La libertad de enseñanza

LOS ACUERDOS a que ha llegado en el pacto de la Moncloa la izquierda con la UCD en el sector de la política educativa ha desatado una campaña que, bajo el lema de «libertad de enseñanza», ha sido promovida por los grupos de presión hasta ahora menos conocidos por sus ideas liberales en materia de educación. La campaña empezó con la denuncia de la existencia de cláusulas secretas en los acuerdos, prosiguió con la petición de firmas en los centros privados a favor de la libertad de enseñanza, y culminó con una gran asamblea en el Palacio de los Deportes madrileño, que, pese a su planteamiento «apolítico», contó con el respaldo implícito de unas declaraciones que en RTVE y en prensa hizo el propio ministro de Educación y miembro de UCD, señor Cavero.Lo curioso de la campaña, coincidente con la polémica sobre la confesionalidad en la Constitución y su corolario de las subvenciones estatales a centros de la Iglesia, es que ha hecho aparecer a muchos, que hasta ahora han venido luchando por la libertad de enseñanza, como sus detractores; a los que han defendido la escuela pública, como una alternativa superadora de la escuela estatal y de la privada, como estatalizadores, y, en definitiva, a los defensores del pluralismo ideológico en los centros públicos, como partidarios de una escuela monolítica.

El trasfondo de la polémica sobre la libertad de enseñanza es menos ideológico de lo que parece. El 40 % de la enseñanza está en manos privadas, dada la dejación de competencias por parte del Estado en favor, de la empresa privada y las órdenes religiosas, y una parte importante de la enseñanza privada viene percibiendo cuantiosas subvenciones sin unos requisitos mínimos de control por parte del Estado.

Sentado el principio de que todo español, por el mero hecho de serlo, debe tener acceso a la Enseñanza General Básica, el tenia resulta enormemente complejo en su aplicación práctica. Resultaría utópico en un país de nuestra estructura socioeconómica y en las actuales circunstancias suponer que el Estado va a poder hacer frente por sí solo a la creación de los puestos escolares necesarios para cubrir el actual déficit. Un Estado democrático debe respetar, por lo demás, el derecho de las instituciones y empresas privadas a crear centros docentes; y es preciso ser conscientes del papel jugado en este campo por las órdenes religiosas dedicadas a la enseñanza. El hecho de que se dediquen a defender sus intereses y posiciones comportándose como un auténtico grupo de presión no empaña para nada el servicio que prestan y han prestado durante muchos años. Por último, debe ser respetado el derecho de los padres a elegir libremente el centro de educación de sus hijos, pero es prioritario el derecho que debe tener todo niño a un puesto escolar. Hay miles de padres españoles que abdicarían gustosos de su derecho de elección con tal de poder enviar a su hijo aun colegio. «A cualquier colegio».

Pensamos que entre la estatalización y el mantenimiento del actual sistema existen muchas cosas que deben y pueden hacerse, sin necesidad de transformar el campo de la enseñanza en el escenario simulado de una nueva guerra de religión. La actitud beligerante de los colegios religiosos no es siempre concorde con esto úrtimo que decimos, como no lo es la de muchas posiciones teñidas de evidente y trasnochado anticlericalismo. Un programa de escuelas públicas avanzado y una prioridad en las subvenciones a la enseñanza privada que se instale en zonas rurales o barrios urbanos deficientemente escolarizados puede ser el camino posible y deseable de seguir en los próximos años. Por lo demás es preciso estudiar la situación actual y los intereses que puedan ser dañados, pues sería injusto abordar una política de extensión de la enseñanza pública que no prevea el destino de la enseñanza privada y que no adopte medidas en relación con el posible cierre de centros privados.

En cualquier caso, la protección de las minorías debe, ser también tenida en cuenta en este terreno. Finalmente, la renuncia a cualquier programa de texto único será la garantía de que dentro del sector público como del privado podrá respetarse el pluralismo ideológico y nadie tratará de adoctrinar con criterios, unilaterales, a la población escolar española.