La negociación de los problemas agrarios
Existe casi total unanimidad entre los campesinos sobre los males básicos que aquejan a la actividad agraria. Desde la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos a la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos del Estado Español están de acuerdo en el problema de fondo, que repetidamente se ha expresado desde estas páginas: el abandono del medio rural en beneficio del urbano. Y por ello sacan sus tractores a la carretera una y otra vez, sin que medien en ello consignas ideológicas.Cuando el sector muestra reivindicaciones comúnmente aceptadas sobre seguridad social agraria, seguros de cosechas, precios, cámaras agrarias, mejora del habittata rural, etcétera, sólo falta encontrar los cauces válidos de negociciación y alcanzar y cumplir acuerdos que se encuentren en los límites que impone la delicada situación de la economía. La sociedad no puede segregar de su preocupación un sector que da de comer al resto de la población y del que vive directamente más del 20 % de los españoles.
La clave está, pues, en negociar una solución realista; pero faltan por consolidarse unos cauces de negociación apropiados y ello puede retrasar peligrosamente el tratamiento de los muchos problemas pendientes. Son bien conocidas las dificultades de las propias organizaciones campesinas para Regar a un acuerdo sobre la representatividad de cada una de ellas. Pero hoy queremos tratar más bien las dificultades que proceden del propio Gobierno para el establecimiento de una clara línea negociadora con las fuerzas sindicales del sector.
Empecemos por el principio. El Gobierno formado a raíz de las elecciones de junio tiene un equipo económico que, si en economía general resulta indeciso, en economía agraria es simplemente ignorante. El grupo de Fuentes Quintana, gran parte del cual se formó a la sombra de López Rodó, no cuenta con una sola cabeza que entienda la problemática agraria. Por su parte, el actual ministro de Agricultura se ha encontrado siempre falto de fuerza y prestigio en el Gabinete; durante muchos meses ha dejado que el vicepresidente político, Abril Martorell, dedicara los ratos libres a practicar su profesión de agrónomo, recibiendo a las numerosas representaciones agrarias que de provincias llegaban a la capital, de forma que era ya sabido en esos medios que por la mañana había visita de cortesía al ministro del ramo, y por la tarde, sesión sería en Castellana, 3.
Cuando los agricultores se dieron cuenta de este panorama decidieron, un buen día, sentarse a las puertas de la Moncloa para que el presidente los recibiera y les aclarara la situación; pero acabaron siendo detenidos por la policía y multados por el Ministerio del Interior. Con esta decisión irresponsable, tomada pocas horas antes de manifestaciones convocadas en todas las provincias, se daba pie, una vez más, al desarrollo de acciones violentas que, afortunadamente, no llegaron a producirse gracias a la moderación de los propios agricultores. Por fin, el Consejo de Ministros celebrado el pasado 9 de diciembre acordó encomendar al ministro de Agricultura el inicio inmediato de negociaciones formales con las organizaciones campesinas para desarrollar los acuerdos de la Moncloa en materia agraria.
Mucho nos gustaría equivocarnos, pero esas negociaciones -que ya han comenzado- podrían estar salpicadas de incidentes si el Gobierno no rectifica su línea de inhabilidad y negligencia demostrada repetidamente en el tratamiento de los temas agrarios. Cuando no se entiende el fondo de la cuestión es difícil superar fases de «tractorismo» como la presente, y mucho más dificil, por tanto, pasar a acometer seriamente la reforma estructural del campo español.
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