El Senado rechazó un proyecto sobre la abolición de la pena de muerte

En votación nominal y secreta el Pleno del Senado rechazó ayer -por 104 votos frente a 92- la tramitación de una proposición de ley sobre la abolición de la pena de muerte, presentada por el senador Manuel Villar Arregui, del grupo Progresistas y Socialistas Independientes, y a la que se adhirieron los grupos Socialista y Entesa dels Catalans. En el debate celebrado previamente, el grupo de senadores de UCD y algunos senadores de la Agrupación Independiente, tras declararse también abolicionistas, se opusieron, por razones de oportunidad, a que el tema fuese considerado por el Senado en la actual coyuntura político-social del país. Progresistas y Socialistas Independientes, Socialistas y Entesa dels Catalans centraron su argumentación a favor de la inmediata abolición de la pena de muerte, además de en las clásicas consideraciones jurídicas, históricas y filosóficas sobre el tema, en la constatación de que el mantenimiento de la pena capital no constituye un rearme efectivo del Estado frente a la violencia, aunque ésta seade carácter terrorista. Un senador de uno de estos grupos parlamentarios denunció la tendencia de ciertos grupos sociales españoles a identificar el orden con la existencia de la pena de muerte.El grupo de UCD, que se declaró también partidario de la supresión de la pena de muerte, estimó que su adopción inmediata no era oportuna, ya que «agudizaría cierta sensa,ción de inseguridad que se palpa actualmente en la sociedad española».

El ministro de Justicia, Landelino Lavilla, intervino para explicar cuál era el planteamiento del Gobierno sobre el tema. El ministro abundó en los argumentos expuestos, por los representantes de UCD, aunque invitó a los senadores a que planteasen el debate no sólo en el terreno abstracto de los principios jurídicos, éticos y filosóficos, sino también en el de las responsabilidades políticas y en el de la convivencia social. El señor Lavilla expuso también que la abolición de la pena de muerte no podía ser una medida aislada, sino simultánea a la reforma del actual sistema punitivo.

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