístico (que. así se denominan, y no «de protección»), pero, desgraciadamente, se equivoca el señor García Gil cuando, en un rasgo de condescendencia, las llama depositarias de la «ortodoxia monumental». La realidad muestra que, en la generalidad de los casos, y ahí está la Comisión Provincial de Granada como ejemplo cumbre, dichas comisiones son también instrumento servil de los intereses de las inmobiliarias.En el momento de transición por el que atravesamos, y como medida provisional, bien harían los actuales ayuntamiento en cumplimentar la normativa vigente en materia monumental, y el Ministerio de Cultura en ejercer sus competencias. Más adelante, el proceso constitucional y la evolución político-cultural del país tendrán la última palabra.

Presidente de Adelpha