Los consejales trataron sus intereses particulares como problemas generales

El pleno celebrado el miércoles en el Ayuntamiento de Móstoles se caracterizó por lo confuso de las disusiones que se originaron en varios puntos del orden del día. Más tarde se supo que afectaban directamente a intereses particulares de concejales y algún empleado municipal. El pleno aprobó también una propuesta de la Asociación de Vecinos de dedicar una calle del pueblo a Francisco Javier Sauquillo, abogado de la Asociación, muerto el 24 de enero del año pasado en la llamada matanza de Atocha.

La primera discusión se originó en el punto cuatro, referente a «bases y proyectos para construcción de dos pozos de agua». El concejal señor Baena protestó fuertemente porque se le pasó a la firma un informe que él creía realizado por el ayudante de Obras Públicas municipal, señor Arranz, y realmente lo fue por el señor Almazán, becario que no está facultado para firmar proyectos.El tema de fondo en este caso, según información facilitada por el presidente de la Asociación de Vecinos, Carlos Madrid, estriba en que si los proyectos los hiciera el señor Almazán, que en su calidad de becario no es funcionario municipal, éste tendría derecho a pasar la minuta al Ayuntamiento, y se hablaba de una cifra cercana a las 500.000 pesetas.

El segundo debate de este tipo se produjo en los puntos ocho y nueve. El primero trataba de la «reparcelación del polígono 25 y nombramiento del equipo técnico y jurídico», y, el segundo, del «nombramiento de equipos técnicos y jurídicos para la reparcelación de oficio de los polígonos 2 y 28». Aunque los epígrafes parecen indicar que los temas son idénticos, en realidad el polígono 25 está destinado a viviendas, y los dos restantes, a industrias. Por otra parte, la reparcelación previa no estaba aprobada en el caso primero, y sí en los otros dos, por lo que no se podían tratar los tres casos conjuntamente, como se pretendía. La concejala María Santa Perea pidió datos sobre si la junta de compensación de los polígonos había agotado todas sus gestiones para ponerse de acuerdo entre ellos y proceder a la reparcelación, ya que en caso contrario es el Ayuntamiento quien debe hacerlo. Los concejales argumentaron que no lo sabían y, en todo caso, la actuación de oficio favorecía al pueblo, puesto que al ser redactada por los servicios técnicos municipales se aseguraba una mayor objetividad. Sólo se dijo que la solicitud de reparcelación venía firmada por Eusebio Rodríguez.

Nadie pareció reconocer al señor Rodríguez, antiguo juez de paz municipal, y sólo después del pleno pudimos saber que uno de los mayores propietarios del polígono 25 es el concejal Antonio Baena.

El tercer y último punto confuso de este pleno acaeció ya en ruegos y preguntas, y versó sobre el vertedero municipal. En un pleno celebrado meses atrás se aprobó que el vertedero debía ser limpiado de las basuras acumuladas en estos años como paso previo para devolverlo a su propietario, el concejal Ricardo Medem, cuyo padre le cedió al Ayuntamiento hace unos ocho o nueve años. Aunque en aquella ocasión se argumentó que para tener que retirar ahora toda la basura acumulada más valdría haber comprado directamente un terreno en su día, el caso es que la operación limpieza se aprobó.

Entonces se sabía ya que el citado concejal señor Medem quería recuperar su terreno limpio, porque lo había vendido, o estaba a punto de hacerlo, a una tercera persona que posiblemente lo destinaría a construcción de viviendas. Ayer salió a relucir que esa tercera persona es otro de los concejales, Nicolás González, muy introducido en las actividades inmobiliarias de Móstoles