Ocupaciones de viviendas, resultado de una crisis permanente / y 2

Arquitecto. RAIMUNDO ANDRES, Ingeniero de Caminos. ANGEL CALONGE, EconomistaIniciadas como acciones individuales, las ocupaciones aparecían como casos límites en que la angustia o desesperación empujaban a una familia a dar la patada a la puerta de una vivienda oficial que llevaba tiempo cerrada. El hecho se trataba con comprensión por parte de los vecinos, que suministraban. ropas o muebles a los recién llegados. Para la Administración se trataba de una cuestión de orden público, de un asalto a la propiedad o de tomarse la justicia por su mano. En algunos casos, después de la ocupación vino el desahucio y la penalización con la cárcel, aunque como el problema seguía existiendo, algunas familias volvieron a ocupar por segunda o tercera vez una vivienda oficial, puesto que nada tenían que perder. El procedimiento judicial ha sido una vía muerta, pues, al darse una coincidencia de situaciones, ocupación ilegal e ilegalidad de la utilización hecha por el adjudicatario, los jueces se han inhibido.

La aparición de movimientos organizados en la toma de viviendas vacías cambió radicalmente el panorama, convirtiéndose en una parcela de acción del movimiento ciudadano. Las ocupaciones se han discutido en asambleas, movilizándose barrios enteros o formándose comités de apoyo a los ocupantes. Lo que la izquierda mayoritaria ha calificado, en alguna ocasión, de un acto de aventurerismo (PSOE) o de desestabilización (PCE), desfigura la realidad de un hecho de democracia directa o de autogestión. Tomemos dos ejemplos ilustrativos: en La Ventilla, los vecinos denunciaron a la Delegación Provincial la existencia de viviendas de protección oficial vacías, al tiempo que formulaban la petición de viviendas para chabolistas o familias mal alojadas en el barrio. Pasaron seis meses sin respuesta de la Delegación o negándose ésta reiteradamente a proceder al desahucio de las viviendas mal adjudicadas. Ante este hecho se convocó una asamblea de vecinos, discutiéndose la situación de las viviendas vacías y el problema planteado a los chabolistas del barrio. De acuerdo con las necesidades de cada familia o la urgencia del caso expuestas ante la asamblea, se estableció un orden de preferencia y se decidió mayoritariamente apoyar a las familias en la ocupación de las viviendas.

En El Ferrol, 404 familias, apoyadas por las organizaciones sindicales y partidos políticos, ocuparon viviendas vacías del Polígono Carranza, promovido por el INV, que llevaban varios años en un deterioro progresivo. Como parte de las viviendas ocupadas habían sido adjudicadas a trabajadores sin que se produjera la entrega, se formó una comisión para resolver conjuntamente el problema, exigiendo de la Administración la construcción de viviendas para todos y, mientras tanto, el establecimiento de un sistema de prioridades, refrendado por la asamblea de todos los afectados.

El movimiento de ocupantes, sobre todo en sus comienzos, ha tenido un carácter marginal o espontáneo, habiéndose extendido gracias al apoyo de asambleas de vecinos o comités de los mismos. La postura de la izquierda mayoritaria ha variado según su correlación de fuerza con la izquierda extraparlamentaria. Así, en el caso del PCE, ha sido de inhibición o de oposición verbal o activa, según su peso en las asociaciones de vecinos. El PSOE, cuya implantación en el movimiento de barrios es nula, ha jugado una baza oportunista, en ocasiones, para conseguir presencia en estos barrios. La Federación de Vecinos de Madrid, alejada de luchas importantes e incapaz de plantear una alternativa coherente, ha boicoteado prácticamente las ocupaciones. La importancia que empieza a tener este movimiento o el peligro de su extensión ha obligado a definirse sobre el tema a la Administración y a los partidos mayoritarios de la izquierda. Ambos están de acuerdo en institucionalizarlos mediante la creación de comisiones mixtas que gestionen los problemas. La gestión directa o el control del proceso por las familias afectadas -apoyados por la asamblea de vecinos- quedaría sustituida por la negociación de unos interlocutores vecinales en unas comisiones planteadas al margen o con escasa participación de los directamente implicados. Estas dos vías salieron a relucir en San Blas (véase EL PAIS de 30 de octubre) cuya asociación de vecinos está integrada en su mayoría por el PCE: «mientras que la asamblea se pronuncia por la patada a la puerta, la asociación prefiere una actuación más legalista: cada una de las actuaciones ha de tener un carácter legal». El PSOE, como decíamos, al facilitar sus locales por la asamblea, intenta implantarse para situarse en las negociaciones con la Administración. Pero resulta difícil un tipo de solución exclusivamente institucional, dada la fundada desconfianza de los vecinos en la gestión de la Administración y, por otro lado, por la delegación de una gestión que pertenece a los directamente afectados. Son los vecinos los que conocen mejor la situación de las viviendas vacías, y la mejor garantía para ellos es que se conteste a sus demandas. Además, las medidas que se están tomando contra los ocupantes son de orden público y, por tanto, inaceptables para los vecinos del barrio. Cuando la policía desaloja a una familia de ocupantes lo hace porque no se acepta la ocupación en términos generales. No obstante, todos los vecinos tendrían que conocer las causas concretas del desalojo y poder tomar decisiones sobre si esa familia tiene o no derecho a una vivienda.

En relación con el resto de las medidas de la propuesta de actuación del Ministerio, la única que puede ofrecer garantías es la desaparición de los cupos de reserva. Las demás están siendo desmentidas por los casos concretos de ocupación que se producen. Basta el momento, las denuncias que mejor han prosperado son las realizadas por los propios vecinos en las acciones de ocupación de viviendas; la agilización de los trámites o las expropiaciones son letra muerta.

Bases de una política sobre ocupaciones

La Administración, al institucionalizar las ocupaciones sin ofrecer contrapartidas claras a los afectados, ni la participación de los mismos, pretende establecer delimitaciones que le permitan una actuación más radical del orden público en los casos de transgresión, puesto que se está negociando la solución legal del problema. Pero esta Vía puede dar lugar a un endurecimiento de los enfrentamientos.

Entendemos que las bases de una política realista sobre ocupaciones son de muy distinto signo, si lo que se pretende es solucionar los problemas urgentes de vivienda. Podríamos apuntar:

- Expropiación de los solares sin edificar retenidos más de dos años.

- Paralización de licencias o planes que lesionen los intereses de pequeños propietarios o inquilinos, o que atenten contra el patrimonio cultural o artístico de las ciudades.

- Promulgación de un decreto ley que garantice el derecho de realojamiento de los vecinos en los barrios.

- Derogación de la actual ley de Viviendas Sociales y anulación de las ayudas públicas a promotores.

- Penalización de las viviendas privadas vacías retenidas con fines especulativos.

- Elaboración de un censo de viviendas oficiales vacías o mal adjudicadas, controlado por comisiones de vecinos con problema de vivienda.

- Construcción de un parque público de viviendas en alquiler, según las necesidades formuladas por nacionalidades o regiones.

A estos puntos habría que añadir las reivindicaciones del movimiento de ocupantes.

- Legalización inmediata de las ocupaciones realizadas por familias modestas.

- Defensa de los ocupantes bajo el control de asambleas vecinales, que determinen qué familias tienen derecho y prioridades.

- Control de las adjudicaciones por comisiones elegidas en asamblea.

- Expropiación urgente de las viviendas vacías o mal adquiridas.

- Expropiación de los lugares públicos en manos de organizaciones del Movimiento (OJE, Sección Femenina, etcétera), para su entrega a los organismos o entidades ciudadanas.

- Contestación a las demandas que plantean los afectados a través de las organizaciones vecinales.

De cualquier manera, aunque se ocuparan todas las viviendas oficiales vacías, no se solucionaría el problema, ni siquiera los casos más urgentes. El movimiento de ocupantes y sus objetivos se corresponden con un determinado grado de conciencia y organización. Es por esto por lo que, a medida que se desarrolle y decrezcan las posibilidades de encontrar viviendas oficiales vacías, podría plantearse la ocupación de las viviendas privadas vacías.