El proceso de "desmaoización" no ha terminado

Con el proceso de «desmaoización» todavía lejos de finalizar, el Comité Central del Partido Comunista chino ha convocado la V Asamblea Nacional del Pueblo, que inició el domingo sus trabajos. La puesta en marcha del Plan de Desarrollo 1978-85 no admite aplazamientos. Junto con él se dará a conocer el proyecto de nueva Constitución. El común denominador de las decisiones políticas y de las económicas parece ser el ala Teng Siao-ping. En los últimos tiempos viene habiendo en China, desde enfrentamientos militares, a rebeliones y manifestaciones civiles; de sublevaciones en provincias, a feroces luchas palatinas.La herencia del maoísmo presentó factura con Mao aún en vida. La depuración, acelerada desde el otoño pasado, ha producido la destitución de nada menos que dos tercios de los funcionarios chinos (más de un millón de personas), según revelan las asambleas locales preparatorias de la nacional. Ahora alcanza la criba al Buró Político, a altos jefes militares, como Saifudin (primera autoridad de la provincia de Sinkiang, estratégica por su frontera con la URSS y por situarse en ella las bases atómicas chinas). Si se piensa que el Comité Central había sido ratificado hace sólo siete meses por el presidente Hua Kuo-feng durante el XI Congreso del partido, en agosto del 77 se advierte la rapidez de la ascensión del ala Teng, quien, en esta «contrapurga», está rehabilitando a los millares de depurados por las purgas maoístas, no sólo durante la revolución cultural, sino que, con anterioridad, en 1959, con el asunto Peng Teh-juei, y en el movimiento «antiderechista» de 1957.

De la primera Constitución de 1954, a la cuarta de 1975 se extienden veinte años de estalinismo progresivo: eliminación política o física de cuantos difirieran del gran timonel, desplazamientos arbitrarios de población, cotas de culto a la personalidad y presión psicológica en mucho superiores a las alcanzadas por la Unión Soviética. La Constitución del 17 de enero del 75 no hizo sino fijar por escrito un estado de cosas preexistente y omnímodo, rubricado por la Asamblea Popular, cuarta celebrada desde 1954, pese a que, teóricamente, hubiera debido reunirse todos los años. Los diputados, obviamente unánimes, ratificaron las disposiciones tomadas por el Comité Central: Sumisión absoluta del Estado al partido, quedando aquél como simple apéndice administrativo de obedientes funcionarios; liquidación o subordinación de todos los organismos semiindependientes; desaparición del cargo de presidente de la República; anulación de las garantías jurídicas y supeditación del legislativo y el ejecutivo al partido, a la policía. Los diecinueve artículos sobre los derechos civiles, de la Constitución del 54 no eran sino cuatro en la del 75, desapareciendo, entre otros, el derecho a escoger y cambiar de residencia, la inviolabilidad de la correspondencia, la libertad de creación artística y cultural. La Constitución de 1975, en la que los 106 artículos de la del 54 fueron reducidos a treinta, quedará como uno de los más puros ejemplos de institucionalización del «Estado de hecho», una máquina policial antagónica al Estado de derecho.